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La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) puso entre sus prioridades mejorar los controles antilavado del dinero que ingresa a la política. La decisión surgió después de algunos casos que expusieron las debilidades del sistema y los potenciales riesgos de que el narcotráfico lo contamine, dijeron a Búsqueda fuentes del gobierno.
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La Operación Trazador, un operativo policial que logró incautar más de 265 kilos de drogas —pasta base y cocaína—, terminó con la condena de tres personas, una de ellas asesor del edil blanco Gonzalo Gómez. Pablo Leiva acordó con la Fiscalía una pena de dos años y seis meses de penitenciaría por un delito de lavado de activos y tráfico interno de armas.
Leiva y su hijo Lucio, quien vivía con su padre y estuvo detenido por unas horas, figuraban como asesores del edil. Días después de las tres condenas, Eduardo Preve informó que Leiva usaba un Abitab propiedad del director de la Administración Nacional de Puertos Jorge Gandini para mover dinero sucio, lo que todavía no fue investigado por Fiscalía.
La Senaclaft se enteró del caso por la prensa, confirmó a Búsqueda la titular de esa oficina, Sandra Libonatti. A partir de ese momento, se pusieron a disposición de la fiscal. “Siempre estamos a la orden de los fiscales cuando necesitan investigadores, especialmente contadores o personas con conocimientos técnicos”, añadió.
La Senaclaft inició su propio análisis sobre la posible ruta del dinero sucio y los actores que participaron en ella, explicó Libonatti. “Sería una situación complicada para el país que este tema de narcotráfico esté vinculado con la política”, opinó.
Libonatti no quiso opinar sobre la decisión de la fiscal de llegar a un acuerdo antes de iniciar una investigación profunda sobre el movimiento de dinero proveniente del lavado. El procedimiento había despertado molestia en operadores del sistema antilavado, quienes consideran que avanzar por esa vía antes de que los involucrados sepan que están siendo investigados es una mejor estrategia, según las consultas de Búsqueda.
Antecedentes con incumplimientos
La Senaclaft había trabajado para la Fiscalía en otro caso de alto perfil en el que quedaron expuestos mecanismos poco transparentes de financiamiento de la política.
En agosto, el fiscal Gilberto Rodríguez archivó la investigación sobre estafa en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) después de conseguir ocho condenas mediante acuerdos abreviados. El fiscal y su equipo habían declarado que la trama podía llegar al Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos y al Partido Comunista (PCU), algo que finalmente no pudieron probar.
Buena parte del dictamen del fiscal Rodríguez era una transcripción de un informe primario de la Senaclaft que señalaba que no existían “indicios claros de ilicitud”, pero sugería profundizar la investigación con varias medidas de prueba, como interrogatorios y auditorías.
El informe advertía que las finanzas de ese partido eran difíciles de controlar porque se desconocía “la totalidad de cuentas bancarias” que utiliza y algunas están a nombre de militantes. También mencionaba financiamiento mediante bonos y rifas, lo que dificultaba su trazabilidad.
En la Senaclaft creen que los problemas detectados en el PCU pueden no ser un hecho aislado y prevén trabajar con la Corte Electoral para ver cómo fortalecer los controles y la conciencia sobre los riesgos, según las fuentes.
Entre los últimos cambios aprobados a la ley de financiamiento de la política, el Parlamento estableció que el Tribunal de Cuentas (TCR) haga un control de los estados contables que presentan los partidos a la Corte Electoral. Los partidos Nacional, Colorado e Identidad Soberana no habían designado “oficial de cumplimiento” como exige la ley antilavado.
En el caso del Partido Colorado, además, el TCR se abstuvo de opinar sobre los estados financieros porque “no fue posible obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre los saldos, transacciones y demás revelaciones contenidas en dichos estados, ni aplicar procedimientos alternativos que permitieran sustentar una opinión”.
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