Fechado el 11 de diciembre y firmado por Arim, el recurso administrativo interpuesto pide al Poder Ejecutivo la revocación del Decreto Nº 316/024 del 26 de noviembre de 2024, publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre por “causa de agravio a la Universidad de la República” al afectar sus “derechos e intereses legítimos”. Según la institución, “los cambios normativos dispuestos debieron contar con los asesoramientos técnicos y especializados pertinentes”, dispuestos por la normativa vigente. Entre ellos, el del Consejo Consultivo de la Enseñanza Terciaria Privada (CCETP) y el de la Comisión Coordinadora de la Educación, de acuerdo la redacción dada por la ley 19.889 (LUC) aprobada en 2020, entre otras.
Además, en el recurso la Udelar considera “imperioso acceder a la totalidad de los antecedentes administrativos que dieron mérito al dictado del decreto”. Por estos motivos, solicita que se disponga la suspensión de la ejecución del decreto.
El decreto 316/024 del Poder Ejecutivo, que establece el nuevo marco regulador del Sistema de Enseñanza Terciaria Privada, deroga otros dos decretos vigentes de igual ámbito de aplicación, el 104/014 y el 246/015. Según los considerandos del nuevo decreto —vigente desde el pasado viernes 10—, la nueva reglamentación atiende a “la creciente internacionalización de la educación terciaria y la rápida evolución del conocimiento”. Y de ahí se justifica la necesidad de una “actualización” del marco legal que rija sobre el nivel superior de la educación.
Se habilita, por ejemplo, a que haya carreras 100% virtuales, dada “la evolución tecnológica” que ha posibilitado “nuevas modalidades de enseñanza que deben, necesariamente, tener un reflejo normativo” en el sistema educativo superior. Se incluye a las instituciones de gestión privada terciarias de carácter universitario y no universitario, y a la educación transnacional e instituciones extranjeras. También se ordena que aquellas que sean autorizadas para establecerse en Uruguay deberán cumplir con iguales requisitos que las universidades privadas nacionales, junto con el reconocimiento de nivel académico de las nuevas carreras.
Más allá de la “actualización” del cambio normativo, el decreto introduce otras modificaciones que generaron preocupación en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en la Universidad de la República y en el CCETP. Por ejemplo, se modificó la integración y la presidencia del CCETP.
Fuentes universitarias explicaron a Búsqueda que el recurso administrativo no elude que haya aspectos a considerar, cómo ajustar las distintas modalidades de educación, la incorporación de los posdoctorados, las condiciones para la instalación de instituciones extranjeras en el país o la consideración de la inteligencia artificial, entre otros.
El “problema” es que este nuevo decreto se resolvió “sin conversar previamente en los ámbitos previstos por la propia LUC”, explicaron a Búsqueda miembros del consejo consultivo integrado por representantes de instituciones públicas y privadas, que asesora en estos temas al Poder Ejecutivo y al MEC.
El decreto anterior, de 2014, contó con la iniciativa del CCETP, que propuso una serie de modificaciones al decreto vigente en ese momento (308/95, del 11 de agosto de 1995). Estas, a su vez, fueron sometidas por el MEC a consideración del Consejo de Rectores de las universidades privadas y de la Udelar. Ese proceso duró un año y medio; el consejo consultivo le dedicó 16 sesiones y el MEC organizó varias reuniones de trabajo.
El nuevo decreto no contó con la participación del CCETP. Tampoco hubo consultas a la Udelar, a la Universidad Tecnológica (Utec) o a la ANEP, según dijeron a Búsqueda fuentes de esas instituciones.
La exclusión de ANEP
Actualmente, el CCETP está integrado por dos delegados propuestos por el MEC, tres por la Udelar, dos por las universidades privadas y uno por la ANEP. El nuevo decreto —que todavía no se aplicó— suma al consejo un tercer representante por el MEC, quita uno a la Udelar e incluye uno a propuesta de la Utec, las instituciones privadas no se modifican y suprime la participación de la ANEP.
Precisamente, este es “uno de los cambios fundamentales” que introdujo el gobierno, la exclusión de la ANEP del consejo consultivo, indicó a Búsqueda la consejera Alicia Failde, quien integra el CCETP como uno de los tres miembros propuestos por la Udelar —aunque actúan con independencia de la universidad—, junto con Luis Calegari y Pablo Monzón.
Los dos representantes docentes en el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, Daysi Iglesias y Julián Mazzoni, expresaron públicamente su preocupación por el contenido del decreto porque “suprime a la ANEP del contralor” de la educación terciaria, entre otras disposiciones que, a su entender, habilitan “la fragmentación” y “la desregulación” del sistema educativo superior.
Los cambios aprobados por el MEC fueron informados en el Codicen en la primera sesión de diciembre por Víctor Pizzichillo, presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) y actual representante de la ANEP en el CCETP. Pero el contenido del decreto no fue compartido previamente ni siquiera entre los consejeros nombrados políticamente en el Codicen, confirmó Búsqueda.
Mazzoni e Iglesias reclamaron que la nueva normativa no entre en vigencia en enero, para aplazar su estudio a marzo o abril, con el ingreso del nuevo elenco de gobierno, o que la administración de Orsi la deje sin efecto. En un video publicado en su cuenta de YouTube, Iglesias aseguró que el decreto refleja “un descrédito hacia la ANEP y la formación terciaria” de casi 20.000 estudiantes que cursan en 86 propuestas curriculares en UTU, por parte del MEC, y advirtieron que la iniciativa resuelve a favor de la exigencia de menor control para las instituciones educativas privadas.
Otras críticas refieren a que, al aplicarse este nuevo decreto, las instituciones privadas, luego de su autorización, pasarán de presentar su actualización de información cada tres años, tal como lo hacen en la actualidad, a hacerlo cada cinco años.
Por otra parte, el decreto anterior indicaba que el Poder Ejecutivo debía designar la presidencia del consejo consultivo entre los propuestos por el MEC o la Udelar, el actual lo establece únicamente para hacerlo entre los designados por el MEC.
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Carta al MEC
Ante la iniciativa “unilateral” del Poder Ejecutivo, algunos integrantes del CCETP enviaron una carta al MEC pidiendo que se suspenda la aplicación del decreto sin plazo hasta que el nuevo gobierno resolviera. En la misiva, firmada el 10 de diciembre por los delegados de la Udelar y de la ANEP —a la que accedió Búsqueda— se señala que ese órgano tomó conocimiento formal del decreto el 3 de diciembre, una semana después de su aprobación.
En el texto manifiestan estar de acuerdo “con la necesidad de contar con una nueva norma actualizada que recoja los cambios dinámicos del mundo y la educación en estos 10 años”, pero también señalan que se “requiere una reflexión en profundidad” y “un intercambio participativo de todas las partes involucradas”.
Los firmantes manifestaron sorpresa por el proceso seguido por el ministerio, teniendo en cuenta “el clima de colaboración y seriedad” en que se ha trabajado en este período. De allí que solicitaron postergar la entrada en vigencia del decreto para habilitar la opinión y sugerencias del consejo consultivo a su articulado.
Previamente, el director nacional de Educación, Gonzalo Baroni, comunicó que no se daría ninguna prórroga. De hecho, el decreto estableció su puesta en vigencia en 45 días, por lo que comenzó a regir el pasado viernes 10 de enero, en pleno receso de las instituciones y del sistema terciario en general, y a menos de dos meses del cambio de autoridades de gobierno del próximo 1º de marzo.
El MEC sí decidió mantener la actual integración del consejo hasta el 30 de marzo, según el decreto 342, del 12 de diciembre.