Las universidades privadas piden al MEC que no anule sus “autorizaciones definitivas”: son un “derecho adquirido”

El MEC se dispone a dejar sin efecto las “autorizaciones definitivas” otorgadas por el entonces ministro Pablo da Silveira a las cinco universidades privadas el 26 de febrero, tres días antes del cambio de mando, por considerar que la cartera incurrió en “vicios de forma” durante el proceso, como informaron Búsqueda y la diaria. El actual gobierno inició un expediente y dio vista a las instituciones involucradas. Los cinco rectores respondieron conjuntamente que “no es admisible que, aun cuando se sostenga la hipótesis”, que no aceptan, “de que se haya verificado una irregularidad por parte de la actuación de la administración, se proceda a una revocación de oficio y no a una subsanación de lo actuado”. En ese sentido, sostienen que, “en el caso (no esperado) de que se anule la autorización, la administración tendría que expedirse y debería otorgar la autorización definitiva”, con la firma del presidente Yamandú Orsi.

Para el rector de la Universidad Católica, este decreto “fue una actualización positiva” del aprobado por el gobierno de José Mujica sobre el tema en 2014. Fernández Techera destacó que “lo de la autorización definitiva es un nombre rimbombante para una cosa que es una flexibilización mayor de los trámites burocráticos, porque no es la autonomía de la que goza la Universidad de la República”. En ese sentido, agregó que las universidades privadas tienen que seguir “presentando las carreras nuevas, informando al ministerio” lo que hacen y rigiéndose con “la legislación que tiene el MEC”.

De todas maneras, el rector también planteó que el decreto fue “tardío políticamente”, ya que “hubiese sido mejor que no hubiese estado vinculado al cambio de gobierno ni a las elecciones”. Las universidades presentaron las solicitudes en enero y febrero, y más de una vez. “Nosotros hicimos lo que el ministerio establecía”, remarcó.

El 13 de enero, con el decreto vigente, las universidades solicitaron la “autorización definitiva”. El 30 de enero, Da Silveira estableció a través de una resolución que el acto debía ser dictado por el Poder Ejecutivo, para lo que se requiere la firma del mandatario, además de la del ministro. El 25 de febrero, Da Silveira cambió, con otra resolución, el procedimiento y estableció que será el MEC el que otorgue la “autorización definitiva”. El ministro dio las autorizaciones al día siguiente a cinco universidades y al Instituto Universitario ACJ.

El gobierno que asumió el 1º de marzo resolvió derogar el decreto firmado en noviembre, dejar vigente el del año 2014, llamar a un diálogo a las instituciones involucradas con el fin de redactar un nuevo marco normativo sobre educación terciaria privada y, además, dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas. Las autoridades se basan en un informe de la adscripta de la Dirección General de Secretaría del MEC (citado por los rectores), que sostiene que las resoluciones de “autorización definitiva” otorgadas “adolecen de ilegalidad” y por lo tanto deben ser revocadas, ya que no cuentan con la firma del presidente, como exige el decreto ley 15.661 del año 1989.

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El cardenal Daniel Sturla, la vicepresidenta Carolina Cosse, el presidente Yamandú Orsi y el rector de la Universidad Católica, Julio Fernández Techera

Javier Calvelo / AdhocFotos

Un “derecho adquirido”

Las cinco universidades privadas alegan en su respuesta al MEC que es el Poder Ejecutivo el que debe otorgar la autorización inicial para funcionar, mientras que la definitiva “otorga a las instituciones potestades acotadas referidas a acciones ordinarias que están típicamente en el ámbito del control interno del MEC y en las cuales no interviene para nada el Poder Ejecutivo”, por lo que alcanza con la firma del ministro.

Remarcan que cumplieron “con todos los requisitos establecidos por la normativa vigente”, por lo que “las autorizaciones definitivas otorgadas constituyen un derecho adquirido”, y que, “en la hipótesis de que hubiera algún aspecto formal que no se hubiere cumplido, lo que corresponde no es anular las resoluciones que otorgan la autorización definitiva, sino proceder a subsanar cumpliendo con la formalidad pendiente”, en este caso, acompañando la firma del ministro José Carlos Mahía con la del mandatario. Para respaldar su postura, los rectores adjuntaron una consulta del administrativista Carlos Delpiazzo en la que plantea que “el cuestionamiento que formula la administración entrante es meramente formal y no de fondo”, por lo que “no corresponde la revocación de oficio sino la subsanación del pretendido vicio”.

Por otra parte, las universidades privadas sostienen que el MEC “podrá derogar o modificar el decreto 316/2024, pero con efectos hacia futuro y sin poder vulnerar derechos adquiridos por las instituciones y demás involucrados en su quehacer universitario”.

“Inestabilidad”

En una reunión con el director nacional de Educación, Gabriel Quirici, y la responsable del Área de Educación Superior, Virginia Villalba, los rectores de las universidades privadas se enteraron de la intención del MEC de derogar el decreto firmado en noviembre y que quede vigente el del año 2014, de trabajar juntos en una nueva normativa y dejar sin efecto las “autorizaciones definitivas” firmadas por Da Silveira. “El viernes 2 de mayo nos hablaron de la revocación del decreto. Genera un efecto negativo en las universidades privadas, porque es un golpe reputacional. Tenías una autorización y ahora no la tenés”, lamentó el rector de la Universidad Católica. “Para nosotros, es incómodo. Si hay un error, es del MEC, no nuestro. Entonces, lo tiene que subsanar el MEC, no nosotros. Nos sentimos perjudicados”, expresó en diálogo con Búsqueda.

Fernández Techera, que es sacerdote jesuita, licenciado en Historia y doctor en Filosofía y Educación, dijo que esto causa “una inestabilidad muy grande” y ejemplificó: “Hemos cambiado los programas de varias carreras este año. Amparados en ese decreto, nosotros no tuvimos que presentar eso seis meses antes de empezar las clases. Informamos al ministerio que lo habíamos hecho y empezamos a funcionar”.

También recordó que la Universidad Católica lanzó planes nuevos en 2021 y este año siete ya cambiaron otra vez. “Hace 25 años uno hacía planes nuevos y podían durar 15 o 20 años; hoy hay que actualizar permanentemente. Hace dos años nadie sabía qué era la inteligencia artificial generativa y estalló en Uruguay el Chat GPT en enero de 2023. Parte de mis cuestionamientos a los decanos a principios del año pasado fue si estaban seguros de que los planes de este año no nacen ya viejos”, planteó el rector, y relativizó el alcance del aval conseguido: “Nosotros creemos en la autonomía de las universidades porque es tendencia mundial que las universidades tengan más autonomía, pero esto lo que nos daba en realidad era una mayor flexibilización de los trámites ante el ministerio”.

Fernández Techera hace nueve años que es rector, por lo que ha trabajado junto con tres gobiernos diferentes. Dijo que conoce “la buena voluntad” que prima hoy en el ministerio, valoró haberse enterado del asunto en una reunión privada y sostuvo que “la gente del MEC” en el área de educación terciaria privada “siempre ha sido muy razonable, abierta”. Sin embargo, insistió en que “la forma de mejorar no es volviendo hacia atrás”, dejando vigente el decreto de 2014, como prevé hacer el Ejecutivo, “sino construyendo el nuevo decreto” en conjunto.