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    MEC dejó sin efecto autorizaciones definitivas a universidades privadas dadas al final del gobierno de Lacalle

    José Carlos Mahía expresa en la resolución que estos avales deben ser dispuestos por el Poder Ejecutivo, pero su antecesor, Pablo da Silveira, los otorgó con su sola firma

    El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, resolvió dejar sin efecto las autorizaciones definitivas otorgadas por su antecesor en el cargo, Pablo da Silveira, a cinco universidades privadas y a un instituto universitario. La resolución del 6 de junio, a la que accedió Búsqueda, expresa que de acuerdo a lo dispuesto por el decreto-ley 15.661, de 1984, y sin perjuicio del decreto firmado el 26 de noviembre de 2024, “la autorización definitiva para funcionar como universidad o instituto universitario debe ser dispuesta por el Poder Ejecutivo”, es decir, debe llevar la firma del presidente de la República y de al menos uno de sus ministros de Estado, lo que no ocurrió en estos casos.

    Cinco universidades privadas habían expresado su discrepancia con la medida que el actual gobierno había anunciado. Además de revocar las autorizaciones definitivas resueltas el 26 de febrero de 2025, Mahía dejó sin efecto la resolución del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 267/025, firmada el día previo, puesto que se trata de una normativa “sin fundamento de derecho alguno” que “establece que es competente el MEC” para otorgar por sí solo estas autorizaciones, “lo que es contrario a la disposición legal”. Al justificar la revocación de esta resolución, Mahía planteó que su antecesor desconoció el informe jurídico realizado por la asesora jurídica del Área de Educación Superior.

    Con estos argumentos, el MEC derogó las autorizaciones definitivas otorgadas en febrero a la Universidad Católica del Uruguay, la ORT, la Universidad de Montevideo, la Universidad de la Empresa, la Universidad Claeh y el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes (ACJ).

    Por otra parte, el presidente Yamandú Orsi, junto con Mahía, derogó el decreto de noviembre de 2024, firmado por Luis Lacalle Pou y Da Silveira, sobre educación terciaria, el que refiere a las autorizaciones definitivas. En su artículo 29, el decreto derogado estipulaba que “las universidades o institutos universitarios que cuenten con más de 20 años de autorizadas para funcionar y no hayan recibido observaciones graves durante ese lapso podrán solicitar ante el MEC su autorización definitiva”. A su vez, agregaba que “las instituciones que obtengan la autorización definitiva podrán cambiar modalidades, modificar planes de estudio, cambiar la denominación del título final, crear nuevas orientaciones y titulaciones intermedias de carreras reconocidas, incluyendo doctorados, así como abrir nuevas sedes e impartir en ellas carreras ya reconocidas, sin otro trámite que informar al MEC a los efectos del reconocimiento y registro de los títulos”.

    Las cinco universidades privadas alegaron que las autorizaciones definitivas son “un derecho adquirido” y solicitaron que no se los revoque. Cinco rectores respondieron a la cartera que “la idea de revocación de una autorización, máxime si se maneja que es por razones de ilegalidad, tiene una fuerte connotación negativa frente a la opinión pública” y crea “inseguridad jurídica”; argumentan que sus instituciones se limitaron a cumplir con lo que establecía la normativa.

    Esta resolución de Mahía, que deja sin efecto estas autorizaciones definitivas, se enmarca en una política del gobierno de revisión de medidas adoptadas en materia educativa durante la anterior administración.