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Los camiones off road, como su nombre lo indica, están diseñados para circular fuera de la infraestructura vial. Son vehículos muy pesados. Su unidad volcadora vacía (tara) pesa unos 14.500 kilos y su capacidad de carga es de unos 19 metros cúbicos de material. Esto, según el material que se transporte, puede superar los 35.000 kilos, lo que sumado a la tara ronda los 50.000 kilos.
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Las normativas nacionales y departamentales establecen para este tipo de camiones (vehículos simples de carga, con un eje simple delantero y un eje doble trasero, homogéneo o no homogéneo) un peso bruto máximo admitido de 24.000 kilos.
Aunque los off road no deberían circular cargados por las rutas y por vías departamentales, en la práctica lo hacen. Esto molesta en particular a las gremiales de transporte profesional de carga terrestre, pues consideran que están sufriendo una competencia desleal, además de señalar que es un problema para la conservación de la infraestructura vial y para la seguridad en el tránsito.
Entre empresarios y conductores circulan videos por WhatsApp que denuncian la situación. En algunos videos a los que accedió Búsqueda se ven decenas de estos camiones off road cargando material en la obra de la doble vía de la ruta 9, que se lleva a cabo mediante un contrato de participación público-privada (PPP). También aseguran que se los ve con frecuencia trabajar en las canteras de la periferia de Montevideo y Canelones y algunos circulan incluso dentro de Montevideo, en la zona del viaducto del puerto.
El presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC), Ignacio Asumendi, dijo a Búsqueda que en general quienes están comprando estos vehículos son empresas constructoras y también algunas intendencias. Aunque están al margen de la legislación, logran circular y trabajar porque hacen trayectos cortos en donde no hay balanzas, explicó.
El control y la mirada al “costado”
La situación no es nueva. Ya durante el período pasado las gremiales de transportistas le plantearon el tema al Ministerio de Transporte: solicitaron un mayor control y se quejaron ante algunas autorizaciones otorgadas.
Con el cambio de gobierno, se promovió una modificación normativa que apuntaba a ejercer una fiscalización más exigente. Una resolución que aprobó en mayo el Ministerio de Transporte da cuenta de la existencia en el mercado de vehículos con un peso bruto total (PBT) mayor o igual a 24 toneladas y una relación tara-PBT “mayor o igual a 60%” que “ocasionan daños al pavimento”. También reconoce que los equipos inspectivos de la Dirección Nacional de Transporte están constatando “excesos” que se verifican “recurrentemente”.
En función de esa realidad, el Ministerio de Transporte empezó a exigir “un permiso especial de circulación para cada desplazamiento” de ese tipo de vehículos. De esa manera la cartera pretendía contemplar el interés de los usuarios de esos camiones con el interés social de “proteger la seguridad en el tránsito y los pavimentos de la red vial nacional”. Para la puesta en práctica de la exigencia del “permiso especial de circulación” dio un plazo de 90 días.
La resolución también revocó “cualquier exoneración o beneficio que fuera otorgado con anterioridad” para este tipo de vehículos de carga. Esto aludía a autorizaciones otorgadas en el período anterior.
Asumendi reconoció la resolución de mayo como un avance. “Hicieron lo que tenían que hacer en su momento”, destacó. Sin embargo, también señaló que en la práctica estos camiones siguieron circulando con carga por la infraestructura vial. Más allá de la normativa, dijo, es necesario que el ministerio consolide “un esquema de control más sólido”.
Camiones rompedores
El hecho de que estos vehículos se usen en obras viales es para Asumendi una particularidad a la hora de la fiscalización, ya que es el propio Estado el que contrata a las constructoras. Así, puede darse una suerte de “conjunción” que lleva a que “mirar para el costado” pueda resultar beneficioso. El problema es todavía más directo en el caso de las intendencias que tienen camiones propios de estas características o los contratan para algunas tareas, señaló.
