Multas abusivas

Todos los días ocurre lo mismo en Maldonado y en otras de las principales intendencias del país. Personas que apenas superaron por unos kilómetros el límite de velocidad permitido —para poner el ejemplo más frecuente—, y que en ese instante pasaron a deber más de $ 9.000. Muchas de ellas con sueldos que apenas triplican o cuadriplican esa cifra. Que no pueden afrontar ni de lejos esa elevada multa y que la terminan financiando como si fuera un préstamo bancario.

Porque un auto o una moto ya no son bienes a los que acceden solo los más pudientes. El parque automotor uruguayo se ha multiplicado en los últimos años y cada vez son más los que trabajan con sus vehículos. Eso ocurre en general y especialmente con las motos, que aumentan día a día, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Hay alrededor de 3 millones de vehículos que circulan por las distintas calles y carreteras de Uruguay, según los datos más recientes del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive). Casi tantos como cantidad de uruguayos. Y reciben alrededor de medio millón de multas anuales por infracciones de tránsito, según esos mismos datos.

En 2023 y 2024, las intendencias percibieron US$ 144 millones en multas a través del Sucive, según un documento del Congreso de Intendentes. La importancia de tomar en cuenta lo ocurrido a partir de 2023 es que, desde esa fecha, quedaron operativos los radares en todo el país y eso significó un aumento considerable en la cantidad de multas: 32% respecto de 2022, un récord histórico.

La propuesta de unificación de las multas por las infracciones de tránsito había sido aprobada por el Congreso de Intendentes en mayo de 2022. El decreto que la reglamenta fue firmado por el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y los 14 ministros del Poder Ejecutivo en octubre de 2023.

Es ahí donde está una parte importante del problema. Porque es lógico y compatible que todas las multas estén unificadas y los radares distribuidos a lo largo y ancho del país. También que las sanciones sean severas. Pero lo que parece un despropósito son los altos precios y los criterios.

Los costos de las multas están establecidos por unidades reajustables (UR), con un valor actual de $ 1.820. Las multas por conducir bajo los efectos del alcohol o drogas se establecieron en 15 UR ($ 27.300), por no portar la documentación del vehículo o la libreta de conducir, en 6 UR ($ 10.920), y por no respetar señalamientos, en 3 UR ($ 5.460). Las fijadas por exceso de velocidad se establecieron de la siguiente manera: hasta 20 kilómetros por encima de límite permitido por hora, 5 UR ($ 9.100); entre 21 y 30 kilómetros por hora, 8 UR ($ 14.560); entre 31 y 60 kilómetros, 12 UR ($ 21.840); y más de 60 kilómetros por hora, 15 UR ($ 27.300).

En los hechos, si alguien va distraído y atraviesa una zona de 45 kilómetros por hora de máximo a un poco más de 60, recibirá una multa de $ 9.100. No importa si es la primera vez que lo hace o si el vehículo en el que se traslada es una moto barata, un auto destartalado o uno de más de US$ 100.000 de valor. Nada de eso entra en juego. Tampoco si esa cifra es una parte considerable de sus ingresos mensuales.

Lo único que faltaría para las personas con menor poder adquisitivo en esa situación, que luego irán a rogar y sufrir a las oficinas municipales de refinanciación de deudas, es que al lado de los radares ya se coloque una de esas publicidades de empresas de préstamos rápidos, como para facilitarles el camino tortuoso hacia las cuotas eternas.

Estos elevados montos también generan altos índices de morosidad, que en algunos años recientes llegaron a representar hasta la mitad de las multas emitidas. Pero tarde o temprano el sancionado tiene que pagar porque, si no lo hace, no podrá realizar ningún tipo de transacción con su vehículo.

Son muy necesarias las multas de tránsito. Pero el sistema actual es muy injusto y un tanto peligroso, desde el punto de vista económico. No parece sensato que familias enteras se desfinancien o pasen penurias por cometer una infracción leve. Es necesario al menos revisar esos criterios.

Una alternativa podría ser que, con las primeras infracciones, el castigo sea con tareas comunitarias. Otra, que haya una escala para las multas en función de los ingresos del involucrado o de su historial de manejo: a mayor cantidad de infracciones, mayor el costo. Como el sistema de puntos en la libreta de conducir que están evaluando en el Congreso de Intendentes, pero bajado a esta realidad de multas abusivas.

Ya bastante fastidiado está el ciudadano común, y en especial el de menores ingresos, como para agregarle un motivo más de enojo con el Estado y con el sistema político. Innecesario, además, porque se puede hacer de otra manera.