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El Ministerio de Relaciones Exteriores inició una investigación administrativa para determinar cómo un documento de Cancillería fue destruido por un asesor del entonces presidente Luis Lacalle Pou. El alcance de la resolución incluye analizar por qué hay documentación que reclama la Fiscalía que no está en poder del ministerio y evaluar posibles responsabilidades de sus funcionarios, supo Búsqueda.
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El fiscal envió un exhorto el martes 1 al Ministerio de Relaciones Exteriores en el que solicitó que le vuelvan a mandar expedientes que ya había pedido y que, considera, recibió incompletos o desordenados, y que identifiquen a algunos funcionarios participantes del proceso que terminó con el documento destruido.
La investigación busca determinar si Roberto Lafluf, asesor en comunicación y estrategia de Lacalle Pou, destruyó un documento que era parte de un expediente de Cancillería y contenía los mensajes de WhatsApp entre Guillermo Maciel y Carolina Ache. En ese diálogo, el entonces viceministro del Interior le decía a la vicecanciller que Sebastián Marset, preso en Dubái, era un narco “pesado” y “peligroso”. Esos mensajes, que debían ser entregados a la Justicia, contradecían lo declarado durante una interpelación parlamentaria por varios integrantes del gobierno.
Mientras preparaba la respuesta al exhorto, el ministerio determinó que hay información que el fiscal pidió y que la secretaría de Estado no tiene o no encuentra.
Machado también pidió que la Cancillería le informara si había iniciado una investigación administrativa sobre la destrucción del documento, un hecho que denunció Ache en noviembre de 2023. Y en caso de que la hubiera llevado a cabo, que le enviara una copia del expediente.
El ministerio, durante la administración de Lacalle Pou, decidió no investigar el tema. Argumentó que el caso estaba en Fiscalía y que no quería entorpecer su trabajo, según una respuesta que brindó, en enero de 2024, ante una solicitud de acceso a la información de Búsqueda.
Ahora, la resolución firmada por Lubetkin ordena a la Dirección de Asuntos Jurídicos que investigue el episodio. En particular, qué sucedió con el sobre cerrado que Ache entregó en el despacho del ministro de la época, Francisco Bustillo, y que contenía un acta notarial con copia de los chats.
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Roberto Lafluf en el afiteatro del anexo a Torre Ejecutiva en Montevideo, 2 de agosto de 2021
Javier Calvelo / adhocFOTOS
Ese sobre terminó en manos de Lafluf, quien lo destruyó en una oficina de la Presidencia de la República. Búsqueda informó en 13 de marzo de 2024 que el entonces director de Jurídica del ministerio, Carlos Mata, fue quien llevó el documento a la Torre Ejecutiva.
Para que el ministerio pudiera cumplir con el fallo de la Justicia que lo obligaba a entregar los mensajes, Ache debió entregar una nueva copia certificada de los mensajes de WhatsApp.
La investigación administrativa buscará determinar eventuales desvíos de los funcionarios involucrados en el proceso. Se centrará, en especial, en los sucesos ocurridos desde el momento en que Ache entregó el sobre, el 24 de noviembre de 2022, y tuvo que facilitar otra copia cuatro días más tarde.
