Además de enviar la información a la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores resolvió iniciar un sumario a Bustillo y Mata, quienes todavía son funcionarios de la secretaría de Estado.
Un primer intento fallido
En abril, el Ministerio de Relaciones Exteriores inició una investigación administrativa para determinar cómo el documento de Cancillería fue destruido en Presidencia. El alcance de la resolución incluyó analizar por qué hay documentación que reclamaba la Fiscalía que no estaba en poder del ministerio y evaluar posibles responsabilidades de sus funcionarios.
Las conclusiones de la investigación, primero informadas por la diaria el viernes 3 y a las que accedió Búsqueda, describen al detalle el recorrido del documento. Para eso, se entrevistó a funcionarios de jurídica, de los despachos del ministro y la subsecretaria de la época y a los involucrados directos: Ache, Mata y Bustillo.
Los intercambios de WhatsApp entre Ache y Maciel debían ser entregados a la Justicia para cumplir con una sentencia que amparaba el derecho de acceso a la información de los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. Los entonces legisladores habían pedido una copia de esos chats y de la investigación que hizo Cancillería para determinar si la entrega del pasaporte a Marset mientras estaba preso en Dubai había seguido los carriles normales.
Ache se había negado a entregar los whatsapps en el marco de esa investigación administrativa sobre el pasaporte. En Fiscalía, cuando declaró como indagada por la entrega del documento de identidad a Marset, la exviceministra denunció que Bustillo le sugirió que no los diera y que “perdiera” su celular.
La funcionaria de Jurídica Karina Antenor creó el 22 de noviembre de 2022 un expediente —el EM2022/06001/003498— con un memorándum “diciendo que a los efectos de cumplir a cabalidad” con el fallo judicial, que tenía como plazo el 24 de noviembre, necesitaban “requerir de la colaboración” de la subsecretaria, quien debía entregar copia de los chats.
Ache respondió al día siguiente en el expediente con una nota dirigida al canciller, a quien le decía que si el ministro se lo pedía, ella le daría una copia certificada de los whatsapps. Bustillo responde que no le compete instruirla sobre su proceder en ese caso.
Francisco Bustillo y Carolina Ache
Francisco Bustillo ingresa a la sala de prensa de Presidencia acompañado de Carolina Ache
Daniel Rodríguez /adhocFOTOS
En la tarde del 24 de noviembre, fecha límite para cumplir con el fallo, los hechos se precipitan. A las 17:41, Ache dejó constancia en el expediente electrónico que entregaba la información requerida y adjuntó “al componente físico” del expediente un “sobre cerrado de carácter reservado, conteniendo testimonio de las comunicaciones informales” que mantuvo con el subsecretario Maciel, “protocolizadas por escribano público”.
El movimiento digital del expediente tuvo su correlato físico por los pasillos del Palacio Santos. El sobre lo llevó la secretaria de Ache, Carolina Blanco, al despacho de Bustillo y lo entregó en mano a Milena Giménez.
Giménez se lo dio a un funcionario del gabinete del ministro, lo más probable el consejero Federico Lage. Y este, u otro funcionario del despacho, se lo entregó a Mata.
A las 17:50, aproximadamente, Mata llevó el sobre a la directora de Asuntos Jurídicos para que lo presentara en el juzgado.
Como no llegó a tiempo, Bastos volvió a su despacho junto a dos funcionarias de Jurídica que se cruzó a la salida del juzgado, Adriana Allende y Karina Antenor. Además de avisarle al jefe que no habían podido presentarlo, decidieron dejar todo pronto para cumplir ni bien abrieran los juzgados al día siguiente.
Para adelantar trabajo, hicieron tres copias del documento notarial que había entregado Ache y las guardaron junto al original en el sobre, que pasaría la noche en el escritorio de Mata.
