La impunidad al palo

Bueno, resulta que hace algunos días, luego de la reunión entre el presidente Yamandú Orsi y representantes de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, nos enteramos de que un militar retirado, requerido por la Justicia y prófugo, gestionó una “fe de vida” en el consulado uruguayo en Miami sin que se notificara a Interpol. Esta fe de vida, según aseguró Ignacio Errandonea, integrante de la organización, es necesaria para que pueda seguir cobrando su jubilación. Así como lo leen. Pero esto no termina acá. No es el único caso, y en principio no hay una forma legal vigente de impedirlo. ¿Shockeados?

Sigamos porque esto solo empeora. En la misma nota se relata que, según el Ministerio de Defensa, de esos 15 hay dos fallecidos y cuatro que viven en el exterior y se les están reteniendo los haberes. Otros seis están radicados o presos en otro país y cobran jubilaciones o pensiones por acreditar fe de vida, aun cuando, de acuerdo al informe elaborado por Perciballe, “se recibieron comunicaciones de sedes judiciales informando que se encontraban prófugos en el exterior”. Y los otros tres, que tienen residencia declarada en Uruguay, continúan cobrando, porque no se recibieron comunicaciones judiciales que lo impidan.

Pero este tema no era desconocido en el gobierno. En mayo de 2025, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, había señalado que no le parecía congruente que quienes están prófugos, “particularmente en el caso de delitos de lesa humanidad, sigan recibiendo sus haberes para pasar sus vacaciones por allí”. Ese mismo día adelantó que se tomarían medidas “para que esa situación bochornosa no continúe”. Y sí.

Lazo entonces comenzó a trabajar en un proyecto de ley para que se suspendieran las prestaciones de seguridad social “para toda persona que se encontrara requerida por la Justicia y no se hubiera presentado ante la misma o no se hubiera logrado aún su captura”. No solo militares. Cualquiera. Tiene sentido, ¿no? Sentido común. Resultaría llamativo que los parlamentarios no lo apoyaran. Puede haber alguna excepción, es obvio, pero alcanzar una mayoría para esto no debería ser difícil.

Hay un antecedente cercano que atenta contra todo lo que cualquiera pueda entender como lógico y es el del coronel retirado Eduardo Ferro, condenado por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977. Estaba prófugo, se le retuvieron los haberes, pero hizo un reclamo y la Justicia ordenó que se le reintegraran los $ 6 millones y medio que entendió que se le debían. ¿Se dan cuenta? ¿No configura esto la contravención más absoluta a lo lógico? Bueno, parece que no.

Perciballe aseguró que, a pesar de informar al Servicio de Retiros y Pensiones, “ellos miran para el costado, no le piden fe de vida y le siguen pagando igual”. Dale nomás.

Puede ser difícil de comprender, pero la ley vigente establece dos causales que llevarían a la suspensión de las jubilaciones. Una es que exista una sentencia de condena y la otra, que quienes fijan residencia en el exterior no acrediten la fe de vida. O sea, el prófugo la presenta y sigue cobrando. Como si nada. La normativa lo avala. E incluso sin presentarla, de acuerdo a las palabras de Perciballe. Si tienen presente el meme de la mujer con rostro desconcertado y miles de números y signos en su cabeza, podrán ajustarlo perfectamente a esta situación. ¿Cómo es posible?

“Mi planteo es que están desacatando una comunicación judicial, están encubriendo a una persona y, eventualmente, cometiendo un fraude porque le están pagando cuando no tienen acreditado que la persona viva”, dice Perciballe. Claro, entendible. Pero miremos más allá aún. Son personas que están prófugas de la Justicia. ¿Qué normativa puede avalar que se le sostenga económicamente la vida al que escapa de su responsabilidad judicial? De locos.

Y en el momento mismo de que algún prófugo presente su fe de vida en algún consulado, señores, el aviso a Interpol debería, si usamos la lógica, ser inminente. Pero no, la lógica no está primando.

Entonces pienso en todos los que, después de décadas, siguen esperando que algún hueso que cada tanto aparece enterrado, cubierto de cal, con las manos atadas o con algún balazo, sea por fin el suyo. Mientras cientos de familias viven a la espera de justicia, la propia Justicia les da la espalda.

Seguramente quienes miran con odio todo lo vinculado a los crímenes cometidos por el Estado durante la dictadura pensarán que este es otro tema vinculado a la venganza. Pues no. Es justo. Si personas requeridas por haber cometido crímenes espantosos no se presentan ante el llamado judicial, vos, yo, todos, lo seguimos sosteniendo económicamente para que pueda transitar su vida como si nada hubiera sucedido. Como si no tuviera el deber de dar información, como si todos esos cuerpos enterrados quién sabe dónde no tuvieran el derecho de ser encontrados. Como si las familias no pudieran, de una vez por todas, descansar en paz. Este 20 de mayo, cuando se cumplen 30 años de la primera Marcha del Silencio en reclamo de memoria, verdad y justicia, las familias que reclaman con sus fotos —lo único que les queda de sus hijos, padres y hermanos— que les digan dónde están y que no los olviden, deberán cargar, además del dolor infinito que se perpetúa año tras año, con la certeza de que les siguen tomando el pelo.