El Ministerio de Trabajo defiende la negociación colectiva; algunos planteos de cambio son “ideas de laboratorios jurídicos”

Para el director de Trabajo, Jorge Mesa, la ley tal cual está articulada “representa bien la realidad de los sectores”. Si no lo hiciera, apuntó, habría más casos de empresas que solicitan salirse de sus convenios de rama. Según explicó en diálogo con Búsqueda, ese tipo de situaciones no superó la decena durante la actual ronda de negociación colectiva. Por eso hay que ir “más a fondo que los titulares” al analizar la flexibilidad que otorga el marco vigente.

En un entramado económico donde la mayoría de las empresas son de tamaño medio o pequeñas, Mesa entiende que una negociación salarial con diferenciación geográfica tampoco reflejaría “la realidad”. Así, consideró que más bien habría que estimular otra flexibilidad de la ley actual, que es la negociación por cadena productiva, hoy “prácticamente” no utilizada.

“Hay que ir más a fondo que los titulares. Cuando uno dice que quiere dar respuestas más eficaces al tamaño de las empresas o a su ubicación territorial, es un titular muy pobre. Es una respuesta esquemática. Hoy hay una decisión política expresa de descentralizar más los efectos de la negociación colectiva y no guardarse todo para el Estado. Hubo consejos donde el Estado tenía una decisión de centralidad mucho mayor resolviendo por la vía del decreto o por la imposibilidad de trasladar a precios. Hoy tenemos una mayor flexibilidad en la toma de decisiones”, dijo.

“Cuando voy a una negociación en Colonia, ¿compararía a (la industria de celulosa) Montes del Plata con la muy pequeña empresa al costado de esa realidad como un comercio o un sector productivo que emplea muy poca gente? Ese corte entre la capital y el interior no refleja la realidad que tenemos en términos productivos y difícilmente pueda reflejar las relaciones laborales”, agregó el jerarca.

“Pocos” descuelgues. A su entender, la flexibilidad de la ley se mostró también en la séptima ronda que se inició el año pasado y donde una “decena” de firmas pidieron descolgarse de los convenios firmados. Para hacerlo, las empresas deben mostrar información acreditando que atraviesan problemas que les impiden cumplir con las condiciones pautadas en sus sectores y, luego de negociar con sus trabajadores, someter a la aprobación del Consejo Superior Tripartito un acuerdo diferencial.

“Es una realidad, existe pero he visto pocos casos”, explicó Mesa. “Las empresas que están en problemas diferentes o más extraordinarios no son de un gran volumen. Porque si no, habría una mayor presentación de casos. Deberíamos tener más empresas golpeándonos la puerta y diciendo que quieren discutir con los trabajadores un convenio diferente. Pero hoy prácticamente no es una puerta utilizada”, agregó.

El jerarca descartó que las empresas no conozcan esta vía, pero admitió que “puede pasar” que lo visualicen como un costo extra dada la necesidad de presentar información. Explicó, además, que en algunos casos han solicitado asistencia al Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT para asegurar la confidencialidad de los datos.

“Pero ¿por qué esto no se practica o no hay más casos? Es que esa tan manida diferencia entre las empresas y su sector no es de gran volumen. Cuando comparás una empresa que dice tener dificultades con el sector, encontrás que en la enorme mayoría de los casos son los mismos problemas. Este no es un Consejo de Salarios solamente de los trabajadores”, dijo.

Para Mesa, la negociación colectiva “representa bien la realidad de los sectores” y consideró que el Estado participa “cada vez menos en las decisiones de contenidos, como de duración y particularidades” de la ronda salarial. Por eso, aunque sin referirse a las propuestas de ningún candidato en concreto, consideró que “algunas cosas” que se plantean para cambiar el sistema son “como ideas de laboratorios jurídicos que no dan cuenta de la realidad productiva”.

“No me muevo con ese titular de que al Consejo Superior Tripartito se va en representación de las empresas mayores y las menores no tienen lugar. Si fuera así, sería un problema de composición de las organizaciones que las representan. Y en todo caso el Estado no puede sustituir la representatividad auténtica de cada parte”, alegó.

Acuerdos. La “mayor ronda de la historia del país” —que involucró a los sectores cuyos convenios vencieron en junio de 2018— terminó a principios de este año. Fueron casi 200 grupos de trabajadores, empresarios y negociadores del Ministerio de Trabajo discutiendo salarios mínimos, condiciones laborales y también cláusulas de paz, entre otros asuntos (ver recuadro). Algunos informes académicos marcaron que volvió a disminuir la cantidad de acuerdos tripartitos. Pero el director de Trabajo disputó también esa afirmación.

“Ha venido creciendo la decisión por la vía de mayorías. Tuvimos un porcentaje alto de acuerdos tripartitos, superando el 50%. Y en casi todos los casos donde nos abstuvimos fue porque lo que tenían como un elemento diferencial era un correctivo anual en vez de a los 18 meses. Si no, estaríamos hablando de cerca del 80% por consenso”, aseguró.

Los lineamientos del Poder Ejecutivo apuntaron a conseguir acuerdos por dos años, con un correctivo a los 18 meses y aumentos desde 6% al 8,5% dependiendo de la situación por la que atraviesa cada sector. Para el jerarca, en los casos donde el gobierno se vio obligado a abstenerse, lo que primó fue la consideración del “costo administrativo” de imponer un aumento salarial —si la inflación superara lo pautado— que no coincidiera con los ajustes semestrales previamente acordados. Sin embargo, entiende que esto “es un elemento que hay que incorporar al saber hacer” del Ejecutivo.