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Milei prohíbe la entrada a extranjeros que difundan “mensajes de odio” contra Argentina
El gobierno argentino aprobó un decreto de urgencia que prohíbe el ingreso o permite la expulsión de extranjeros que promuevan discursos de odio contra el pueblo argentino o el país. La medida, que entrará en vigor de inmediato pero debe ser ratificada por el Parlamento, excluye explícitamente las críticas políticas o ideológicas. Sin embargo, su futuro es incierto en un contexto de tensiones diplomáticas y polémicas deportivas, como las críticas a la selección albiceleste tras su derrota en la final del Mundial de Fútbol 2026 frente a España
El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, publicó en la madrugada del jueves un decreto que prohíbe la entrada al país —o establece la expulsión— de cualquier extranjero que difunda o incite a mensajes de odio contra Argentina o sus ciudadanos. La medida, que deberá ser sometida al Congreso, fue justificada por el presidente como “una respuesta a recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos”.
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El decreto, que entró en vigor de manera inmediata a la espera de su debate parlamentario, aclara que “en ningún caso” se verán afectadas “aquellas expresiones de disenso ideológico o de crítica política, académica o ciudadana, que constituyan un legítimo ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente”.
Sin embargo, el texto apunta específicamente a aquellos extranjeros que hayan difundido “mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino en su conjunto, o contra algún ciudadano argentino, motivado en la nacionalidad de este último”.
También prevé la prohibición de ingreso al país para quienes “ultrajen los símbolos patrios”.
Un futuro incierto en el Congreso
El decreto modifica varios artículos de la ley de migraciones y fue presentado como un “decreto de necesidad y urgencia” (DNU), una figura que permite su aplicación inmediata pero que requiere la validación del Parlamento. Primero, una comisión legislativa deberá evaluar si efectivamente existe una situación de emergencia que justifique su vigencia. Luego, el texto deberá ser debatido y aprobado por ambas cámaras —Diputados y Senado—. Solo un rechazo en ambas instancias podría dejarlo sin efecto.
La medida llega en un momento de alta tensión diplomática para el gobierno de Milei. El domingo, el presidente había acusado a los gobiernos de Brasil y México, así como al Partido Demócrata de Estados Unidos, de financiar una “campaña antiargentina”. Estas declaraciones parecen estar relacionadas con las críticas que recibió la selección nacional de fútbol, especialmente tras su derrota en la final del Mundial de Fútbol 2026 contra España.
La selección de Messi, en el centro de la polémica
Tras el subcampeonato, la Scaloneta fue blanco de duras críticas en la prensa internacional y en redes sociales. Se cuestionó su juego, tachado de “negativo”, “minimalista” o “destructor”, así como su actitud, calificada de “cínica”, “provocadora” e incluso “violenta”.
Las polémicas no terminaron ahí. El miércoles, la FIFA anunció la apertura de un proceso disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y tres jugadores de la selección, entre ellos Leandro Paredes, por los incidentes ocurridos tras la final. El organismo mencionó “cánticos y gestos discriminatorios”, demoras en el inicio de los partidos, "mensajes inapropiados exhibidos por el equipo y los espectadores" y el lanzamiento de objetos por parte de hinchas en varios encuentros.
Además, la FIFA ya había adelantado que investigaría el despliegue de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” por parte de los jugadores tras la semifinal contra Inglaterra. El mensaje hacía referencia al archipiélago del Atlántico Sur, cuya soberanía argentina reclama pero que está bajo administración británica.
Mientras el decreto de Milei genera debate, su efectividad dependerá de su aprobación en el Congreso, donde el oficialismo no cuenta con mayorías propias. Por ahora, la medida refleja la postura del gobierno frente a lo que considera una campaña de desprestigio contra el país, aunque sus críticos advierten sobre posibles restricciones a la libertad de expresión.
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