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En un nuevo paso hacia los derechos de todos, los niños nacidos en familias con dos madres podrán llevar el apellido de ambas y ser reconocidos por ambas; ¿verdad que parece obvio?; evidentemente, no lo era
“Tengo un hijo de 30 años que parí y es fruto de una relación con un varón. Que tiene todos los derechos sucesorios y lleva mi apellido y el del padre. Tengo un hijo con mi pareja actual, que el próximo domingo cumple dos años. No lleva mi apellido porque lo parió la otra mamá y, para que tenga los mismos derechos que su hermano y lleve mi apellido, lo tengo que adoptar. (...) Frente a la ley y la sociedad, mi hijo, que me dice ‘mami’, no es mi hijo. Si mañana le pasa algo a mi pareja, hasta su familia tendría más derechos sobre él que yo. Legalmente no soy nada en su vida”.
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Les voy a contar algo que quizás, muy probablemente, nunca se preguntaron. Salvo que hayan atravesado la situación y, ahí sí, seguramente no solo se lo preguntaron, sino que lo sufrieron y, naturalmente, lo consideraron injusto y discriminatorio. El testimonio anterior es de una mujer que cuenta de forma clara y gráfica lo que, hasta hace unas horas, era la norma y que una nueva legislación cambiará.
Sucede que en Uruguay estamos convencidos de que somos unos progres bárbaros. Y no es que no lo seamos. En las últimas décadas se han aprobado unos cuantos proyectos que apuntan a eliminar discriminaciones de distinto tipo, a garantizar derechos, a hacer la sociedad más justa e igualitaria. Pero el solo hecho de la existencia de las normas no garantiza su cumplimiento. Lo vemos en los cupos laborales para personas con discapacidad, personas afrodescendientes o personas trans en el Estado, por dar un par de ejemplos. Hay ley; que se cumpla es otra cosa.
Y en esto que voy a contarles no solo no había ley ni reglamentación, sino que su falta generaba, además de inequidad y discriminación, matrimonios no necesariamente deseados. Sí, eso de casarse por los hijos, que en tiempos antiguos hacían las parejas heterosexuales para poder dar ciertas garantías a su descendencia, hasta hace un par de días también tenían que hacerlo las parejas de mujeres que quisieran que sus hijos llevaran los apellidos de ambas. Es decir, que pudieran ser reconocidos por sus madres. Hasta ahora, solo llevaban los apellidos de la gestante. La otra mamá, la que tomó la decisión de traer ese niño al mundo con quien lo llevó en su vientre, la que lo va a cuidar igual que la que lo gestó, la que es su mamá tanto como la otra, no existía. Increíble a veces la legislación.
Es tan sencillo como el derecho a la identidad que cualquier familia debe dar a sus hijos, o que cualquier persona merece, sin distinción de orden de los apellidos —por suerte, eso ya lo superamos— y con la resolución de que, si hay dos padres, dos madres, un padre y una madre, una madre y un padre, todos los hijos tengan el mismo derecho a ser reconocidos por quienes les dieron la vida o los crían, independientemente del modelo de familia que hayan elegido. Con casamiento o sin casamiento. Todos iguales. Ningún niño con menos identidad que otro, ninguna familia menos legítima que otra.
Durante el debate en Diputados, que dio sanción al proyecto que en abril ya había aprobado por unanimidad el Senado —y que, en términos generales, modifica el artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia y garantiza que los niños nacidos en parejas del mismo sexo en las que no hay matrimonio lleven ambos apellidos en el orden que elijan—, se destacó el trabajo del colectivo Dos Mamás, un grupo que nuclea a familias conformadas por dos madres y que viene peleando por este derecho desde hace años. Sus integrantes han visibilizado su situación en los medios a lo largo de este tiempo, estuvieron en el Parlamento explicando con detalle a los legisladores su peripecia y su reclamo, y lograron algo no tan común: el apoyo de casi todos los legisladores.
La excepción en este caso fue la de la bancada de Identidad Soberana, con Gustavo y Nicole Salle, quienes votaron en contra de garantizar este derecho. ¿El argumento? La Constitución y la “ideología de género”. Gustavo Salle planteó que, para hacer este cambio, debía modificarse la Constitución y, para eso, llamar a consulta a los uruguayos, y que nadie les había preguntado si estaban de acuerdo. Salle advierte que el texto constitucional parte de la base de la familia heterosexual y de su posibilidad de procreación, y que puede estar bien o mal, pero que cualquier cambio debería decidirlo el pueblo. Y agrega: “Yo lo que reivindico, con muchísimo respeto, es que todo este cambio que introdujo la ideología de género, todas las leyes de ideología de género, por los cambios revolucionarios en tanto que drásticos, deberían haber sido consultadas al pueblo, y no por el atajo de la ley, porque estamos violando la Constitución”. Salle aseguró en la cámara que las parejas homosexuales tendrían mayor validación si el pueblo las hubiera avalado. Una vez más, la validación del heterosexual sobre los derechos del homosexual. Año 2026. Ok. El resto del Parlamento, y vaya si habrá posturas enfrentadas y disímiles en cuanto a los temas de género —no, ideología no—, no acusó recibo de tal planteo. Ni siquiera los más radicales en este sentido. Todos levantaron sus manos para garantizar la identidad de las personas nacidas en familias no heterosexuales. Buena señal.
Desde esta columna, muchas veces los legisladores reciben críticas, en especial por su dificultad para encontrar acuerdos o por su facilidad para enfrentarse a muerte por nimiedades. Hoy no será el caso. Hoy, la enorme mayoría de los integrantes del Parlamento mostró que no todo es colores, votos y cálculos electorales. Bienvenido sea.
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