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La compra del campo María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) por US$ 32,5 millones sigue provocando movimientos de la oposición. El diputado del Partido Nacional que denunció la adquisición ante la Justicia, Rodrigo Goñi, dijo a Búsqueda que cuando sea convocado por el fiscal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1er turno, Alejandro Machado, para ratificar la denuncia, presentará una ampliación que apunte a determinar quién autorizó la liberación de fondos para concretar el negocio.
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Goñi denunció el hecho el 11 de setiembre, junto con los diputados Juan Martín Jorge, del Partido Colorado, Gustavo Salle, de Identidad Soberana, y Gerardo Sotelo, del Partido Independiente. El 14 de mayo, el Directorio de Colonización resolvió adquirir los padrones en cuestión, a pesar de que “el Área de Liquidaciones informó que el INC carecía de disponibilidad presupuestaria suficiente para afrontar el gasto, contraviniendo los artículos 15 y 17 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf)”, expresa la denuncia. Los cuatro diputados plantearon que esto “constituye una posible vulneración de las normas financieras aplicables y evidencia un posible actuar arbitrario y con abuso de funciones en perjuicio de la Administración”.
Goñi agregó que “no es razonable ni verosímil” que la decisión de pagar “la haya tomado solo la contadora del Ministerio de Economía”, por lo que ampliará la denuncia presentada con el foco en quiénes intervinieron y de qué manera.
Los denunciantes alertaron a la Justicia por “la aparente comisión de los delitos de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude, y conjunción del interés personal y público” en la compra de la estancia de 4.400 hectáreas.
En paralelo, Salle dijo a Búsqueda que la investigación penal sobre la compra del campo “se va a archivar”. Su sospecha se basa en dos argumentos: por un lado, “el golpe de Estado técnico” que implicó la puesta en marcha del nuevo Código del Proceso Penal en 2017, y, por otro, en que Machado “fue el fiscal que archivó el caso del Antel Arena”.
Gustavo Salle
Gustavo Salle con la denuncia en la Cámara de Representantes.
Javier Calvelo / AdhocFotos
Para Salle, a partir de 2017 “se eliminó inconstitucionalmente la competencia de investigación penal del Poder Judicial, establecida por los artículos 15 y 16 de la Constitución de la República” y “se le otorgó a un servicio descentralizado que depende del presidente de la República”. El diputado sostiene que “de ahí en más, todo lo que tiene que ver con aparente corrupción del sistema político va al archivo, salvo que sea una situación escandalosa”.
Por otra parte, aseguró que Machado identificó la existencia de irregularidades en la construcción del Antel Arena, pero archivó el caso. Salle considera que “si hay irregularidades por parte del funcionario público, que está al tanto de las normas, que está regido por el principio de legalidad y especificidad”, deben imputarse delitos.
En los hechos, el fiscal no usó ese término en su dictamen de archivo, sino que halló “desprolijidades administrativas respecto de la forma de planificar la obra” y un “manejo dispendioso de los recursos públicos” en el proceso de construcción.
Por estos motivos, las “expectativas” de Salle en materia de investigación y de eventual formalización están en “cero”. Presentó los hechos ante la Justicia porque entiende que “hay elementos de semiplena prueba que ameritan la denuncia y para dejar en evidencia una maquinaria de impunidad que se llama Fiscalía”.
En el oficialismo defienden la compra y han planteado que la oposición presentó denuncia penal para mantener el tema en agenda e intentar golpear así al gobierno.
