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El presidente Luis Lacalle Pou y el titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Pablo da Silveira, firmaron el 26 de noviembre un decreto que reglamenta la educación terciaria en Uruguay a nivel universitario y no universitario, que se espera entre en vigencia a principios de 2025. La nueva reglamentación causó “sorpresa y preocupación” en algunos integrantes del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
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Según el documento, se trata de una respuesta a “la creciente internacionalización de la educación terciaria y la rápida evolución del conocimiento”, así como de una “actualización” de la normativa del funcionamiento de las instituciones terciarias. El decreto habilita, entre otras medidas, a que haya carreras 100% virtuales, dada “la evolución tecnológica” que ha posibilitado “nuevas modalidades de enseñanza que deben, necesariamente, tener un reflejo normativo” en el sistema educativo superior.
La nueva reglamentación incluye a las instituciones de gestión privada terciarias de carácter universitario y no universitario, y también refiere a la educación transnacional e instituciones extranjeras. Establece que las instituciones que sean autorizadas para establecerse y funcionar en Uruguay tendrán que cumplir con los mismos requisitos que las universidades privadas nacionales, más allá de contar con el reconocimiento de nivel académico de las nuevas carreras.
El decreto también expresa que para todas las instituciones de educación terciaria privadas se establece que al menos dos quintos del órgano de conducción institucional debe estar integrado por ciudadanos naturales o legales nacionales, o bien contar con una residencia “no inferior a tres años” en el país.
Los dos representantes docentes en el Codicen, la maestra Daysi Iglesias y el profesor Julián Mazzoni, cuestionaron la normativa, en particular la que “suprime a la ANEP del contralor” de la educación terciaria, entre otras disposiciones que, a su entender, propician “la fragmentación” y habilitan “la privatización y la desregulación” del sistema educativo.
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Daysi Iglesias, Julián Mazzoni y Juan Gabito durante una actividad de ANEP en 2022
Javier Calvelo/ adhocFOTOS
Intentarán “por todos los medios” que sea derogado por Orsi
Los cambios aprobados por el MEC fueron informados al Codicen en la última sesión por Víctor Pizzichillo, presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE) y también representante de la ANEP en el Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, como informó La Diaria.
Durante la sesión, la consejera Iglesias adelantó que si el decreto entra en vigencia como está previsto, el 10 de enero, ella intentará “por todos los medios” que “sea derogado el 2 de marzo de 2025”, una vez asuma el gobierno del frenteamplista Yamandú Orsi.
“No creo que este tipo de disposiciones sea acorde, justo ni ayude al sistema educativo”, afirmó Iglesias ante Pizzichillo y sus pares del Codicen.
Uno de los puntos que provocó más polémica entre los consejeros es que el decreto excluye a la ANEP de la integración del consejo consultivo, que hoy comparte con dos representantes del MEC, tres de la Universidad de la República (Udelar) y uno de las universidades privadas. Con la nueva norma, ese consejo quedará integrado por tres delegados del MEC, dos de la Udelar, uno de la Universidad Tecnológica (Utec) y dos de las instituciones privadas.
El decreto establece que las instituciones terciarias privadas tienen libertad para determinar si se pliegan o no a un sistema de créditos general y en qué formato lo hacen.
Otra disposición cuestionada por los consejeros es la reválida de títulos extranjeros, que con el nuevo decreto también corresponde a las universidades privadas.
Consultado por Búsqueda, el consejero Mazzoni enmarcó esta iniciativa del Poder Ejecutivo en un “proceso privatizador” y de desregulación de la enseñanza terciaria, y, en línea con Iglesias, reclamó que la medida no entre en vigencia en enero, para aplazar su estudio a marzo o abril, con el ingreso de las nuevas autoridades, o que el gobierno de Orsi la deje sin efecto. El próximo gobierno conseguirá los votos para crear una universidad de la educación que defina estos temas, vaticinó.
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Pablo da Silveira, titular del MEC, en el Ministerio de Trabajo, a mediados de 2024
Mauricio Zina / adhocFOTOS
“Descrédito” a la ANEP y “fragmentación” del sistema educativo
En un video difundido el jueves 5 en su cuenta de YouTube, Iglesias sostuvo que la nueva reglamentación amenaza con derivar en “un descrédito hacia la ANEP y la formación terciaria” en favor del MEC.
La consejera destacó que el decreto, en referencia a su artículo 32, “no solo le confisca a la ANEP la potestad de intervenir o acreditar la educación media superior, sino que además deja en manos de la propia institución privada la acreditación de la educación media superior”, equivalente a los bachilleratos.
“La ANEP es eliminada, sacada, no considerada en el consejo consultivo de enseñanza privada”, pese a que el ente tiene 20.000 estudiantes en UTU con 86 opciones, remarcó la consejera, que denunció un “descrédito hacia la ANEP” por parte del Ejecutivo.
Iglesias advirtió que el decreto propicia “la fragmentación del sistema educativo” y, según académicos consultados, podría derivar en la creación de “universidades garage”, propuestas de baja calidad ofrecidas en países de la región.
Mazzoni completó que el gobierno “baja mucho las exigencias” y habilita un proceso de privatización y desregulación” a nivel de la enseñanza terciaria. El consejero apuntó que la iniciativa se contradice con el discurso público de las autoridades del actual gobierno, que se comprometieron a “no innovar mucho” durante el proceso de transición hasta que asuma la presidencia Orsi.
Entretanto, como adelantó la diaria, el senador frenteamplista Sebastián Sabini (MPP) anunció en redes sociales que hizo un pedido de informes al MEC sobre este tema.
