La gestión costera es otro tema al que hay que darle un énfasis importante. Existe el Plan Nacional de Adaptación Costera, que inicia este año; es un proyecto de la Dirección Nacional de Cambio Climático, pero atraviesa la gestión de todo el ministerio, y va a implicar acciones concretas de parte de las intendencias costeras. Queremos aprovechar estos proyectos para avanzar en la protección de la costa, ya que en un escenario de variabilidad y de cambio climático es muy importante cómo se generan acciones de protección a nivel de los departamentos costeros.
Está la posibilidad de avanzar también en áreas marinas protegidas y hemos estado conversando con el ministro sobre esto. Hay un montón de áreas en las que se venía avanzando en las que vamos a seguir trabajando. Coincido y comparto las prioridades que marcó el ministerio para trabajar en el área de biodiversidad. El tiempo dirá qué posibilidades hay de ver otras líneas.
—¿Qué modificaciones concretas pretende impulsar respecto a la normativa de caza y gestión costera?
—En el marco de la Semana de Turismo, que es una época de zafra de caza, estamos desatando los mecanismos que se llevan siempre adelante, que es la coordinación con Seguridad Rural, con el Ministerio del Interior, con Prefectura, con el Ministerio de Defensa y con algunas intendencias, para ver de qué forma se hacen los decomisos y tener la evaluación de los permisos de caza. Además, la solicitud del permiso es un mecanismo presencial, por lo que vamos buscar la forma de que haya otras vías posibles de ejecutarlo y que se cumplan los controles requeridos.
En cuanto a gestión costera, el Plan Nacional de Adaptación Costera es un proyecto que identificó puntos clave en la costa, y ahí se van a desatar acciones en Rocha (en La Aguada, La Paloma y Los Botes), en Maldonado (en Piriápolis, Playa Verde y Playa Hermosa), en Canelones (Solís Chico y la Floresta) y en Montevideo en playa del Cerro. También, en playa Penino en San José y en Juan Lacaze de Colonia. Este plan va a permitir ver mecanismos concretos para la protección costera vinculados tanto a la protección de la biodiversidad, de las dunas o de la vegetación como a soluciones basadas en naturaleza que permitan mitigar los efectos sobre la costa.
—En menos de un año hubo varias salidas jerárquicas en el ministerio. ¿Cómo impacta eso en la estabilidad de la política ambiental del país y qué lectura hace usted de esos movimientos?
—El Estado tiene esa posibilidad de seguir trabajando y de avanzar en las líneas que tiene, más allá de los cambios de gestión que puede haber en cada período y de los cambios que se dan entre períodos de gobierno. Hay una memoria institucional que funciona y eso hace que las políticas se sigan implementando, más allá de los cambios que puedan existir.
—¿Cree que hubo diferencias de enfoque en temas clave —como la exploración offshore— que incidieron en ese cambio?
—Hubo un aporte claro hacia cómo establecer regulaciones a una acción a partir de compromisos que había asumido el Estado hace tiempo y que tenían que llevarse adelante porque son contratos que se firmaron. Hubo un gran aporte para que esa actividad se hiciera en un marco de normas y reglas claras que permitieran mitigar y reducir lo máximo posible el impacto ambiental de esa acción. El aporte de Estela Delgado fue sustantivo.
—Usted viene de llevar adelante la gestión ambiental en la Intendencia de Montevideo. ¿Qué aprendizajes trasladará a la Dinabise?
—Un aprendizaje es la necesidad de que las políticas de gestión ambiental tengan transversalidad, que tengan la posibilidad de verse en todas las dimensiones. En la intendencia era claro que si había determinada intervención había que ver de qué manera se podía llevar adelante. Acá, en un marco más amplio, porque se trabaja en todo el territorio, tiene también esa lógica. Ayudar a tener diálogo con otras áreas es lo más desafiante. Hay muchas cosas que entran en conflicto o tensiones que se generan, como la producción contra la protección de la biodiversidad. Hay que buscar un punto que permita que eso no sea una tensión permanente, más allá de que esa tensión hay que administrarla. La salud de los ecosistemas y de los sistemas naturales es la que permite sostener la producción. Ahí hay un montón de diálogo y de conversaciones que llevar adelante. Y también, trabajar en conjunto con el Ministerio de Ganadería (MGAP), con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para llegar todos al problema al mismo tiempo, no estar mirándolo en cadena, sino con el problema en el centro.
—¿Qué necesita Uruguay para mejorar la gestión de su biodiversidad?
