Miguel Ángel Toma. Foto: Nicolás Der Agopián

Las declaraciones de Gavazzo ante un tribunal generaron una crisis histórica que evidenció varias desinteligencias en la Torre Ejecutiva

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Nº2015 - al de Abril de 2019

Sobre el siempre pulcro escritorio del presidente en la residencia de las calles Suárez y Reyes había dos voluminosos expedientes reservados, que en total suman 804 fojas. Además del fallo del Tribunal de Honor dispuesto a los militares Luis Maurente, Jorge Silveira y José Gavazzo, Tabaré Vázquez tenía a su alcance ocho páginas con la firma del hasta ese día comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos.

Sin analizar el contenido de los tribunales que afectaba a los tres oficiales presos y a dos militantes desaparecidos —Roberto Gomensoro y Eduardo Pérez Silveira—, el presidente se concentró en las críticas que el jefe del Ejército había formulado por escrito a “determinadas actuaciones judiciales” y le comunicó que por ese motivo sería relevado.

El posible cese de Manini, que el miércoles 3 dio comienzo de forma oficial a su carrera política, sobrevolaba desde hacía varias semanas los ambientes políticos y militares.

Lo que no estaba en los planes de casi nadie es lo que ocurrió algunos días después. El sábado 30, el periodista Leonardo Haberkorn publicó en El Observador algunos reveladores pasajes de declaraciones ante el tribunal, en especial uno que colocó a siete generales (incluyendo a Manini), al ministro y al subsecretario de Defensa, al secretario de la Presidencia y al propio Vázquez en la mira debido a una notoria omisión: Gavazzo había confesado haber sido el autor de la desaparición del estudiante de Agronomía Gomensoro en 1973 y en conocimiento de un presunto delito, los funcionarios habían eludido notificar a la Justicia como disponen tanto el Código Penal como el reglamento de los tribunales de honor.

Según la versión que Gavazzo ofreció a fines del año pasado a los generales Gustavo Fajardo, José González y Alfredo Erramún, él mismo hizo desaparecer a Gomensoro por orden del entonces jefe de la Región Nº 1 Esteban Cristi, ya que “por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel”.

El ahora teniente coronel pasado a reforma aceptó ante sus pares lo que había negado durante años en la Justicia: “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”.

José Nino Gavazzo
José Gavazzo. Foto: AFP

Silveira, que era subalterno de Gavazzo, según los fragmentos de las actas publicadas fue incluso más lejos y acusó a su superior de haber matado a Gomensoro durante una sesión de tortura en el cuartel de Artillería 1 de Montevideo y también de estar involucrado en la muerte y desaparición de Pérez Silveira (conocido por sus compañeros como el Gordo Marcos) al año siguiente en el mismo cuartel.

Al asumir el primer crimen, Gavazzo se puso en la mira de los generales. Desde hacía años se sabía que la muerte de Gomensoro había ocurrido en el cuartel cercano al Cerro y no en Paso de los Toros, como pretendió la Justicia durante los tres años y medio que tuvo preso al coronel Juan Carlos Gómez, un oficial que integraba el Estado Mayor de la Región III ,pero que era inocente en el caso del detenido arrojado a las aguas del río Negro.

El equipo de investigación histórica de Presidencia y la Comisión para la Paz tenían la versión de que los responsables eran Gavazzo y su superior en la unidad, el teniente coronel Alfredo Rubio, en el ínterin fallecido.

Aunque el tema central del Tribunal era el delicado asunto del llamado segundo vuelo y la muerte de 28 militantes del Partido para la Victoria del Pueblo y los Grupos de Acción Unificadora exiliados en Buenos Aires, el caso derivó hacia el asesinato cometido en 1973, aún bajo el régimen democrático.

La confesión realizada por Gavazzo arrastró también a Silveira, porque los miembros del tribunal encontraron que los dos “afectaron su honor y el del cuerpo de oficiales, al permitir que un camarada (Gómez) fuera procesado con prisión a partir de un falso testimonio (...) por un caso en que ambos tenían conocimiento de su inocencia y no lo declararon ante la Justicia actuante”.

Escrache a José Gavazzo por la salida transitoria que le otorgó el Poder Judicial en 2015. Foto: Santiago Mazzarovich/adhocFotos

Degollina en el piso 11

Una vez que el expediente llegó para su homologación por el Poder Ejecutivo, este decidió hacerlo con los pases a reforma pero no con la absolución del tercero y en el ínterin Vázquez promovió a Erramún y González a cargos de primer orden. 

Pero el lunes 1º, durante la reunión del Consejo de Ministros, el presidente guillotinó de un solo golpe al de Defensa, Jorge Menéndez, al subsecretario Daniel Montiel, al comandante del Ejército González, designado apenas 18 días antes, al también flamante jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Erramún y además anunció que pediría la venia para cesar a los demás generales involucrados: Fajardo, que había presidido el tribunal, pero además a los tres que actuaron como órgano de alzada para juzgar los dos pases a reforma apelados: Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry.

