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Con la firma de 433 funcionarios de la División de Industria Animal, el gremio de inspectores veterinarios del Ministerio de Ganadería (MGAP) presentó el jueves 2 en la Justicia una demanda en contra del Estado por U$S 25 millones, en reclamo del pago del salario mínimo para esos trabajadores y de partidas salariales por mayor carga horaria de años anteriores.
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Mientras, la Asociación de Funcionarios de esa cartera de Estado (Afgap) “viene considerando seriamente un probable escenario de conflictividad general en todos los sistemas de control” del MGAP, que comprendería a Sanidad Animal, Industria Animal, Dilave y los Servicios Agrícolas, por la decisión del Poder Ejecutivo de descontar entre $ 4.000 y $ 10.000 a unos 800 funcionarios, debido a un “pago considerado incorrecto” que realizó Ganadería en concepto de compensaciones por el nuevo régimen especial para extender la jornada de 8 horas y trabajar durante los fines de semana y feriados.
Así lo señaló a Campo el vocero de la Mesa de Industria Animal, Gustavo Castro, quien no quiso adelantar las eventuales acciones que puedan adoptar los trabajadores en ese posible conflicto.
Sin respaldo jurídico
Respecto a la compensación mencionada, aclaró que la misma fue establecida en el artículo 140 de la ley 18.996 de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal de 2012. “Ahora, luego de un año, desde el Ministerio de Economía (MEF) se advierte que estas partidas debían haberse computado para el cálculo del mínimo salarial y se habría abonado de forma incorrecta”, dijo. Según un jerarca del MEF, el Ministerio de Ganadería actuó sin respaldo jurídico, ya que no hubo un cambio en la legislación sobre el mínimo salarial.
La tarea principal de la División Industria Animal, integrante de la Dirección de Servicios Ganaderos, es garantizar la inocuidad de la carne, los productos cárnicos, subproductos, derivados y otros alimentos de origen animal, a efectos de otorgar la certificación sanitaria correspondiente, según consta en el sitio web del MGAP.
Indica que los funcionarios tienen como cometido “realizar inspecciones y el contralor de los procesos en establecimientos de faena, industrializadores, depósitos frigoríficos y pasos de frontera”.
Fuerte apoyo gremial
La demanda ingresó al juzgado civil de 4to. Turno y cuenta con el apoyo de la Asociación de Funcionarios de esa cartera de Estado (Afgap), además de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), que hizo un acompañamiento de las gestiones previas del sindicato en los ámbitos de negociación colectiva —bipartitos y por rama— ante las autoridades del Ejecutivo, precisó Castro. El sindicato de Ganaderia es representado en la Justicia por las abogadas Gabriela Fernández y María Laura Dalgalarrondo, del estudio jurídico de Helios Sarthou.
Entre los firmantes del pedido a la Justicia figuran el ex director de Industria Animal, Héctor Lazaneo, la actual titular de esa repartición ministerial, Ana Robano, y el director adjunto, Jorge Armstrong.
El sindicato de inspectores veterinarios, asociado a la Afgap como gremial madre, considera que en el pago del salario mínimo “el gobierno claramente discriminó a los trabajadores de Industria Animal, al computarse como parte de su salario de ocho horas, de lunes a viernes, la partida que se les abona para extender la jornada laboral y trabajar fines de semana y feriados, que fue el instrumento que sustituyó las horas extras”, según explicó su vocero.
Detalló que el reclamo por diferencia de salarios no pagados durante el período comprendido entre enero de 2011 hasta la fecha, asciende a una suma que se aproxima a los U$S 4 millones. Sin embargo, los reclamos de los funcionarios abarcan otros aspectos que también estan contenidos en la demanda.
Diferencia salarial
Los inspectores veterinarios reclaman al Estado una “diferencia salarial” de ajuste en las partidas por mayor carga horaria del 65,28%, reconocidas en un acuerdo firmado en 2008 con las autoridades del MGAP. Castro consideró que eso el Ejecutivo “nunca lo cumplió, desconoció su compromiso y nunca se instrumentó una solución” a ese tema. Por estas diferencias salariales acumuladas en los últimos cuatro años demandan unos U$S 18 millones, que es lo máximo que legalmente pueden reclamar.
El gobierno, en la Rendición de Cuentas estableció un régimen laboral para los funcionarios de Sanidad Animal, Barreras Sanitarias, Laboratorios Veterinarios y Servicios Agrícolas, que es similar al de los inspectores veterinarios de Industria Animal, lo que quedó reglamentado en un decreto publicado en noviembre de 2013.
Castro señaló que a los funcionarios de esas otras reparticiones ministeriales “les siguieron abonando las retribuciones que venían cobrando por trabajar 8 horas de lunes a viernes —el mínimo o superiores al mínimo— y por encima, como era lo lógico, si debían cumplir más horario, les abonaron las nuevas partidas fijas”.
En los años recientes el sindicato de inspectores veterinarios realizó varias manifestaciones en reclamo de partidas salariales y la incorporación de nuevos funcionarios para reforzar los controles, ya que dicen contar con menos personal por la jubilación y retiro de algunos trabajadores. Esa situación se viene registrando en años recientes cuando al mismo tiempo la carne uruguaya accedió a más mercados, lo que supone mayores controles y auditorías extranjeras en el sector de los frigoríficos y otras industrias cárnicas.
En 2013, la Mesa de Industria Animal realizó paros y adoptó otras medidas que interrumpieron las actividades de faena en las plantas frigoríficas y alteraron la operativa de exportaciones de carne.
