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Hay un problema de tiempos. Los cambios tecnológicos van a un ritmo y la política a otro muy distinto. Tan grande es la brecha que cada vez se hace más difícil que esos dos mundos puedan cruzarse en un futuro cercano. La revolución tecnológica construye y destruye todo en segundos, mientras que la política puede tardar meses, o a veces años, en tomar las decisiones más trascendentes. Cuando las toma.
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No es nuevo este divorcio. Lleva años y, en algunos aspectos, no está mal que así suceda. Es importante que el sistema político procese de manera lenta y detallada las discusiones sobre las cuestiones importantes. La inmediatez no le juega a favor. Al contrario, muchas veces lo que genera son apresuramientos peligrosos, que derivan en errores. Es fundamental para la salud de la democracia tomarse los tiempos necesarios y contemplar todos los puntos de vista.
Pero eso no significa que no se precise un aggiornamento. En momentos en los que prácticamente toda la población mayor de 14 años tiene un teléfono celular y se expresa a través de él sobre distintos temas, en los que la información suele estar al alcance de dos o tres clics y las redes pueden llegar en segundos hasta el rincón más apartado del país, no parece sensato no utilizar esos avances para mejorar el funcionamiento de la democracia representativa.
El problema es que para eso el sistema político debe formarse en el manejo de los avances tecnológicos. Ya no alcanza solo con recorrer los poblados para visitar a los votantes o aparecer en los distintos medios de comunicación o contratar estudios de opinión pública para saber qué está ocurriendo entre los ciudadanos o pronunciar discursos floridos como forma de intentar convencer. Ahora hay un mundo nuevo, digital, que es necesario entender para poder utilizar.
Claro, primero hay que estar dispuesto a hacerlo. Y las señales van en sentido contrario. En la última edición de Búsqueda, una nota del periodista José Frugoni informó que el Parlamento ofreció un curso sobre inteligencia artificial (IA) para legisladores, pero solo se anotaron 15 diputados y ningún senador.
El programa, pensado especialmente para dirigentes políticos, estaba centrado en la toma de decisiones públicas y su objetivo era acompasar la política a las nuevas tecnologías. La nota informa que “según el documento elaborado por Ceibal, el Centro Interdisciplinario en Ciencia de Datos y Aprendizaje Automático (Cicada) y la Facultad de Ingeniería —las instituciones a cargo de llevar adelante la capacitación junto con la Cámara de Representantes—, el objetivo era que los participantes contaran con herramientas que les permitieran ‘comprender los fundamentos de estas tecnologías, sus aplicaciones reales y sus implicancias políticas, sociales y regulatorias’”.
Uno de los participantes expresó a Búsqueda su malestar por la escasa presencia de legisladores. “No van ellos, mandan a un secretario o a un asesor. Eso es un problema de cabeza que hay que cambiar. Se supone que los legisladores son quienes tienen la responsabilidad de legislar y regular sobre estos temas, pero no son los primeros usuarios de esto, cuando deberían serlo”, cuestionó.
Tiene toda la razón. Ese es el distanciamiento que más preocupa. Que la tecnología vaya muchísimo más rápido que la política es lógico, pero lo que está mal es que los políticos miren para el costado, que no les importe lo suficiente saber qué es lo que está pasando.
Es en el Parlamento, en la “casa de la democracia”, donde se encuentra la mayor cantidad de representantes del pueblo. Allí debería existir un puente de ida y vuelta y con mucha circulación entre políticos y ciudadanos. Es uno de los mejores lugares como para experimentar de qué forma se puede mejorar la democracia a través de los avances tecnológicos. Pero primero hay que asumir que existen y que es necesario estudiarlos como para poder incorporarlos. De lo contrario, lo único que puede perdurar y hasta agrandarse es la desinteligencia parlamentaria.
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