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La posibilidad de vida de Jonathan terminó hundida no una, sino varias veces en la maraña de una burocracia que destina ingentes cantidades de dinero a generar dispositivos que, aunque muchas veces son redundantes, otras tantas no funcionan porque la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha
Termino de leer los detalles de la vida y muerte de Jonathan Correa y toda la bronca que traía encima es aplastada por una sensación de profunda tristeza. Pienso en el infierno que fue la vida para ese adolescente casi niño. En el horror de ser molido a golpes constantemente por un entorno que, lejos de protegerlo, se dedicó a destrozarle la vida hasta, finalmente, matarlo. Y pienso también que Jonathan, que casi no conoció otra cosa que violencia, se las ingenió hasta el último momento para seguir estudiando. Pienso en los cientos de oportunidades perdidas, de vidas dilapidadas. Pienso en la distancia abismal que existe entre el país que creemos ser y el país que realmente somos.
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Y pienso, claro, en que el Estado recibió 14 denuncias a lo largo de los 15 años de vida de Jonathan. Pienso en el CAIF donde detectaron las primeras señales de la violencia extrema contra él. Pienso en la Policía, que recibió las denuncias a lo largo de los años y, en apariencia, no hizo mucho más que visitar su casa. En la UTU de Flor de Maroñas, que era donde Jonathan estudiaba y que fue la institución que hizo la última denuncia. Catorce denuncias en 13 años y, de alguna forma, nadie fue capaz de garantizarle nada a un pibe que, en medio de esa nube de violencia que lo acompañó toda su corta vida, fue capaz de estudiar, de ser becado, de hacer todo lo que estuvo al alcance de sus posibilidades para salir de ese dolor, que fue casi lo único que conoció.
Jonathan, que recibió trompadas y patadas toda su existencia, fue capaz de estudiar en condiciones en las que la inmensa mayoría de nosotros moriría de puro dolor y angustia. Jonathan, que era buen alumno, estaba dentro del sistema que se suponía lo protegía de quien se suponía era su núcleo de protección más inmediato, la familia. Yo no sé si nos damos cuenta, a mí me cuesta medirlo en este momento, de cuanta resiliencia, cuanto aplomo, cuanta entereza se necesita para seguir adelante cuando la brutalidad familiar es el único ecosistema que has conocido. Pero es precisamente para cuando las familias son como la de Jonathan que tenemos ese nutrido dispositivo estatal que debería sostenerlo. Y que le falló 14 veces a lo largo de su vida.
En estas columnas se suele recordar el problema que supone para el futuro (y el presente) del país que la mitad de los jóvenes no terminen el ciclo de bachillerato. Y, en particular, que ese porcentaje llegue hasta el 80% entre los más pobres. Es un problema por las trayectorias truncas y por el hecho de que todos esos jóvenes tienen altas chances de vivir el resto de su vida colgados de un pincel. Es un problema que, se supone, se puede evitar mientras esas trayectorias sigan dentro de la red de protección que brindan liceos, UTU, INAU y Mides. Una red que se prolonga en el BPS al comenzar la vida laboral. Y sin embargo, a Jonathan esa red no lo protegió. No solo les fallamos a quienes no egresan; les fallamos también a quienes egresan. O lo harían, si su padre no los matara a palos.
Los que carecemos de formación religiosa no le damos demasiada pelota a la culpa en el sentido cristiano. La confesión y el arrepentimiento no sirven para corregir deficiencias del Estado. No hay proyección a futuro si solo se busca encontrar responsables para después seguir haciendo más o menos lo mismo. Por supuesto, en casos como este es bueno poder trazar la cadena de (ir)responsabilidades que terminó en el asesinato de Jonathan. El problema extra aquí es que el Estado le falló a uno de los más resilientes, a uno de los mejores. Por eso, más importante que encontrar culpables y darse golpes en el pecho es lograr que la protección no falle de forma catastrófica, como ocurrió.
“El sistema educativo y el sistema de protección se crearon separados, se desarrollaron separados y no dialogan”, apunta el sociólogo Pablo Menese, especialista en temas educativos. Para ejemplificar esa falta de diálogo y coordinación, Menese armó un pequeño mapa que subió a X, en el que se muestra que, en un radio de menos de 20 cuadras de la UTU a la que asistía Jonathan, hay cinco centros juveniles dependientes del INAU. La UTU y la ANEP no denuncian las situaciones de violencia directamente a la Policía. Es el INAU quien puede denunciar.
Sin embargo, existe el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia (Sipiav), que debe coordinar estas situaciones. Pero el Sipiav nunca unificó las 14 denuncias previas en un solo expediente que delatara el riesgo de vida en que estaba Jonathan. Al tratar cada denuncia como un evento aislado, el sistema nunca asignó un equipo en territorio. Y eso pasó aunque la palabra territorio se repite más que el ajo en todos los discursos que dan las autoridades relacionadas con asuntos de protección social. Triste forma de recordar a los constructivistas sociales que las palabras no equivalen a los hechos.
Los fallos no terminan en el Sipiav. En noviembre de 2025, tras una denuncia de la UTU por golpes visibles, la jueza de Familia de 4º turno, Rossana De Fraschini, emitió una orden para que el Estado interviniera. Pero como la orden se tramitó sin señal de urgencia (el funcionario policial anotó “aguarde” en lugar de “aborde”) el INAU declaró no haber recibido nunca un pedido de intervención. La posibilidad de vida de Jonathan terminó hundida no una, sino varias veces en la maraña de una burocracia que destina ingentes cantidades de dinero a generar dispositivos que, aunque muchas veces son redundantes, otras tantas no funcionan porque la mano izquierda no sabe lo que hace la derecha. Y eso es parte de un problema de diseño institucional.
Históricamente (la tesis doctoral de Menese recorre justamente la trayectoria político institucional que nos dejó acá), Uruguay tiene un sistema de entes autónomos muy fuerte. Esa autonomía, que fue concebida para dar garantías al sistema democrático, termina siendo un caos a la hora de intentar coordinar de manera eficiente la protección social. El Sipiav, que se creó precisamente para solventar estos casos, terminó siendo una estructura que registra la tragedia y apenas recomienda qué hacer, pero no tiene el poder de intervenir.
Esto no quiere decir que nadie viera nada o nadie hiciera nada. Según relata el periodista Joaquín Symonds, la Policía fue varias veces a la casa de Jonathan, “una vivienda de una sola pieza, con todo integrado en el mismo espacio, donde vivían el menor de edad, sus padres y una hermana de nueve años”. Pero sin un sistema nervioso central capaz de conectar los datos que surgían de las múltiples denuncias de violencia, nadie en el Estado logró detectar el peligro inminente que corría la vida del niño. Cuando tu red es un conjunto de hilos que no se terminan de anudar con otros, los que están en la red terminan cayendo también. Y es así como le terminamos mintiendo a Jonathan y a todos los futuros Jonathan, diciéndoles que todo va a estar bien porque así lo dice el lugar maravilloso que ocupamos en algún ranking internacional de derechos, mientras a él lo mata su padre en la vereda de su casa y todos miramos para otro lado, antes de echarnos las manos a la cabeza.