La decisión, que pronto fue calificada como la mayor crisis militar de la democracia, provocó una reacción favorable en el Frente Amplio y en las organizaciones de derechos humanos e indignación en el Ejército, que desde 2005 viene a trancas y barrancas con Vázquez, salvo cuando el ministro fue Eleuterio Fernández Huidobro.

Sin embargo, a medida que pasaban las horas fue quedando más claro que las responsabilidades no solo eran de los militares sino también del mando civil. Los militares, admitieron fuentes castrenses, no habían valorado de forma adecuada las “noticias” aparecidas en las sesiones del Tribuanl de Honor y no lo habían dejado por escrito, como corresponde, con el argumento esgrimido por Manini de que eran una chicana para enlentecer el proceso, pero el mando civil también falló.

Fuentes oficiales confirmaron a Búsqueda que durante la reunión del consejo, que tuvo un momento muy tenso cuando fueron cesados Menéndez (con licencia médica) y Montiel, el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, deslindó responsabilidad y culpó al director general de la Presidencia, Diego Pastorin, por los problemas generados.

Durante la reunión del Consejo de Ministros, Miguel Ángel Toma deslindó responsabilidad y culpó al director general de la Presidencia, Diego Pastorin, por los problemas generados.

Aseguró que envió al abogado Pastorin el expediente con las actas del Tribunal de Honor para que lo leyera y actuara, pero que esa acción se demoró demasiado.

Vázquez inició el Consejo de Ministros planteando su molestia y Toma “se lavó las manos” casi en forma inmediata, dijeron los informantes.

La actitud del hombre de confianza de Vázquez, quien debió haber advertido al mandatario, causó mucho malestar en algunos de los principales dirigentes del Frente Amplio y también generó  “sorpresa” entre varios ministros.

Esa tarde, Toma respondió de forma poco clara a una consulta telefónica de El País acerca de lo que había pasado con el expediente en la Torre Ejecutiva.

El diario transcribió al otro día el diálogo completo e informó que el propio Menéndez, acompañado de sus asesores legales Josefina Nogueira y Alfredo Maeso, había mantenido una reunión con Toma en febrero en la que este fue advertido acerca de la conveniencia de notificar a la Justicia. 

Una alta fuente del Ministerio de Defensa explicó a Búsqueda que la secretaría de Estado  “hizo lo que tenía que hacer” en este caso. “No se cometió ningún vicio formal o error flagrante en todo el proceso. El ministro y el subsecretario se asesoraron debidamente y comunicaron la información a Presidencia”, explicó el informante.

Según esta fuente, que no pertenece al grupo políticamente más cercano a Menéndez, “el ministro hizo lo correcto, se asesoró legalmente y actuó como correspondía, aun teniendo una situación de salud delicada”. 

Sin embargo, en el propio ministerio se reconoce que hubo una “cadena de errores” y que esta se debió a  “una desinteligencia en la conducción política de las Fuerzas Armadas” por parte del Frente Amplio. 

“No hubo error en el proceder del ministro ni en el subsecretario; ambos se comieron un garrón. Acá todos debemos hacer una autocrítica: el gobierno, el Poder Ejecutivo, y ojalá también el Poder Judicial. En términos militares, como dicen los reglamentos, hubo una ligereza de procedimiento”, resumió.

Vázquez y Toma explican. “Lo que yo homologué fue lo siguiente: cuando el señor ministro de Defensa me comunica telefónicamente que tenía el fallo del tribunal, por el cual se pasaba a reforma a Gavazzo y a Silveira, me pareció que estaba muy bien que se pasara a reforma a Gavazzo y a Silveira. Pero cuando me dice que a Maurente no lo pasan a reforma porque entendió el tribunal homologado por el comandante del Ejército del momento que no había afectado el honor del Ejército, yo consideré que sí y le dije: ‘Homologo el pase a reforma de Gavazzo y Silveira y no homologo lo que resolvieron sobre Maurente. No lo homologo’”, dijo el presidente el martes 2 en VTV y Radio Sarandí.

Luego el presidente se refirió al informe elevado por Manini. “Cuando leo el informe noto dos cosas: una, que era un ataque muy fuerte a uno de los poderes del Estado, al Poder Judicial, y dos, las consideraciones por las cuales el Tribunal de Honor había determinado que tenían que pasar a reforma Gavazzo y Silveira. ¿Cuáles eran? No la acusación por la que están juzgados de 28 crímenes, sino que consideraba que tenían que pasar a reforma (...) por esos 28 crímenes que estaban juzgados sino porque habían permitido que un camarada de ellos. (...) Entonces yo dije: ‘Primero, lo de Manini y el ataque a la Justicia no es de recibo y que un comandante en jefe haga esto por escrito y lo firme, esto, yo no lo puedo tolerar’. Y tomé el paso siguiente que fue destituir al señor comandante del momento. Pero también digo: ‘¿Cómo? Acá hubo una persona que siendo inocente estuvo presa. Hay otras dos personas que sabiendo que era inocente dejaron que estuviera presa, porque lo dice el informe”, declaró el presidente.

