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Colorados se embanderan en defensa de las zonas francas y blancos difieren en su interna por impuesto al agro
Vamos Uruguay cuestiona particularmente el impuesto mínimo global, mientras en la interna del Partido Nacional hay dos posiciones sobre la eliminación de un tributo que se destina a las intendencias
La discusión tributaria está en el centro de la agenda política. El proyecto de Presupuesto quinquenal que presentó el Poder Ejecutivo introduce varios cambios impositivos que son rechazados por los principales partidos de la oposición. Blancos y colorados apuntan en particular contra el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico que se crea en la iniciativa y alertan sobre un impacto negativo. De forma paralela, en la interna del Partido Nacional hay discrepancias en otra innovación que propone el gobierno: mientras unos dirigentes impulsan eliminar un impuesto, otros se resisten.
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El Partido Colorado resolvió el lunes 8 en una reunión bicameral que no adelantaría posición sobre el proyecto de Presupuesto hasta que no comparezcan todos los jerarcas convocados a comisión, pero algunas cartas ya están sobre la mesa. La bancada de Vamos Uruguay, el sector que lidera el senador Pedro Bordaberry, resolvió enfocar sus críticas en la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico, un tributo anual que grava las rentas obtenidas por las entidades localizadas en Uruguay y que formen parte de un grupo multinacional con ingresos anuales de al menos 750 millones de euros. El lunes 15, Día Internacional de la Democracia, Bordaberry envió señales al respecto.
Durante el acto de entrega de un retrato y de documentos del expresidente José Serrato a la Biblioteca del Palacio Legislativo, Bordaberry destacó el valor de las zonas francas, cuya cámara se opone a la creación del impuesto. La presidencia de Serrato (1923-1927) “fue realmente impresionante”, dijo el colorado, y recordó que “se crearon las zonas francas, la de Colonia, la de Nueva Palmira” y una en Bella Unión “que nunca se llegó a hacer”. “Vaya si han dado empleo a través del tiempo las zonas francas”, destacó, y afirmó que “alcanza con ir a ver lo que hace Pepsi en Colonia y el peso que tienen en las exportaciones de Uruguay”. Bordaberry había dicho esa mañana en En Perspectiva (RadioMundo) que el proyecto de Presupuesto “liquida las zonas francas”. Un dirigente de Vamos Uruguay confirmó a Búsqueda que “la bandera” del sector durante esta discusión presupuestal será la defensa de esta área, que puede verse afectada si se crea el llamado impuesto mínimo global.
Bordaberry en la biblioteca
Pedro Bordaberry en la Biblioteca del Palacio Legislativo
Mauricio Zina / AdhocFotos
La preocupación de Vamos Uruguay sobre el tema también quedó plasmada el lunes 5 durante la comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes. El diputado Conrado Rodríguez le preguntó si se había reunido con la Cámara de Zonas Francas para consultarla sobre “los efectos” de este nuevo impuesto y el ministro le respondió que “nada” se hizo “sin conversar, recibir comentarios, objeciones, críticas y temores de parte de los empresarios”.
El presidente de esa cámara, Enrique Buero, reconoció que “la apertura al diálogo” del ministerio “es muy buena”, pero advirtió que “la implementación de este impuesto en los tiempos y los términos propuestos es inconveniente, inoportuna e innecesaria” y que “se afecta uno de los pilares del régimen de zonas francas del país, que es la seguridad jurídica y el respeto por los derechos adquiridos” en cuanto a las exoneraciones tributarias. Esto, a su entender, “deja un flanco abierto en términos de responsabilidad del Estado”. Buero dijo a Búsqueda que entre 40 y 60 empresas de ese sector deberían pagarlo, por lo que “hay una gran preocupación”.
En el Partido Nacional este asunto también es prioritario. Al enumerar los temas “peligrosos” del proyecto de Presupuesto, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, habló en primer lugar en el ciclo Desayunos Búsqueda del “impuesto mínimo global doméstico, que además afecta a las zonas francas y va a afectar las inversiones”.
