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Ciertas reformas económicas han perdurado en las últimas décadas con distintos gobiernos y hubo otros avances recientes; ahora, la estrategia del nuevo ministro luce desafiante por la dimensión de las transformaciones requeridas
Algunas reformas económicas hechas hace décadas en el país han trascendido a los sucesivos gobiernos. Eso expone una maduración de nuestro sistema político en cuanto a cómo se concibe la estabilidad y la previsibilidad de ciertas variables. Se puede decir que, más allá de matices y énfasis diferentes con cada nueva administración, hay una suerte de política de Estado que da continuidad a la gestión macroeconómica.
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Tal progreso es en beneficio de toda la ciudadanía, que hoy disfruta de niveles de inflación relativamente bajos para lo que es la historia uruguaya, de una también relativa apertura al comercio exterior —con acceso a diferentes bienes importados— y a importantes libertades financieras.
En materia fiscal, la izquierda —con Danilo Astori como pontífice— fue internalizando la importancia de que los equilibrios son necesarios para que la economía funcione sin resquemores y que no hay soluciones mágicas para los propósitos de equidad social. Si la torta no crece, no hay qué repartir. Y la torta no crece si la temperatura del horno sube y baja de manera errática, lo que sucede en contextos de inestabilidad.
En el gobierno pasado estos avances conceptuales tuvieron un correlato institucional que, sin embargo, no debería dejarnos conformes. Con la Ley de Urgente Consideración se instauró una regla fiscal que estableció tres pilares de restricción a la gestión financiera que operaron con éxito en los primeros años del período pero, al final, coincidiendo con el año electoral, resultaron incumplidos. Aunque las razones del desvío pueden ser justificadas en algún caso, lo cierto es que el déficit, que se había prometido abatir de manera significativa, terminó siendo no muy diferente al de 2019 en términos del Producto Interno Bruto. Eso obliga, otra vez, a que un nuevo gobierno deba moverse con cuidado y actuar para que el nivel de deuda se mantenga sostenible a largo plazo, a riesgo de que vuelvan las dudas y que eso se transforme en mayores costos de financiamiento para nuestro país y, en definitiva, para los contribuyentes.
En ese sentido, es positivo el anuncio de las nuevas autoridades del Ministerio de Economía de una agenda de trabajo para diseñar y proponer al Parlamento este mismo año mejoras a la actual regla fiscal, por ejemplo, introduciendo un ancla de mediano plazo basado en un nivel de deuda prudente e incorporando “cláusulas de escape” que mejorarían el enforcement para cumplir con lo estipulado. También va en dirección correcta la idea de dotar al Consejo Fiscal Asesor de mayor potencia en su rol de auditor.
Pero ya hemos comprobado que la institucionalidad, al menos la que está vigente, no alcanza para forzar las correcciones fiscales que se precisan. En ese sentido, habrá que ver si es o no exitosa la estrategia planteada por el ministro Gabriel Oddone de procesar una gradual “consolidación” sustentada solamente en lo que derivaría de elevar la tasa de crecimiento económico —sin necesidad de un ajuste clásico que suba impuestos y recorte gastos—, para lo cual es imprescindible hacer reformas que pueden encontrar resistencias dentro del propio oficialismo y en sectores sindicales y empresariales. Si no se bajan los costos burocráticos ni se adoptan otras acciones que suelten ataduras y favorezcan la competencia en los distintos mercados, la actividad empresarial no va a crecer más. El riesgo, para el país y para Oddone como ministro, es que su estrategia resulte un enunciado de “cuentamusas”, como él mismo reconoció.
Esperemos que eso no ocurra y que el ministro supere las muy probables resistencias y logre avanzar con las reformas imprescindibles como para generar un crecimiento económico duradero. No hay otro camino.