La versión de Vázquez es parcialmente diferente a la que se expresa en la renuncia presentada por Menéndez. 

“Él se reunió con Toma, Toma vio las actuaciones y le dijo: ‘Esto hay que pasarlo a la Justicia’. Y el ministro de Defensa se llevó todo para su despacho para cumplir la orden. Se enferma el ministro de Defensa, pide licencia médica y entra a actuar el subsecretario. Luego advirtió que ‘cuando en un medio de prensa sale lo que un periodista investigó y publica, a mí me toma de sorpresa porque no leí todo el expediente”, relató Vázquez.

Una alta fuente del Ministerio de Defensa explicó a Búsqueda que la secretaría de Estado  “hizo lo que tenía que hacer” en este caso. “No se cometió ningún vicio formal o error flagrante en todo el proceso. El ministro y el subsecretario se asesoraron debidamente y comunicaron la información a Presidencia”.

La versión que se expresó en un comunicado de la secretaría de la Presidencia va en la misma dirección aunque entra en contradicción con otras dadas por el propio Toma horas antes: la responsabilidad recayó en Defensa porque “habida cuenta que el Sr. Presidente advierte en el juzgamiento de Silveira y Gavazzo conductas con apariencia delictiva, instruyó al entonces ministro de Defensa sobre la necesidad de poner los hechos en conocimiento de la Justicia” y a la vez remitió el expediente a la Asesoría Jurídica de Presidencia.

Trabajo para jueces y fiscales. Después de analizar la información publicada por El Observador y estudiar el reglamento de los Tribunales de Honor, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, llamó el domingo a su subalterno, el fiscal Rodrigo Morosoli, para informarle que al día siguiente le enviaría un escrito solicitándole que investigue si alguien cometió un delito al no comunicar a la Justicia el contenido de las declaraciones de Gavazzo.

El lunes, después de recibir la documentación desde la Presidencia de la República, Díaz envió los expedientes a Morosoli, fiscal de Flagrancia de 13er turno, y también al de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe.

Morosoli envió varios oficios. A la Fiscalía General y a la Suprema Corte de Justicia les preguntó si habían recibido alguna comunicación sobre las declaraciones de Gavazzo, con el objetivo de tener una respuesta oficial sobre el tema. Si la respuesta es negativa, como parece ser, el fiscal deberá evaluar si eso implica que alguien cometió un delito.

Dos oficios fueron al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República para tener toda la “actividad” que tuvieron los expedientes de los Tribunales de Honor militares.

El fiscal también pidió a Radio Sarandí la entrevista que difundió con el presidente Vázquez. Morosoli quiere tener clara cada una de las versiones que dan los involucrados para luego poder compararlas. Recién después de estudiar toda la documentación, prevé comenzar con las citaciones.  

Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Entre tanto, fuentes del ámbito judicial indicaron a Búsqueda que en este caso es difícil que se pruebe un delito penal y que el tema seguramente quedará a nivel político y administrativo.

En el caso de la Fiscalía de Lesa Humanidad, Perciballe ya envió sendos escritos a los juzgados de Paso de los Toros y Penal 27º de Montevideo para analizar la reapertura de las causas.

Durante una reunión del Movimiento de Participación Popular (MPP), el miércoles 3, el exsubsecretario Montiel informó que el contenido de las actas de los tribunales de honor a Gavazzo y Silveira impactarán en al menos cinco causas judiciales relacionadas con los derechos humanos.

Subrayado informó el miércoles 3 que las declaraciones de Silveira apuntan a que Gavazzo integró “una banda paramilitar y policial que se dedicó a realizar secuestros extorsivos durante las dictaduras en Uruguay y Argentina” con el paramilitar Aníbal Gordon desde Automotores Orletti.

Según dijo Silveira ante el Tribunal, Gavazzo participaba y se beneficiaba de las “operaciones económicas surgidas del robo de bienes de desaparecidos” y la “apropiación de inmuebles que pertenecían a militantes políticos secuestrados”.

La declaración de Silveira señala a Gavazzo como responsable directo de decenas de muertes y desapariciones que si no fuera por el exjefe de operaciones del Servicio de Información de Defensa (SID) “hubieran sido 25 y no más de 100”, como aconteció finalmente.

Entre tanto, un nuevo elenco comenzará a trabajar en Defensa: José Bayardi, que ya ocupó esa cartera en el primer gobierno, estará acompañado de Andrés Berterreche, del MPP, con la consigna de aportar calma en el arranque de la campaña electoral.

Claudio Feola, el general de menos antigüedad, dejará la Casa Militar para asumir al frente del Ejército y la jefatura del Esmade pasará a manos de la Armada. 

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