—Un desafío clave es cómo se integra la protección de la biodiversidad a la producción, cómo eso logra convivir y no ser temas que se enfrenten y que suenen a freno: eso de que proteger la diversidad no permite la producción. Hay un conjunto de áreas protegidas privadas que se dan en predios privados que el ministerio comenzó a reconocer como parte del SNAP. El ministerio analiza las condiciones, qué dimensiones de la biodiversidad están protegiendo, y esas áreas se integran al sistema como áreas privadas. Esa herramienta es algo a profundizar.
Este año también es el año de los pastizales, y ahí estamos trabajando en conjunto con el MGAP para ver cómo eso nos va a permitir dialogar con los sistemas productivos para la protección de la biodiversidad. Y en el caso de los pastizales, que requieren también herramientas concretas para su protección, de qué forma vamos a trabajarlo, siempre dialogando con la producción. La protección de los pastizales es lo que también permite sostener un tipo de ganadería o un tipo de producción específica y eso abre un camino de diálogo con el MGAP, que ya existe pero que hay que profundizar. Hay algunos proyectos concretos de agricultura sostenible que se van a desarrollar en el litoral, en la zona productiva y de producción extensiva. Otra cosa que se estuvo trabajando, y ya hay un predio que lo tiene, es el reconocimiento de las buenas prácticas en la producción de arroz. Ese es uno de los principales desafíos: el visualizar de qué forma la protección de la biodiversidad no se ve como un freno a la posibilidad de producir.
—La exploración de hidrocarburos en el mar provocó tensiones políticas, técnicas y sociales. ¿Cuál es su posición? ¿Comparte el impulso de esta política del Ministerio de Ambiente?
—Es una política institucional que viene de hace tiempo. Son contratos que se firmaron previo a que asumiera esta gestión; se generó esta tensión y el Ministerio de Ambiente acompañó el proceso de una manera decidida y sostenida y tuvo sus frutos, en tanto regula esa actividad con reglas claras y restrictivas en relación con cómo se hacía antes: se solicitó un estudio de impacto ambiental para evaluar esa intervención; se establecieron distancias de restricción con los mamíferos marinos; no se puede hacer exploración sísmica dos veces en el mismo lugar; y está la posibilidad de que si hay afectación en la pesca eso se tenga que solventar por parte de la empresa que realiza la prospección.
Más allá de mi posición, el Ministerio de Ambiente y el gobierno actuaron de una manera importante para que, si se va a hacer esta actividad, se haga de la manera que mitigue los impactos. Después hay otro debate, que se abrirá más adelante, vinculado a, si hay hidrocarburos, qué va a hacer el país.
—¿Entiende que la búsqueda de petróleo y la conservación de la biodiversidad marina son compatibles?
—Es una definición de Estado, del gobierno, en avanzar en la prospección o en la búsqueda de fuentes de energía. Uruguay transformó su matriz energética y generó cambios. Tiene que seguir explorando. El país necesita desarrollarse, y para eso hay que explorar cuáles son las posibilidades de energía que hay y que se necesitan. Ahí institucionalmente lo que tiene que hacer el ministerio es buscar de qué forma se regulan esas actividades para que esa tensión entre explorar y proteger pueda administrarse.
—¿La Dinabise cuenta hoy con los recursos técnicos y humanos suficientes para llevar adelante todo lo que se pretende?
—Siempre es necesario fortalecerse en recursos y en capacidades técnicas. Y, obviamente, si se plantean objetivos de aumentar la superficie de área protegida e ir avanzando en otras áreas, es necesario fortalecer los equipos. Eso siempre es desafiante y el ministerio lo tiene claro, lo necesitan todas las direcciones tanto para el control ambiental como para la protección de la biodiversidad.
—¿Qué resultados concretos le gustaría mostrar en el primer año o al final de su gestión?
—Lograr reducir esa tensión entre “vienen los del ministerio que quieren proteger” y otro ministerio que quiere producir. Sacar de la conversación pública que unos protegen y otros producen, y que el país pueda tener claro que se puede producir protegiendo el ambiente.
Una de las cosas que se van a profundizar es que estamos trabajando con Colonización cuando hay campos que por sus características no tienen la posibilidad de ser completamente destinados a un rubro productivo. Estamos evaluando esos lugares para poder darles otra proyección, con iniciativas que se integren a sitios con un valor ecosistémico interesante desde el punto de vista de la conservación, pero que permiten, por ejemplo, desarrollar cierto tipo de actividad turística o recreativa, cómo podemos, en conjunto con Colonización, evaluar qué posibles usos podría tener eso y cómo desde Colonización eso se destina a proyectos vinculados a iniciativas turísticas o de otra escala productiva. Y quizás impulsar una línea de trabajo que pueda vincularlo a mujeres o a familias jóvenes.