A pesar de estas críticas, en el oficialismo estiman que Cabildo Abierto dará los votos para aprobar la creación de este impuesto clave en el esquema recaudatorio del gobierno. El presidente de ese partido, Guido Manini Ríos, dijo el domingo 7 a El Observador que “esos impuestos se pueden apoyar, pero siempre y cuando lo que se vuelque sea en beneficio de determinadas áreas que hay que fortalecer”.
Por otra parte, diputados blancos y colorados cuestionaron este miércoles 17 tras la comparecencia en comisión del ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, la creación de un nuevo impuesto sobre sustancias fitosanitarias de alta peligrosidad. Los legisladores sostiene que generaría perjuicios tanto a productores agropecuarios como a la industria nacional de fitosanitarios.
Impuesto que cobran intendencias
El artículo 617 del proyecto de Presupuesto crea “un ámbito de trabajo destinado a analizar la eventual modificación del Impuesto a los Semovientes”, que grava con 1% la venta de animales. Estos fondos se destinan a las intendencias. El gobierno pretende eliminar este tributo, como anunció el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, el sábado 13 en la Expo Prado, y con ese propósito busca instalar este grupo de trabajo.
También promueven la eliminación de este impuesto los senadores que interpelaron a Fratti, el nacionalista Sebastián da Silva y Bordaberry. El colorado presentó incluso un proyecto de ley el 15 de febrero con esta iniciativa. De todas maneras, el asunto produjo un cruce entre Da Silva e intendentes blancos el lunes 2 en la primera reunión de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional ampliada.
Los jefes de los gobiernos departamentales expresaron entonces que la eliminación de este impuesto puede perjudicarlos y llevarlos a perder “soberanía” sobre estos fondos. La Intendencia de Rocha recauda US$ 1,8 millones por este gravamen al año, y la de Paysandú, US$ 2 millones, aproximadamente, informaron a Búsqueda los intendentes Alejo Umpiérrez y Nicolás Olivera.
intendentes
Los intendentes Alejo Umpiérrez, de Rocha, Nicolás Olivera, de Paysandú, Francisco Legnani, de Canelones, y Carlos Albisu, de Salto
Santiago Mazzarovich / AdhocFotos
Ambos advirtieron que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) acordó informar previamente al Congreso de Intendentes sobre los artículos que afecten a los gobiernos departamentales, pero en este caso no lo hizo. Umpiérrez expresó “sorpresa” por esto y Olivera, que preside el Congreso de Intendentes, se lo alertó a la OPP. “Le hicimos saber” que la creación de una comisión “no era parte de lo conversado”, explicó. El sanducero entiende que “no es momento” de discutirlo.
Fratti anunció que el “ámbito de trabajo“ que se propone crear incluiría al Congreso de Intendentes, la OPP y los ministerios de Ganadería y Economía. “No se nos consultó si queríamos estar ahí sentados“, dijo Olivera, y agregó: “No creo necesario crear una comisión. Yo venía conversando de este tema sin necesidad de comisión”. A su vez, estimó: “Capaz que se introdujo para descomprimir la presión del gobierno con algún compromiso con alguna gremial”. La Federación Rural, cuya dirección integró el ministro de Ganadería, ha reclamado eliminar este impuesto.
Alfredo Fratti
Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca
Mauricio Zina / AdhocFotos
Aunque Fratti dijo que la pretensión de su ministerio y del de Economía es suprimir este tributo “sin afectar las finanzas de las intendencias”, la propuesta preocupa a los jefes departamentales. “Los intendentes tenemos una posición definida: no nos negamos a conversar del tema, estamos abiertos, viendo un formato que nos garantice mantener la soberanía del recurso, porque hoy todos estamos elaborando nuestro presupuesto y esto es parte de nuestro presupuesto”, sostuvo Olivera. Aclaró incluso que “con esos recursos ya hay compromisos asumidos”, por lo que “no da para hablarlo en cinco días”.
Para el presidente del Congreso de Intendentes, “la experiencia ha sido mala” porque, “cada vez que el gobierno nacional dice ‘dejen de recaudar ustedes que recaudamos nosotros’, después en OPP pueden decir ‘miren que esta plata ahora no va o la vamos a retacear’”.
