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El protocolo establece que en la reunión en Viena el representante de Uruguay hablará unos minutos antes que el delegado ruso. Y si bien no habrá una confrontación directa entre los países, en esas dos intervenciones quedarán expuestas las posiciones que polarizan el debate internacional sobre la política de drogas.
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Esta semana comenzó el 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes (CND) de Naciones Unidas (ONU), la instancia de discusión más importante del año en tema de drogas ilegales, cuyo objetivo inicial es evaluar los 10 años de funcionamiento del plan trazado en 2009 para eliminar o reducir “considerablemente” el cultivo, la producción, el tráfico y el consumo.
La delegación uruguaya cree que ese plan fracasó e intentará que eso quede plasmado en el debate diplomático de esta semana. Pero, más que nada, aspira a que la resolución final que surja de la reunión no implique un “retroceso” a los “avances” que se lograron en la ONU. Una Asamblea General especial de 2016 (Ungass) abrió la puerta a enfrentar el problema con nuevos “enfoques”, como el que aplica Uruguay con la “ley de marihuana” y el gobierno defenderá esa postura, informó a Búsqueda el secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Diego Olivera.
Palos
Con la aprobación de la “ley de marihuana” en diciembre del 2013 Uruguay quedó a la vanguardia de un movimiento que pretende cambiar la política internacional sobre drogas consideradas ilegales. Eso le valió, también, la crítica de los organismos encargados de controlar el cumplimiento de las convenciones de ONU que regulan el tema.
Cada año desde que se aprobó la norma, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) cuestiona a Uruguay. En el informe 2018 sumó entre los incumplidores a Canadá, que en octubre también legalizó el mercado de marihuana recreativa. “La aplicación universal y plena de los tratados corre un grave peligro porque algunos Estados parte, como Canadá y Uruguay (así como varios estados de los Estados Unidos), han legalizado el consumo de cannabis con fines no médicos”, declaró la JIFE el 5 de marzo.
Pero no todas son críticas a quienes buscan alternativas a la denominada “guerra a las drogas”. La Junta de Jefes Ejecutivos de la ONU, el grupo de coordinación de más alto nivel de la organización, aprobó en enero un documento en el que expresó su apoyo a la descriminalización del uso y la posesión personal de drogas, algo que Uruguay legalizó en 1974, pero que está en discusión en varios países.
El contenido de ese informe es “una señal fuerte en la línea que venimos trabajando”, opinó Olivera.
Polarización
Pese a ese informe de la Junta de Jefes Ejecutivos, el gobierno no prevé que en Viena haya ambiente para dar más flexibilidad a los países que quieren desarrollar políticas como las de Uruguay. Ante esto, el objetivo fijado por la delegación es no retroceder.
Uruguay apelará a que debe considerarse a Ungass 2016 como el “consenso más reciente y de más alto nivel” sobre política de drogas, explicó Olivera. En esa ocasión, quedó claro que “estamos ante un problema multidimensional que necesita de respuestas diversas y articuladas, y que un enfoque mayoritariamente punitivo no resuelve las complejas situaciones de los individuos, las familias y las comunidades afectadas por los problemas de drogas, en particular en las zonas de menor desarrollo relativo”.
Para el gobierno de Tabaré Vázquez parece claro que el plan de acción aprobado en 2009, muy centrado en aspectos punitivos y reducción de la demanda de sustancias, fracasó. Por eso, en Viena “la comunidad internacional debería ser capaz de reconocer que los mercados ilícitos no han dejado de desarrollarse (por el contrario, han crecido) a pesar de los incrementales esfuerzos realizados para contrarrestarlos”, aseguró Olivera. “Esa valoración crítica del plan del 2009 brinda argumentos suficientes como para ambientar un cambio de enfoque en el sentido que inauguró Ungass, el cual debería ser profundizado”.
La tarea no será sencilla. “La CND está más polarizada que nunca, y es difícil imaginarse alcanzando un consenso que apoye avances adicionales”, dijo a Búsqueda John Walsh, experto en política de drogas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés). “Por lo tanto, defender los avances en Ungass es quizás lo mejor que se pueda obtener en términos de una declaración política formal que pueda emerger” de la reunión.
Walsh, que estuvo en Montevideo en varias ocasiones para apoyar la aprobación de la “ley de marihuana”, opinó que países como Uruguay y Canadá pueden seguir avanzando en sus “reformas progresistas, pese a la presión que ejercen algunos órganos de la ONU y gobiernos como el de Rusia”.
Consultado acerca de qué países aliados puede tener Uruguay en Viena como para enfrentar esas presiones, Olivera mencionó a México, Canadá, “buena parte de la Unión Europea”, Noruega, Suiza, Australia y Nueva Zelanda. Porque más allá del tema específico de la regulación del mercado de cannabis, añadió, esos gobiernos comparten la idea de “incorporar la agenda de derechos humanos” y el “desarrollo sustentable” en el tema drogas.
Mientras Rusia y varios países de Asia están en el polo opuesto de Uruguay, la situación de Estados Unidos, otro de los jugadores clave en la arena internacional, es contradictoria. Varios de sus estados aprobaron leyes sobre marihuana—algunas más permisivas que la uruguaya—, pero a nivel federal nada cambió. Incluso, el presidente Donald Trump hizo un “llamado global a la acción sobre el problema de las drogas” que el gobierno de Vázquez decidió no acompañar.
Olivera dijo a Búsqueda que pese a las críticas que recibe la “ley de marihuana”, no hay chances de que la presión internacional de algunos países y organizaciones haga dar marcha atrás al gobierno. “Es una política pública aprobada y desarrollada soberanamente por nuestro país, con fundamentos suficientemente expresados a escala internacional y con diversos recaudos para no afectar a terceros países”, concluyó.
