La integración de los dos máximos tribunales de Justicia de Uruguay será totalmente renovada durante el actual período de gobierno. Esto ocurre por la coincidencia de que los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los cinco que integran el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) cesan en sus cargos entre 2025 y 2029. En el oficialismo ven este escenario inusual como una “oportunidad” para retomar las designaciones políticas de los principales jueces del país, que, de acuerdo a la Constitución, deben ser elegidos por dos tercios de la Asamblea General. Si no hay acuerdo en 90 días, la Carta Magna prevé que asciendan los jueces más antiguos, un mecanismo subsidiario que se volvió la regla en los últimos años.
La primera vacante en este período de gobierno fue en el TCA, con la salida de José Balcaldi en abril, y fue ocupada por el ministro más antiguo de los tribunales de apelaciones, Alberto Reyes. En setiembre se abrió otra vacante, esta vez en la Suprema Corte, con la salida de Elena Martínez. Pero, de acuerdo a las consultas realizadas por Búsqueda, lo más probable es que ingrese nuevamente el juez más antiguo, en este caso Julio Alfredo Posada, ministro de un Tribunal de Apelaciones de Trabajo.
Es que el diálogo en el Parlamento está, al decir de varios legisladores de la oposición, “totalmente trancado” en lo que refiere a estas designaciones. Y aunque desde la bancada oficialista en la Cámara Alta aseguraron a Búsqueda que la voluntad de buscar acuerdos políticos para integrar los tribunales de Justicia existe y es una prioridad, en los hechos todavía no se lograron avances sustanciales.
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Suprema Corte de Justicia en Montevideo.
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El principal escollo es que el oficialismo quiere negociar con la oposición un “paquete” que incluya la renovación de los cargos de varios organismos. Esto es, además de la SCJ y el TCA, quiere buscar acuerdos para designar un nuevo titular en la Fiscalía de Corte —dirigida de forma interina desde la renuncia de Jorge Díaz en 2021— y para renovar la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, lo que también requiere de mayorías especiales en la Asamblea General. Tanto en la Torre Ejecutiva como en la bancada frenteamplista dijeron a Búsqueda que la estrategia sigue siendo esa y defienden que discutir todos los cargos en conjunto da mayores posibilidades de negociación con la oposición.
Los blancos y una parte de los colorados, en cambio, se niegan a negociar un “paquete” y prefieren discutir los temas por separado. Y en particular no quieren designar un nuevo fiscal de Corte, ya que están conformes con el desempeño de la actual subrogante, Mónica Ferrero.
“La Fiscalía no se negocia”, dijo a Búsqueda la senadora nacionalista Graciela Bianchi, una afirmación que fue refrendada por otros legisladores de su bancada consultados. El diálogo sobre los cargos en la Justicia “está trancadísimo”, dijo. “Estamos de acuerdo en que no es bueno que los ministros ingresen por antigüedad (a la Corte y el TCA), pero si el oficialismo no se baja de la Fiscalía de Corte, vamos a seguir trancados”, afirmó.
Similar posición tiene el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, quien ha expresado públicamente su respaldo a la gestión de Ferrero e incluso propuso, en entrevista con la diaria, que la oposición le asegure su continuidad en los siguientes cinco años para que pueda trabajar con tranquilidad. Esta idea fue compartida por el senador blanco Jose Luis Falero, al ser consultado por el mismo medio.
“Si quieren hablar de la Corte, hablamos de la Corte; pero no pueden meter todo en un mismo paquete”, dijo el abogado y líder del sector colorado Unir para Crecer a Búsqueda, quien desdramatizó las consecuencias de que la Corte se integre por antigüedad.
Fiscalia
Fiscalía General de la Nación.
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Quienes se muestran más dispuestos al diálogo son los legisladores colorados de Vamos Uruguay, que tiempo atrás propusieron a las bancadas del Frente Amplio y el Partido Nacional instalar un ámbito para discutir las designaciones. La idea fue bien recibida en la izquierda pero no en el resto de la oposición, que planteó la necesidad de crear, primero, un espacio de coordinación entre la coalición republicana para discutir esos temas, y recién después incluir al oficialismo.
“Siempre hay conversaciones, pero no hay muchos avances”, dijo a Búsqueda el senador Tabaré Viera, quien afirmó que a Vamos Uruguay “le parece bien negociar un paquete”. En ese sentido, señaló que la estrategia de negociar varios organismos en conjunto permite “destrabar” algunos acuerdos, aunque también puede “trancar”.
“Las conversaciones igual se dan informalmente, pero es necesario tener un ámbito y ponernos de acuerdo en una agenda para conversar”, añadió.
En esa línea, el senador blanco Javier García dijo a Búsqueda que “en los próximos días” se oficializará el espacio de coordinación de la coalición y que en ese ámbito se podrá discutir las designaciones en la Justicia y la renovación de los organismos de contralor, para eventualmente ampliar la discusión al oficialismo.
Legisladores oficialistas consultados no quisieron hacer declaraciones, pero aseguraron que el tema “está en agenda”.
“Hay diálogo con varios interlocutores, pero queremos negociar un paquete completo”, dijo un senador frenteamplista, que aseguró que el gobierno buscará que los dos tribunales de Justicia se integren de aquí en más por designación política. De todos modos, en el oficialismo creen que no dará el tiempo para cerrar un paquete antes de que venza el plazo de 90 días para llenar la vacante que se abrió en la Corte, y por eso prevén que ingrese Posada, un juez que perciben como “progresista” por su desempeño en la Justicia laboral.
“Hay conversaciones en marcha, pero aún no se instaló un ámbito de diálogo específico”, afirmó otro legislador, que añadió que sería un “error” no buscar acuerdos para ocupar las vacantes.
¿Quiénes son los jueces en carrera para ascender?
Las próximas vacantes en la SCJ y el TCA serán en 2026, con la partida de Tabaré Sosa, Selva Klett y Ángel Cal. En 2027 habrá dos vacantes en la Corte, por John Pérez Brignani y Bernadette Minvielle. En 2028 se irán William Corujo y Rosina Rossi y en 2029 Doris Morales. Si el sistema político no logra ponerse de acuerdo para designar a los nuevos ministros, ingresarán los ministros de apelaciones más antiguos. Actualmente, el ministro más antiguo es Posada (Tribunal de Apelaciones de Trabajo), seguido por María del Carmen Díaz (Familia), Álvaro José Franca (Civil), Sergio Torres (Penal), Daniel Tapié (Penal), Julio Olivera Negrín (Penal), Edgardo Ettlin (Civil), Eduardo Cavalli (Familia) y Loreley Opertti (Civil).
La última ministra que ingresó a la SCJ por acuerdo político fue Bernadette Minvielle en 2017. Desde entonces no hubo más acuerdos y terminó primando el criterio de la antigüedad.
Ese año sucedió también la última renovación de los organismos de contralor, que determinó que ni el Frente Amplio ni los partidos tradicionales tuvieran la mayoría, ya que las presidencias eran “neutrales”. Pero el fallecimiento del entonces presidente de la Corte Electoral, José Arocena, en noviembre de 2023, y la renuncia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (TCR) Susana Díaz, cuatro meses antes, alteraron esos equilibrios. En la Corte Electoral la presidencia quedó en manos de Wilfredo Penco, quien ya había sido ministro por el Frente Amplio, pero cuya actuación no produjo mayores críticas dentro de la actual oposición. En el Tribunal de Cuentas preside hoy el exsenador blanco Francisco Gallinal. Por eso, la renovación de las presidencias de estos organismos puede cambiar la situación favorable para la oposición en el TCR y es un factor que complejiza la discusión.
