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Cardama desiste de demanda millonaria contra el Estado y “analiza otros caminos” a seguir
El astillero había pedido una instancia de conciliación previa para forzar al Estado a ejecutar el contrato y recibir casi 50 millones de euros en daños y perjuicios, pero desistió después de que el gobierno rescindiera el acuerdo
Yamandú Orsi firma la rescisión de contrato con astillero Cardama.
El astillero Cardama desistió de la demanda civil millonaria que había presentado contra el Estado uruguayo y “analiza otros caminos” a seguir, menos de dos horas después de que el gobierno rescindiera el contrato.
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El presidente Yamandú Orsi anunció el 13 de febrero que el Poder Ejecutivo había rescindido el contrato firmado con Cardama en diciembre de 2023 para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por 82 millones de euros. En la tarde de ese mismo día, un abogado de Cardama presentó un escrito a fin de solicitar que quedara sin efecto la convocatoria a una audiencia de conciliación fijada para el 16 de marzo.
“Entiende mi mandante que ya no hace sentido la conciliación solicitada y analiza otros caminos que considera más adecuados para la defensa de sus derechos”, dice el documento presentado ante el Juzgado de Conciliación de 2º turno por un abogado del estudio Hughes & Hughes.
Búsqueda consultó al titular del astillero, Mario Cardama, para intentar conocer cuál podría ser esa nueva estrategia. El empresario leyó el mensaje, pero no lo respondió.
Cardama había pedido la conciliación con el Ministerio de Defensa el 18 de diciembre, el paso previo a iniciar una demanda civil, según surge del expediente al que accedió Búsqueda.
Portada expediente
En el escrito, el astillero sostuvo que el acuerdo de construcción se estaba desarrollando con “razonabilidad y sobrellevándose las dificultades ordinarias de forma correcta por las partes, esto es, priorizándose el avance de la ejecución del contrato”.
Relató que el contrato firmado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou exigía que Cardama constituyera dos garantías: una de fiel cumplimiento por 4.113.500 euros y otra de reembolso por 8.227.000 euros. El astillero “oportunamente hizo llegar” al Estado uruguayo “los documentos pertinentes a ambas garantías”.
Los abogados de Cardama recordaron que el 22 de octubre de 2025 el gobierno dio una conferencia de prensa en la que denunció que la garantía de fiel cumplimiento, confeccionada por EuroCommerce Bank, “habría sido emitida en forma fraudulenta”. Ante esto, el Estado y el astillero presentaron denuncias penales.
El escrito dice que las autoridades uruguayas fueron más allá de cuestionar la garantía y, en la conferencia que lideró el presidente Orsi, anunciaron que iniciarían “acciones para rescindir el contrato con la empresa Cardama”, por “fuertes indicios” de que habría ocurrido un fraude contra el Estado.
“De ese modo, el Estado, extremando al máximo todo su poder comunicacional, instaló fuertemente la idea de que Cardama era responsable del fraude, sin respetar en ningún caso la presunción de inocencia”, describe el documento. Agrega que la conferencia de prensa fue la primera de muchas “manifestaciones, suspicacias y ensombrecimientos sobre Cardama difundidos hasta el hartazgo por el Estado a través de diversas autoridades”.
La confidencialidad del contrato
En el escrito de diciembre, el astillero denunciaba que esas acciones de Uruguay se hicieron sin respetar la confidencialidad del contrato y dejando entrever que el objetivo real del gobierno de Orsi no era el contrato con Cardama, sino “el señalamiento de los errores, faltas de profesionalismo, de criterios, de voluntad y fracasos acumulados por anteriores administraciones”. Así, el Estado, a través del Ministerio de Defensa, “no ha actuado como cocontratante interesado en la buena fe del contrato”.
De acuerdo con la empresa española, toda esa conducta y, en particular, el anuncio de que avanzarían sobre la rescisión, impactó “en todos los proveedores” e hizo inviable el contrato.
“Las circunstancias de haberse desarrollado todo ello con abierto desprecio por el resultado dañoso a Cardama, comporta una actitud más bien dolosa y, como consecuencia, se deberán resarcir no solo los daños previsibles sino también aquellos no previsibles”, dice el escrito.
Cardama explicó al final de su pedido de conciliación que “si bien la intención es reclamar el cumplimiento del contrato”, también perseguía el objetivo de recibir una “compensación de los ingentes daños y perjuicios que le han sido generados”. Además, dejaba la puerta abierta a que “finalmente solo pueda reclamarse la rescisión del contrato y la condena al Estado uruguayo a la compensación de los grotescos daños infringidos por su parte a Cardama”.
En cuanto al monto del reclamo, incluía ejecutar el contrato y así recibir los 53.576.000 euros para continuar con la construcción de las dos OPV. Sobre esa suma, había que hacer una “recomposición de la ecuación económica” que todavía no había calculado, pero que seguía “incrementándose conforme la gravedad de los sucesos”. Además, estimaba que los daños ya causados al astillero trepaban a no menos de 48.000.000, cifra que podía crecer.
En cuestión de horas
Tras ese planteo del astillero, el juzgado citó a una conciliación previa el 16 de marzo a las 13.30 y notificó a Defensa.
Pero entre el escrito y esa fecha prevista, el gobierno rescindió el contrato por “incumplimientos graves” del astillero. El 13 de febrero, pasadas las 12.30, el presidente Orsi dijo en conferencia de prensa que el Poder Ejecutivo decidió “iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo” y “definir responsabilidades institucionales e individuales” ocurridas en el marco de la aceptación de las garantías que entregó Cardama.
Orsi y Diaz
Presidente Yamandú Orsi y prosecretario Jorge Díaz durante el anuncio de la rescisión del contrato con Cardama.
Menos de dos horas después, a las 14.22, el abogado de Cardama ingresó al juzgado la solicitud para dejar sin efecto la conciliación. Era un escrito de apenas tres párrafos. La jueza Karen Leticia Ramos emitió una resolución para dar cumplimiento con ese pedido y archivar el caso, la que fue notificada a Defensa el jueves 5 de marzo.
Esta decisión no impide que Cardama pueda volver a presentar una demanda contra el Estado, explicó un abogado consultado. No obstante, añadió que el astillero también podría haber modificado el alcance de su pedido de conciliación inicial en lugar de desistir.
