Parecerlo y serlo

Pero, como ocurre con todos los activos, y en especial los más valiosos de un país, es necesario cuidarlos e intentar fortalecerlos para lograr conservarlos. Cuesta trabajo y tiempo obtenerlos, pero perderlos suele resultar mucho más fácil y rápido.

Aquí las señales van en otro sentido. En el mismo día que se conocieron los detalles del atentado, los tres principales partidos políticos se reunieron para respaldar explícitamente a la fiscal Ferrero y defender la institucionalidad del país ante el avance de las organizaciones delictivas. Fue, sin lugar a dudas, lo que tenían que hacer. También actuaron de la misma forma las principales autoridades del Poder Ejecutivo, poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios como para atacar este avance de la violencia contra las principales referencias del Estado.

El panorama es alentador, pero, como dice aquel viejo dicho que se mantiene desde la época del Imperio romano, además de serlo, hay que parecerlo. Ahora llegó el momento de que el poder político profundice su accionar y, una vez que el ruido mediático del atentado pase, dedique su mayor esfuerzo a fortalecer cada vez más las principales instituciones democráticas del país como forma de blindarlas.

En ese contexto, sería muy positivo que oficialismo y oposición lograran ponerse de acuerdo en breve para poder renovar los dos máximos tribunales de Justicia de Uruguay. Entre este año y el 2029 cesan en sus cargos los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los cinco que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). Según la Constitución, sus relevos deben ser elegidos por dos tercios de la Asamblea General. Si no hay acuerdo en 90 días, la Carta Magna prevé que asciendan los jueces más antiguos, un mecanismo subsidiario que se volvió la regla en los últimos años.

El oficialismo quiere aprovechar esta “oportunidad”, según una nota publicada en la última edición de Búsqueda, para negociar con la oposición esos cargos más la Fiscalía de Corte, que está siendo ocupada de forma interina desde la renuncia de Jorge Díaz en 2021, y los nuevos directorios del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral, que también requieren de mayorías especiales de la Asamblea General. La idea es hacer un “paquete” y acordarlo en conjunto.

Pero blancos y colorados tienen otra postura. Se niegan a negociar juntos todos los cargos y, en particular, no quieren nombrar a un nuevo fiscal de Corte, ya que están conformes con el desempeño de Ferrero.

Capaz que ambas partes tienen algo de razón o ninguna la tiene. Pero habría que intentar dejar las diferencias de lado y llegar a un acuerdo como señal política positiva en este momento tan especial. Debería ser lo más amplio posible, incluyendo a todos los involucrados, como forma de mostrar que las instituciones, y en especial la Justicia uruguaya, están por encima de las diferencias políticas. No es momento de divisiones, y mucho menos en algo tan trascendente como la designación de quienes estarán a cargo de gobernar el Poder Judicial y fiscalizar a los jerarcas públicos, entre otras cosas. Otra vez, es hora de parecerlo, además de serlo.