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La justificación doctrinaria señalada desde el Ministerio de Trabajo de que toda huelga provoca afectaciones no debería ser aceptable en casos en los cuales se daña abiertamente el “interés general” del país
Por distintas circunstancias, varios sectores de actividad están registrando altos niveles de conflictividad. En el caso de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), por donde pasa la mayor parte de los contenedores movilizados a través del Puerto de Montevideo, las consecuencias se han extendido mucho más allá de la propia empresa y de sus trabajadores, por la duración del conflicto y las medidas de afectación a la operativa.
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La discusión del convenio laboral lleva ya varios meses, y si bien TCP y su sindicato acercaron posiciones sobre algunos aspectos, la negociación sigue respecto, por ejemplo, a la cantidad mínima de jornales de trabajo por trabajador, el plazo de duración del acuerdo y las condiciones para asegurar la “paz sindical”. El Ministerio de Trabajo (MTSS) entró a terciar entre las partes a mediados de este año aportando diferentes propuestas.
Amparados en el derecho de huelga, los operarios de TCP han realizado paros y otras medidas que alteraron la normalidad en la terminal más de 30 veces en lo que va del año. La semana pasada, la empresa solicitó decretar la esencialidad del servicio y una resolución firmada por los ministros Juan Castillo (Trabajo) y Lucía Etcheverry (Transporte y Obras Públicas) instó a las partes a negociar “servicios mínimos de funcionamiento y operación”, lo que se enmarca en los principios desarrollados por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo en procura de “compatibilizar” el ejercicio sindical con la protección de los “intereses generales” ante la “afectación relevante” de la actividad portuaria. Vencido el plazo de 72 horas para esa discusión, y sin resultados concretos, otra resolución dispuso con “carácter transitorio y limitado”, que “deberán garantizarse servicios mínimos que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables” en la terminal.
Aunque con muchos perjuicios para el país —a los sectores vinculados al comercio exterior, a la reputación del propio puerto, en un momento de caída de la actividad y fuerte competencia regional por las cargas que ya estaban consumados—, la actitud del Ejecutivo es positiva para asegurar condiciones mínimas de operación en TCP y como señal política.
Días atrás, ante una comisión del Senado, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto, explicó que la normativa solo permite decretar la esencialidad en los servicios cuya distorsión por un paro pueden llegar a afectar la vida, la salud o la seguridad de parte o toda la población. También afirmó que, “guste o no”, la “huelga más efectiva (…) es aquella que causa mayor grado de perturbación. (…) Por lo tanto, hay que tomar con naturalidad esto de la perturbación que genera la huelga”.
Como le señalaron varios senadores de la oposición, la justificación doctrinaria a favor del derecho sindical no debería interpretarse del mismo modo cuando entra en clara contradicción con el interés general de la población y del país, como es el caso de la terminal de contenedores en el puerto. Naturalizar cualquier tipo de “perturbaciones” derivadas del ejercicio de la huelga supone asumir un riesgo muy alto para un país cuya economía crece poco y le urge incrementar sus niveles de inversión. Sin violentar derechos gremiales, el conjunto del gobierno tendría que estar alineado respecto de eso. No toda acción sindical debería ser tolerable. También los sindicatos deberían asumir con mayor responsabilidad sus acciones, y ejercer el derecho de huelga midiendo que los costos no dañen al Uruguay todo.
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