Representante de Uruguay ante Naciones Unidas en Ginebra, Carlos Mata. Foto: Cancillería
Ex jefe de Jurídica de Cancillería Carlos Mata
Cancillería
"Una orden verbal”
Al día siguiente, viernes 25, Allende y Antenor llegaron a la Cancillería y cuando fueron al despacho, no estaban ni Mata ni el sobre.
“No vi a Mata hasta las 14 o 15 de la tarde del 25 de noviembre, no recuerdo si hablé por teléfono o le dije personalmente, que iba a presentar el escrito con la documentación, pero que no lo había hecho porque el sobre no estaba. A lo que él me contestó que yo no podía hacer nada sin que él me instruyera”, relató Allende.
A Bastos, Mata le dijo que el sobre estaba a consideración de Presidencia de la República.
Hasta donde supo Allende, “el 25 no pasó nada más que eso”. Así, añadió, “se hicieron las cinco de la tarde y el sobre físicamente no estaba, entonces me fui”.
Mata reconoció en la investigación administrativa que fue él quien lo llevó a Torre Ejecutiva. Según su versión, recibió una “orden verbal vía telefónica” desde “sexto piso” donde “están las autoridades, del despacho del ministro”. Y agregó: “El propio ministro lo solicitó. Me dijo que lo llevara”. El abogado llevó el sobre a Presidencia porque le indicaron “que tenía que entregarlo al señor Lafluf” y así lo hizo.
El hecho de que había sido Mata quien había entregado el sobre a Lafluf fue informado por Búsqueda en marzo del 2024.
Bustillo declaró no recordar si le había dado esa orden a Mata y tampoco si eso respondió a un pedido del presidente Lacalle Pou. La instructora de la investigación administrativa advierte en sus conclusiones que el exministro dio una respuesta “ambivalente”. Y la transcribió.
Si el presidente me hubiera llamado para pedirme una copia de los WhatsApp, capaz que yo hubiera llamado a Mata para pedirle que los llevara. Por supuesto, cualquiera estaría dispuesto a llevarlo. Yo no lo recuerdo, no tengo ningún recuerdo de eso. Muchas veces van sobres y vuelven de Presidencia y no había ningún dramatismo en torno a esto. El único que me podía haber pedido que llevara copia de los WhatsApp, es el presidente de la República. Si no lo recuerdo, no me lo pidió. No me quiero poner a inventar. Yo no participé. Lo pudo haber hecho, pero no recuerdo que lo haya hecho. Podría habérmelo pedido y no vería ningún problema en ello, pero no recuerdo haber recibido esa instrucción, ni haber dado yo ninguna. Yo hablaba con el presidente seguido y no lo recuerdo… Se equivoca Mata, yo no le pedí. Si se me lo hubiera pedido el presidente, pero no lo recuerdo, y tampoco recuerdo haberle dado esa instrucción… francamente no me acuerdo que el doctor Lacalle me haya solicitado a mí o cualquier otra persona, que tuviera vínculo profesional con el doctor Lacalle en la Cancillería, como puede ser la propia doctora Ache, el propio Director General de Secretaría, o alguna otra autoridad que tenía relación con el doctor Lacalle, solicitado que le mandara copia de WhatsApp… lo que sí tengo claro es que ese día 25 no fui al ministerio, la doctora Ache era ministra interina, lo que no obsta que podría haber llamado al doctor mata o quien fuere para que enviaran una copia de esos WhatsApp al presidente pero reitero no recuerdo francamente que me hubiera llamado, ni que yo hubiera llamado a nadie.
La reunión en Torre Ejecutiva
Los funcionarios de Cancillería no sabían que el 25 de noviembre de 2022 estaban pasando cosas. Lafluf destruyó el documento, como denunciaría un año más tarde Ache en Fiscalía y reconocería el presidente Lacalle Pou en una conferencia de prensa posterior.
