Una confirmación y un aprendizaje

Lo que en principio parecía una incautación más, bastante suculenta, pero una más al fin, terminó salpicando al Partido Nacional por la condena de un asesor del edil de la lista 250, Gonzalo Gómez. En su casa se encontraron más de 260 kilos de drogas. Además, se incautaron $ 3 millones, US$ 42.000, armas y autos de alta gama en un operativo que terminó con tres personas condenadas por distintos delitos, como lavado de activos, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes prohibidas en modalidad de depósito y distribución, tráfico de armas y municiones, asistencia al narcotráfico, entre otros. A Leiva lo condenaron a través de un acuerdo abreviado a dos años y seis meses de prisión por un delito de lavado de activos en modalidad de posesión y tenencia en régimen de reiteración real con un delito de tráfico interno de municiones.

Hasta el momento, estos son los hechos. Sin embargo, algo cambió con respecto a casos anteriores en los que políticos han sido salpicados o acusados antes de que la Justicia se expidiera. Esta vez primó la cautela. En el Frente Amplio (FA) aprovecharon a recordar las palabras del senador Sergio Botana, quien, tiempo atrás, dijo que las decisiones del gobierno referentes a las patrulleras oceánicas “favorecen al narcotráfico”, y el senador del MPP Sebastián Sabini devolvió el golpe. “A mí no me gusta, ante estas situaciones, salir a cobrar al grito, pero me parece que algunos senadores hicieron aseveraciones muy graves y ahora esas aseveraciones les caen en la cabeza”, dijo. Hubo alguna declaración más entre dirigentes del FA, un comunicado del Secretariado Ejecutivo sobre la necesidad de fortalecer la regulación del financiamiento de los partidos, pero la mayoría, al menos públicamente, eligió esperar el avance en la investigación.

En el Partido Nacional el aprendizaje es claro. No temo equivocarme si digo —salvando las distancias— que el caso del exsenador Gustavo Penadés dejó algunas enseñanzas. Esta vez ningún dirigente de peso salió con efervescencia a defender a nadie. No hubo un “yo le creo”, “lo miré a los ojos”, “es mi amigo”, ni en referencia a la situación del edil y su asesor condenado ni en referencia a Gandini, por un supuesto vínculo a través de la agencia de cobranzas, que, por cierto, aún no existe evidencia sobre eso. Gandini dio sus explicaciones en conferencia de prensa y negó cualquier vínculo con el condenado. El resto lo dirá la investigación. Incluso, el senador Sebastián da Silva dijo que el hijo del condenado, Lucio Leiva, también asesor de Gómez, debería dar un paso al costado a pesar de que la Fiscalía lo liberó. “Los mocos no me los como”, dijo Da Silva. Unas horas antes, Subrayado había informado que en la casa de Leiva había una puerta blindada de acero, fajos de billetes, droga y una contadora de billetes en el suelo. Y que el hijo del condenado vivía en esa casa. Se puede pensar que es raro que no estuviera al tanto, pero, al final de cuentas, la Fiscalía no tuvo elementos para condenarlo.

El problema es que, aunque ni Gandini ni el edil Gómez ni Lucio Leiva tengan ninguna relación con el narcotráfico, el narcotráfico ya estaba ahí, dentro de su lista, dentro de su partido. Y no lo sabemos, pero es bastante probable que, de la misma forma, pueda estar en muchas otras listas, en otros partidos. ¿No es suficiente como para salir con fuerza, en este caso, el Partido Nacional, a aceptar y apurar una regulación estricta sobre el financiamiento de los partidos? El narco ya está ahí, y no vale mirar al costado.