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    Caza: Ambiente revisará decretos por entender que normativa vigente no tiene sustento científico sólido

    Fuentes de la cartera afirmaron que el objetivo será analizar la regulación vinculada tanto a la caza nocturna como a la deportiva, especialmente de especies de patos

    “Desde el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en la renovación y actualización de la normativa sobre caza, incluida la derogación y modificación de decretos adoptados en la administración anterior”. Así lo afirmaba, sin mucho más detalle, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, en un video difundido en sus redes sociales al inicio de la Semana de Turismo. En su mensaje, el jerarca buscaba recordar a la población la normativa vigente con relación a la caza de especies, una práctica cuya regulación no ha estado exenta de polémicas en los últimos años.

    El tema volvió a ponerse sobre la mesa en julio pasado, cuando el entonces presidente Luis Lacalle Pou autorizó la caza nocturna de jabalí y ciervo axis en todo el territorio nacional —excluyendo Montevideo—, al argumentar que constituían especies exóticas introducidas al país y que su dispersión había aumentado significativamente. Esto encendió las alarmas entre distintas organizaciones sociales, quienes rechazaron la medida al entender que era una amenaza a la biodiversidad y que respondía a los intereses de actores “procaza”.

    Y es que no era la primera vez que el anterior gobierno introducía modificaciones a la normativa. Ya en 2022 el Poder Ejecutivo había decretado una serie de cambios, entre los que permitió la caza deportiva en todo Uruguay, menos en la capital, una decisión que también fue muy cuestionada desde diferentes ámbitos.

    Ante ese panorama, fuentes del Ministerio de Ambiente confirmaron a Búsqueda que la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), que tiene a su cargo la protección de la fauna y la vida silvestre, trabaja actualmente en la revisión de los dos decretos que autorizan la caza de especies. Por un lado, el 198/024 (que habilita la caza nocturna de jabalíes y ciervos axis) y, por otro, el 104/2000, que regula la caza deportiva general, en el que prevé analizar especialmente lo que refiere a anátidas o patos.

    “Creemos que tienen que tener un sustento sólido científico una vez que se resuelve, no solo la autorización para determinadas especies, sino además los cotos de caza y las temporadas en las que se permite. Tenemos que tener estudios poblacionales que muestren cómo cada una de esas especies se comporta en los distintos territorios del país, la frecuencia que tienen de caza, para recién a partir de ahí poder habilitar o no la práctica”, señaló la fuente, al explicar que los decretos vigentes no cuentan con ese “insumo básico científico” y muestran “debilidades en sus fundamentos básicos”.

    La idea, por tanto, es tener información científica “mucho más contundente y sólida” para decidir habilitar la práctica y en qué forma. Y a su vez, dar lugar al diálogo y al intercambio con las organizaciones sociales vinculadas a la conservación, pero también a aquellas que promueven la actividad cinegética, algo que comenzó a los 10 días de asumir la nueva gestión, agregó el informante. “Buscamos presentarle al ministro propuestas concretas que tengan incorporadas las distintas visiones de estos grupos. Obviamente ninguno va a cubrir totalmente sus expectativas, pero la idea es incorporar ese diálogo a la derogación o revisión del fundamento científico de estos decretos”, indicó.

    Señaló, incluso, que no descartan la posibilidad de crear una normativa sobre caza “más general”, pero es un aspecto que aún no está definido. Lo importante, agregó la fuente, es que el ministerio pueda “basarse en análisis estadísticos y cuantificables, y no en percepciones” para asegurar la biodiversidad en el territorio nacional.

    Polémicas

    Entre los puntos más cuestionados por los grupos conservacionistas en relación con el decreto que habilita la caza nocturna, figura el argumento de que puede haber confusión entre las especies durante la práctica a altas horas de la noche, al no poder ser identificadas adecuadamente. Y esto, por lo tanto, provocaría perjuicios sobre poblaciones de otros animales nativos cuya caza no está permitida.

    “Ese es uno de los argumentos que traen las organizaciones y nosotros debemos corroborar la exposición de motivos de los distintos colectivos. Y parte de eso es escucharlas y recibir la documentación que nos acercan, ya que muchas han generado valiosa información científica a través de distintas metodologías”, indicó la fuente. De todas maneras, aseguró que los equipos técnicos del ministerio también prevén evaluar las metodologías utilizadas para determinar si es posible tomarlas en cuenta, dependiendo de la calidad de la información. Además, la cartera busca basarse en su propia evaluación para tomar una decisión.

    “Parte de que se estén revisando los decretos tiene que ver con que es algo que las distintas organizaciones reclaman desde que asumió el nuevo gobierno. Ahora las estamos escuchando”, indicó la fuente. Agregó que la revisión incluirá analizar aspectos como los horarios, períodos y zonas habilitadas, las cantidades de ejemplares y las especies involucradas, entre otros varios puntos que aún no fueron definidos. Y una vez que ese trabajo culmine, las autoridades presentarán una propuesta de modificación o derogación de los decretos a Ortuño, quien ya adelantó que la temática estará entre sus principales prioridades. “En un lapso no muy lejano lo va a tener a consideración y a partir de ahí valorará las opciones”, mencionó.

    Particularmente sobre la situación de los patos, la diaria informó en 2023 que el Ministerio de Ambiente había elaborado un informe técnico en el que recomendaba prohibir la caza deportiva de patos “al menos por cinco años”, luego de identificar “tendencias negativas y significativas” respecto al crecimiento de su población. En ese sentido, desde la cartera aseguraron que es necesario contar con “datos más precisos” y estudios poblacionales actualizados, ya que el decreto vigente se basa únicamente en una consultoría específica impulsada por el gobierno anterior, que las nuevas autoridades buscan “profundizar, detallar y complementar” para analizar los “vacíos de información”.