Aquel viernes 25, Lafluf convocó a Ache a una reunión en Torre Ejecutiva y le recomendó que entrara por el garage. En el piso 11, donde está la oficina del presidente, discutieron con Maciel sobre los chats y qué hacer con el fallo judicial que ya había vencido. Lacalle Pou dijo que pasó en algún momento de la reunión a saludar.
En la investigación administrativa Ache describió, como hizo en Fiscalía, que le pidieron que borrara los chats, a lo que accedió “para salir de la situación pero fundamentalmente porque ya los tenía protocolizados”. Además, después de eliminarlos, le dijeron “que consiga otro escribano para hacer un protocolo nuevo sin esos mensajes, para aportar a la Justicia”. Al respecto, agregó: “Me estaban pidiendo que cometiera el delito de falsificación ideológica”.
Tras la reunión, llamó a Lafluf para decirle que no conseguiría un escribano para dar información falsa a la Justicia. El asesor presidencial cortó porque quería consultar a Lacalle Pou y la volvió a llamar para decirle que volviera a presentar los chats porque había destruido el documento.
La funcionaria Allende declaró en la investigación que el lunes 28 de noviembre volvió “a reclamar a Mata los documentos”, porque tenían pendiente su entrega al juzgado.
Ache entregó a Mata un nuevo documento emitido por su escribana con los chat. El jerarca se lo dio a su equipo y ese lunes Cancillería pudo cumplir con el fallo. Los funcionarios de jurídica declararon en la investigación administrativa que pensaron que Mata les había dado el documento original y que se enteraron del cambio recién en noviembre de 2023 cuando Ache declaró en Fiscalía.
Expediente o no expediente
Tanto Bustillo como Mata declararon en la investigación administrativa que el documento que fue destruido no era parte de un expediente.
“No había ningún expediente… yo nunca vi un expediente, no lo recibí, solo recibí un sobre manila”, dijo Mata.
Esa es la versión que dio el presidente Lacalle Pou en la conferencia de prensa en la que anunció, el 6 de noviembre de 2023, la salida de Bustillo, Lafluf, Maciel y el ministro Luis Alberto Heber como consecuencia de las declaraciones de Ache.
“Esto no es semántico. No era un expediente, no era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano”, dijo Lacalle Pou. “Acá pido disculpas si no es del todo exacta la información. El expediente se presenta en la Justicia sin esta documentación. Se termina de presentar esta documentación al otro lunes, con lo cual, insisto, no era parte del expediente”.
El Código Penal establece penas para la “destrucción, supresión, ocultación” de documentos privados, las que aumentan cuando se trata de documentos públicos.
La investigación administrativa concluye que el documento destruido sí era parte de un expediente de Cancillería. Lo fundamenta en las declaraciones de los testigos y los documentos que recabó, y en un punto resume que la existencia del documento destruido está dada también porque era parte de un expediente, que fue manipulado por funcionarios en el cumplimiento de su tarea.
“La prueba más rotunda de que el documento primario (con los chats) existió, es que formaba parte del expediente EM2022/06001/003498. Esto, desde el momento en que la doctora Ache ingresó el sobre como elemento físico al referido expediente, y por lo tanto el sistema de expediente electrónico Gex utilizado en el ministerio, registró ese ingreso, y registró también el movimiento de ese elemento físico hacia la unidad Secretaría del Ministro”, dice.
”En síntesis, —concluyó— resulta probado en la presente investigación, que el documento primario existió, que formaba parte del expediente, que fue elevado con dicho documento hacia la secretaría del ministro el día 24 de noviembre de 2022, y que dicho documento primario no fue entregado al juzgado correspondiente, porque fue extraído el 25 de noviembre de 2022 de la órbita de la Cancillería, con un destino para el que no fue creado, y nunca regresó al ministerio”.
Con esos argumentos, la instructora de la investigación recomendó iniciar un sumario a Bustillo, quien está de licencia, y a Mata, que trabaja ahora en comisión en el despacho del senador Carlos Camy.