La situación plantea la paradoja de que estos camiones cuando circulan cargados dañan la infraestructura. Asumendi recordó, como ejemplo, que en agosto de 2024 un puente provisorio que el Ejército Nacional había construido en Paso del Cerro (Tacuarembó), sobre el arroyo Bañado de Rocha, se derrumbó cuando un camión off road cargado circulaba por encima.
Álvaro Guerrero es presidente de la Unión de Transportes Fleteros del Uruguay, una de las principales organizaciones que integran la ITPC. El directivo dijo a Búsqueda que luego de recibir numerosas quejas de socios empezó a hacer un seguimiento de la situación de los off road. En los últimos meses él mismo informó a jerarcas del Ministerio de Transporte con fecha, hora, ubicación y registros audiovisuales de la circulación de estos vehículos. Pero lamentó que no hubo ningún cambio en la situación.
“Tengo un montón de socios con camiones parados mientras pasa todo esto”, dijo. También consideró desigual el control: mientras las empresas del sector enfrentan multas que rondan los $ 30.000 cuando una balanza registra un exceso de peso de unos 1.000 kilos, los camiones off road exceden sin consecuencias el límite de las 24 toneladas.
“Lo de la ruta 9 rompe los ojos”, afirmó. Como parte del seguimiento que hizo de la situación, asegura que trabajadores de una de las empresas que usaba allí los camiones off road le hablaron de una “orden no verbal” del ministerio de no hacer inspecciones en esa zona.
El “universo” y el “hombre a hombre”
El director nacional de Transporte, Felipe Martín, explicó que durante el período de gobierno pasado el Ministerio de Transporte habilitó la circulación de camiones off road. Contó que hubo, por ejemplo, autorizaciones particulares firmadas por el ministro para que los usaran empresas que trabajan en la obra realizada por contrato de PPP de la ruta 9. “Podrá estar bien o mal, pero hubo una autorización ministerial”, dijo a Búsqueda.
Según Martín, hoy hay 434 camiones off road registrados por 149 empresas. El jerarca relativizó la versión de que son constructoras las que los compran mayoritariamente: son 150 equipos los que están registrados por empresas de ese giro. “Como en su momento se dio piedra libre a que circularan la gente empezó a comprar”, dijo.
Consultado sobre los efectos que tuvo la resolución aprobada en mayo de este año, detalló que en el primer mes de aplicación —pasados los 90 días de plazo— se tramitaron algo más de 700 permisos de circulación de camiones off road. Consideró la cifra como baja en relación con los 434 equipos registrados, ya que son menos de dos viajes por cada vehículo en el mes. El jerarca sostuvo que la “tasa de respeto” a la norma “tendría que ir aumentando” en los próximos meses.
De todas formas, sostuvo que el ministerio está “fiscalizando” con sus equipos inspectivos y descartó de forma tajante que exista una “flexibilidad” mayor a los controles en la obra de la ruta 9. Martín dijo que algunos transportistas que ven afectados sus intereses por los camiones off road pretenden una suerte de control “hombre a hombre” de la situación, pero la Dirección Nacional de Transporte debe controlar “todo el universo”. Los 434 off road, subrayó, están dentro de un conjunto global de 60.000 equipos.
El jerarca destacó que se están reforzando las capacidades de fiscalización. A las 32 balanzas existentes hoy se agregarán otros 20 puntos fijos de control más en formato pórtico. También prevén poner en funcionamiento 10 nuevos equipos móviles.
Martín reconoció que, por las características de los camiones off road, “seguramente” en algunos momentos “los están cargando” en su capacidad completa, están circulando y “se están escapando”. También apuntó que, aunque su tarea principal es cargar en canteras, necesariamente están transitando y dañando en algunos tramos por rutas nacionales y caminos departamentales.
El director aprovechó esta situación para llamar a avanzar en la “profesionalización” del transporte de cargas por carretera. En esa línea, afirmó que “los que están reclamando por los off road deberían ser los primeros en colaborar para que salga la guía de carga”, una vieja aspiración del ministerio.