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    Bajada a tiempo

    La decisión de la fiscal Sandra Fleitas es acertada y garantista; en menos de un día borró todas las suspicacias que ya se habían empezado a gestar, en un caso que lo último que necesita es sospechas sobre quien lo investiga

    Columnista de Búsqueda

    Si algo no necesita el affaire Cardama, es más ruido. Ya se cruzaron públicamente el presidente actual y el anterior, los ministros de Defensa actual y anteriores, senadores con el secretario y prosecretario de la Presidencia, anuncios de interpelación, acusaciones cruzadas, advertencias de posible estafa y fraude, señalamientos de impulsos demoledores de todo lo anterior, motes de opereta política. No hace falta más en todo este lío de las patrullas oceánicas que eventualmente en algún momento llegarán a Uruguay. O no.

    ¿Por qué digo esto? Porque pudo haber pasado. Todavía estamos ante la posibilidad de que este tema se siga llenando de ruidos, pero al menos es esperable que no ocurran en la fiscalía. El lunes 27 al mediodía la Unidad de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) del organismo asignó en forma aleatoria a la fiscal de Delitos Económicos Sandra Fleitas la denuncia que presentó el gobierno de Yamandú Orsi contra el astillero Cardama por una supuesta estafa contra el Estado uruguayo, al haber presentado una garantía presuntamente falsa. El solo anuncio ya causó algunas reacciones políticas. Por ejemplo, el exintendente frenteamplista de Rocha, Aníbal Pereyra, escribió en su cuenta de Twitter sobre una publicación que anunciaba que sería Fleitas la que tomaría el caso: “No creo en brujas… pero que las hay las hay. ¿Una mano negra? ¿O cosas casuales nomás?”. Pero Fleitas se curó en salud. El mismo día envió el pedido a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, para abstenerse del caso y al día siguiente el documento ya estaba en manos de otro fiscal, Alejandro Machado. Suspicacias afuera, siga, siga.

    Para quienes no siguen de cerca los ringui ranga entre fiscales y políticos, que lamentablemente en los últimos años no paran de crecer, Fleitas fue la fiscal que tomó y luego archivó la denuncia falsa que Paula Díaz hizo contra el hoy presidente Orsi durante la pasada campaña electoral, en la que lo acusaba de haberla golpeado y agredido luego de un encuentro sexual que nunca existió. En aquel momento el hoy prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, era uno de los abogados de Orsi, y en el transcurso de la investigación dijo que Fleitas “no daba garantías”, en especial porque cuando intentaron acceder a la investigación encontraron “un muro de reserva total” que consideró una arbitrariedad por parte de la fiscal. Además, la cuestionó por no haber archivado la investigación cuando la denunciante aseguró en el programa de televisión Santo y seña que hacía una semana había informado que había sido una mentira.

    Cuando hace pocos meses el diario El País hizo un perfil sobre la fiscal, se le planteó que había quienes decían que el hoy prosecretario, en su etapa como fiscal de Corte, la había “perseguido” y que eso quedaba evidenciado en distintos traslados que había tenido. Sin embargo, ella fue más cauta. “No lo tomé tanto como algo institucional, que desde el jerarca podía venir una persecución. Lo tomé como que podía haber alguna otra cosa, como se dice ‘algún otro callito que se hubiera tocado’ y que pudiera tener algún otro tipo de influencia”, dijo entonces.

    Pero además de las diferencias con Díaz, Fleitas es la fiscal que pidió la imputación del exsenador del MPP y exdirector del Ministerio del Interior Charles Carrera por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada en el caso de la asistencia a Víctor Hernández en el Hospital Policial entre julio de 2013 y diciembre de 2016, después de haber sido baleado en 2012 en La Paloma, presuntamente por disparos efectuados desde una propiedad del ministerio durante una fiesta. Carrera ha acusado a la fiscal de tener “malicia” y de querer callarlo cuando pidió que no se le dejaran usar redes sociales.

    Otro hecho que puso a Fleitas en la mira de algunos fue la propuesta de Cabildo Abierto para que ella fuera una de las integrantes de un eventual triunvirato en caso de que no se encontrara un nombre de consenso para la Fiscalía de Corte. Allí unos cuantos la miraron de reojo. Si la propone Cabildo, por algo será, piensan quienes no pueden evitar el filtro partidario para todas las cosas.

    Y el último hecho que la ponía en un lugar incómodo es que Fleitas es amiga desde hace mucho tiempo de Fabián Martínez, exdirector de Secretaría del Ministerio de Defensa en la pasada administración, y que, según aseguró Díaz en la diaria Radio, fue quien recibió las garantías de Cardama para el contrato de construcción de las patrullas oceánicas.

    De todas formas, los dos argumentos que presentó Fleitas ante la fiscal Ferrero para abstenerse fueron lo que considera como agravios por parte de Díaz en su actuación en la denuncia contra Orsi y su amistad con Martínez. Lo de Carrera y lo de Cabildo son agregados de esta columna para que se comprenda por qué la decisión fue la mejor.

    Sinceramente, sería deseable que ningún fiscal tuviera que renunciar a un caso por enfrentamientos con políticos, pero sobran los ejemplos de estos últimos. No es solo Díaz y Fleitas. También fueron dirigentes de Cabildo Abierto contra el propio Díaz cuando pidieron su destitución en 2020. Fueron también integrantes del Partido Nacional con la fiscal Stella Alciaturi, que tuvo en primera instancia el caso del intendente Guillermo Besozzi, o contra la fiscal del caso del exsenador Gustavo Penadés, Alicia Ghione. Y podríamos seguir. Cada vez que hay un político investigado, hay políticos cuestionando a fiscales. Una pena.

    Por eso la decisión de Fleitas es acertada y garantista. En menos de un día borró todas las suspicacias que ya se habían empezado a gestar, en un caso que lo último que necesita es sospechas sobre quien lo asume. Esto recién empieza y habrá miles de puntos de conflicto hasta que se llegue al final, pero no necesita más ruido ni fiscales bajo lupas partidarias. El fiscal que tomó ahora el caso es Alejandro Machado. Sí, el mismo que está investigando la eventual destrucción de los chats entre los exviceministros Carolina Ache y Guillermo Maciel en el caso de Sebastián Marset. Nada menos. Esperemos que la resolución a la que llegue, cualquiera sea, no lo ponga en la mira pro- o antigobierno a la hora de encarar el ya entreveradísimo tema de las patrullas. ¿Apostamos?