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Las plataformas digitales y una oportunidad histórica para Uruguay
En la era de la desinformación a escala, Uruguay tiene la posibilidad y la responsabilidad de liderar con el ejemplo: demostrar que es posible compatibilizar libertad de expresión y mitigación de riesgos sistémicos, que la gobernanza de las plataformas no es una concesión, sino una oportunidad para la democracia, y que el diálogo informado y plural es la mejor herramienta para lograrlo
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La historia reciente de internet es también la historia de una transformación profunda en los modos en que circula la información, se forman las opiniones y se construye la deliberación pública. Lo que comenzó como una promesa de apertura y democratización de la palabra, en la que cualquier persona podía expresarse en igualdad de condiciones, hoy enfrenta una realidad marcada por la concentración de poder en pocas manos, un diseño no tan transparente de los algoritmos y la amplificación masiva de la desinformación.
La desinformación ya no es un problema marginal ni episódico. Es un fenómeno sistémico que combina la producción de contenidos falsos o engañosos con herramientas de inteligencia artificial, explotación de datos personales para microsegmentar mensajes, redes de cuentas falsas para amplificar narrativas y sistemas algorítmicos que refuerzan sesgos y crean cámaras de eco. Desde el escándalo de Cambridge Analytica y su influencia en el Brexit hasta la incitación a la violencia contra minorías o la diseminación de narrativas falsas en contextos electorales y de salud pública, hemos visto cómo este fenómeno puede socavar procesos democráticos, afectar derechos humanos y polarizar a sociedades enteras.
En su reciente visita a Uruguay, la exrelatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Catalina Botero lo ha expresado con claridad: el problema no es decidir qué es verdadero o falso, sino establecer obligaciones claras y exigibles sobre los mecanismos que permiten la amplificación masiva de contenidos dañinos. La regulación no debe convertirse en censura, sino en un marco de transparencia significativa, rendición de cuentas, evaluación de riesgos sistémicos y garantías de debido proceso para los usuarios.
En este contexto, las Directrices para la Gobernanza de las Plataformas Digitales de la Unesco ofrecen un marco normativo y de acción sin precedentes. Elaboradas tras un proceso participativo global que reunió más de 10.000 comentarios de 134 países, las directrices no buscan regular contenidos, sino los procesos mediante los cuales las plataformas toman decisiones que afectan derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad y la participación ciudadana.
Sus cinco principios centrales —transparencia, controles y equilibrios institucionales, gobernanza abierta e inclusiva, diversidad y fortalecimiento de capacidades y protección de la diversidad cultural— marcan una hoja de ruta clara para que los Estados, las plataformas, la sociedad civil, el mundo académico y los medios de comunicación asuman una responsabilidad compartida en la construcción de una internet de confianza.
Para Uruguay, este momento representa una oportunidad histórica. El país cuenta con una sólida tradición de defensa de la libertad de expresión, un ecosistema activo de sociedad civil y academia y un marco institucional que puede facilitar el diálogo multiactor. El proceso que hemos iniciado junto con Datysoc, Observacom, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento y el Parlamento nacional —un diálogo plural y participativo para construir las bases de una regulación democrática de las plataformas— es una oportunidad no solo para adaptar estas directrices al contexto nacional, sino para mostrarle al mundo cómo América Latina puede liderar un modelo regulatorio equilibrado, garantista y eficaz.
El desafío es grande: debemos evitar las soluciones simplistas que reducen la conversación a “regular o no regular” y, en cambio, centrarnos en cómo diseñar marcos que mitiguen los riesgos de la desinformación sin sacrificar la apertura y la pluralidad del espacio digital. Se trata de crear reglas claras que protejan la integridad de los procesos democráticos, que promuevan la diversidad de voces y que aseguren que el poder —sea estatal o corporativo— esté sometido a control, transparencia y supervisión independiente.
En la era de la desinformación a escala, Uruguay tiene la posibilidad y la responsabilidad de liderar con el ejemplo: demostrar que es posible compatibilizar libertad de expresión y mitigación de riesgos sistémicos, que la gobernanza de las plataformas no es una concesión, sino una oportunidad para la democracia, y que el diálogo informado y plural es la mejor herramienta para lograrlo. Hablamos de una gobernanza que habilita la multiplicidad de voces, que amplifica y, por ende, no restringe la libertad de expresión.
El camino que emprendamos en los próximos meses no solo definirá el futuro de la conversación pública en Uruguay: será también una contribución al debate global sobre cómo construir una internet que sea verdaderamente un espacio para todos y todas, al servicio de la democracia y los derechos humanos. Desde el sur del planeta, Uruguay tiene la oportunidad de mostrarle al mundo una ruta a seguir en un tema central para el presente y el futuro de las democracias.
Ernesto Fernández Polcuch es director de la Oficina Regional Unesco Montevideo
