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Un informe elaborado por la División Políticas de Género del Ministerio del Interior indica que durante 2017 hubo 981 policías involucrados en denuncias sobre violencia de género, de los cuales 626 lo estuvieron como indagados. Del resto, 321 policías fueron víctimas, 32 oficiaron como testigos y dos realizaron las denuncias ante casos de terceros que no los involucraban ni directa ni indirectamente.
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Los datos, a los cuales accedió Búsqueda, forman parte de un estudio global sobre la relación entre policías y violencia de género que ya fue presentado a las autoridades del ministerio y prevé publicarse en los próximos días.
Del total de los 626 casos, en el 63% la Policía tomó conocimiento a través de las propias víctimas que se presentaron en persona ante alguna de las unidades especializadas en violencia doméstica y de género que tiene el Ministerio del Interior; el 19% fueron también denuncias de las víctimas pero mediante llamadas telefónicas al 911, el 9% se trató de terceros que se identificaron, el 2% correspondió a denuncias que llegaron desde una institución y el 7% restante fueron acusaciones anónimas.
El protocolo del Ministerio del Interior tiene como objetivos principales “la no tolerancia” frente a los actos de violencia doméstica y/o de género cometidos por sus funcionarios, y la erradicación de todos esos actos cuando estén los funcionarios involucrados en calidad de víctimas o de agresores.
Este último dato resulta de particular importancia para el Ministerio del Interior, señalaron fuentes de la cartera, pues deja sin sustento la preocupación de que muchos policías fueran denunciados adrede y de manera anónima, por conocidos o incluso por integrantes de organizaciones criminales, con el único objetivo de que se les quite su arma de reglamento.
Es que tras la toma de conocimiento, recepción y gestión de una denuncia por violencia de género contra un policía, al oficial se le debe retirar obligatoriamente el arma de reglamento de manera preventiva, ya que “los factores de riesgo asumen una dimensión mayor en el caso de aquel personal que por sus funciones ejecutivas porta armas”.
Esa disposición quedó establecida a partir de un decreto de abril de 2015 del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Tabaré Vázquez, que reglamenta el protocolo de actuación en materia de violencia doméstica en el ámbito del Ministerio del Interior. Según esa norma, todo personal responsable de una situación de violencia doméstica y/o de género será pasible de sanciones disciplinarias que dependerán de su reincidencia en ese tipo de situaciones, de su mayor grado y cargo jerárquico, del incumplimiento de medidas cautelares y del uso de su arma de reglamento durante el hecho denunciado. Una vez retirada el arma se debe comunicar del caso a las unidades ejecutoras u organizacionales donde el oficial cumple funciones, que considerará la actuación del funcionario como falta grave si se constata su responsabilidad en la situación de violencia doméstica.
Servicios desarmados.
El protocolo del Ministerio del Interior tiene como objetivos principales “la no tolerancia” frente a los actos de violencia doméstica y/o de género cometidos por sus funcionarios, y la erradicación de todos esos actos cuando estén los funcionarios involucrados en calidad de víctimas o de agresores. Obliga a todo el personal de la cartera a “denunciar de manera inmediata” cualquier acto de violencia doméstica y/o de género que “involucre al funcionariado de la institución”.
En marzo de 2017, una resolución del Ministerio del Interior que responde a la aplicación del protocolo de 2015, reitera la obligación de quitarles el arma a los policías que son investigados por denuncias de violencia doméstica, y dispone a su vez que se les otorgue un pase en comisión al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), prohibiéndoles que continúen desempeñándose en las unidades ejecutoras u organizacionales a las que pertenecen.
Esa decisión del Ministerio del Interior surgió después de que un policía que había sido denunciado por violencia de género asesinó a su expareja con el arma reglamentaria. En ese momento, el ministro Eduardo Bonomi reconoció que el sistema había fallado.
Según un informe del profesor Gonzalo Corbo, asistente del Instituto de Psicología Clínica de la Facultad de Psicología, la condición de policía expone a sus miembros a mayores tasas de suicidios, divorcios y violencia doméstica contra sus parejas. A través de entrevistas en profundidad a doce policías denunciados, Corbo publicó en mayo del año pasado Violencia con uniforme. Cuando el denunciado por maltratar a su pareja es un policía. “Los aspectos biográficos, los mandatos genéricos y los aspectos organizacionales de una profesión que es de 24 horas generan las condiciones para que a veces estas personas desarrollen violencia contra sus parejas”, dijo en Radio Uruguay sobre su investigación.