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Atentado a Ferrero: el sistema político advierte ataque a la “institucionalidad”, mientras se concretan primeras detenciones
El Frente Amplio pidió la aprobación del proyecto que cambia las normas de combate al lavado de activos; blancos y colorados advierten que el episodio marca un “antes y un después” en el crimen organizado uruguayo
En un día de tensión tras el atentado a la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero, el gobierno logró anunciar las primeras detenciones de presuntos partícipes en el episodio, mientras que los principales actores del sistema político dejaron plasmada su preocupación por el avance del crimen organizado.
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A las 5 de la mañana del domingo dos personas ingresaron al patio de la casa de Ferrero y, según la primera versión, efectuaron disparos que dañaron parte de la vivienda, pero no provocaron heridos. Horas más tarde surgió la información de que al menos una de las detonaciones no habría sido un disparo, sino una granada u otro explosivo.
El ministro del Interior, Carlos Negro, informó en conferencia el domingo a la tarde que había dos personas detenidas como “partícipes” del atentado. “No son los únicos ni serán los últimos en caer”, agregó.
El ministro dijo que el ataque tenía características similares a las de otros episodios, como el atentado en 2024 al entonces director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, y al de 2020 contra la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.
Negro recordó que si bien Ferrero es fiscal de Corte subrogante, antes encabezó una fiscalía de estupefacientes, lo cual lo ha puesto en la mira de organizaciones de narcotráfico.
Aunque sin relacionar explícitamente el ataque contra Ferrero con el caso, recordó que dos meses atrás la Policía incautó más de dos toneladas de cocaína en Punta Espinillo que tenía la organización de Luis Fernández Albín, narco vinculado a Sebastián Marset. La hipótesis policial, según informó El Observador, está vinculada a esa operación.
Extraditan a un miembro del grupo de Fernández Albín: traía cocaína de Bolivia, buscó fugar a Florianópolis y cayó en Buenos Aires.https://t.co/pR5vP9hwif
A nivel político, las reacciones de la mayoría coincidieron en la gravedad institucional del episodio y la necesidad de que el Estado dé una respuesta firme.
“La investigación rápida y eficiente es la única opción válida y garantista frente a lamentables hechos como estos. Sigamos teniendo confianza en nuestra institucionalidad, porque el país entero jamás bajará los brazos ante el crimen organizado y el narcotráfico”, escribió el presidente Yamandú Orsi en su cuenta de X.
El mandatario convocó para este lunes a una reunión en Torre Ejecutiva a Negro, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y la fiscal Ferrero.
El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio declaró en un comunicado que pedirá a la bancada parlamentaria oficialista que trate de manera “urgente” el proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutivo para cambiar las normas del combate al lavado de activos. Destacó que “la lucha contra el narcotráfico es la prioridad” de la coalición de izquierda y que se reunirá con Negro para seguir evaluando la situación. “La defensa de la institucionalidad es una prioridad para el Frente Amplio”, cerró el partido de gobierno.
El Directorio del Partido Nacional emitió una declaración al final de la tarde del domingo en la que exige al gobierno que “despliegue al máximo su capacidad para investigar y sancionar a los responsables del atentado”.
“Se trata de un hecho de extrema gravedad institucional, que marca un antes y un después en Uruguay”, dice el texto.
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado, que al igual que el directorio blanco y el secretariado frenteamplista se reunió de urgencia, declaró que el atentado “supone un agravio institucional” y le advirtió a “toda la ciudadanía que el episodio marca un cambio cualitativo en la lucha contra el crimen organizado, que nos impone el deber de extremar la disposición de todos los recursos del estado democrático desafiado”.
