—Fuera del gobierno, el plan fiscal contenido en el Presupuesto ha recibido críticas técnicas. ¿Qué responde a la advertencia que hizo el Consejo Fiscal Asesor de que solo atenúa el crecimiento del ratio de deuda y que lo proyectado por el MEF podría sobreestimar el aumento de recaudación previsto y el crecimiento económico para el quinquenio?
—Primero, valoramos mucho las opiniones contenidas en el informe, que en líneas generales comparten las orientaciones y los cambios que estamos impulsando en materia de institucionalidad fiscal y regla fiscal.
Sobre las observaciones, es cierto que la programación financiera tiene implícita inicialmente una trayectoria levemente creciente, como lo señala el consejo, pero lo más importante es que estabiliza el ratio dos puntos (del Producto Interno Bruto —PIB—) por debajo de lo que es el ancla de deuda de mediano plazo fijado en la nueva regla fiscal y que el Consejo Fiscal Asesor comparte como criterio.
—Lo que dice el consejo es que hay incertidumbre sobre dos componentes importantes del plan del gobierno para lo que llama una consolidación fiscal.
—Respecto a la incertidumbre sobre la trayectoria de los ingresos, que es donde reposa la mejora de la situación fiscal, está previsto tener una mejora de un punto y medio del PIB en el resultado fiscal a lo largo del período, con un nivel de gasto constante respecto del PIB. Por lo tanto, la mejora del resultado fiscal se da vía ingresos que se distribuyen, en grandes números, en proporciones iguales: una es la mejora en la eficiencia recaudatoria y la otra tiene que ver con el impacto de las transformaciones previstas en el diseño tributario.
¿Qué es lo que sucedió en los últimos cinco años? De acuerdo con las propias mediciones que hace la DGI (Dirección General Impositiva), hubo una reducción de la eficiencia recaudatoria, es decir, un mayor nivel de evasión, debido a un conjunto de medidas que alentaron la idea de que había un relajamiento en materia de controles. Lo que estamos planteando es, en estos cinco años, retornar a lo que era la eficiencia que teníamos en el 2019. Para eso, la DGI ha elaborado un conjunto de medidas que se orientan en un cambio en el modelo de gestión y nosotros nos estamos parando en el escenario más conservador (en términos de recaudación) que plantea. El tiempo dirá si efectivamente se cumple o no, pero no estamos viendo allí un factor de riesgo significativo.
En el tema de los impuestos es donde tenemos mayor certidumbre respecto al cumplimiento de nuestras proyecciones; para estimar el producido del Impuesto Mínimo Doméstico Complementario y el gravamen a los dividendos que se distribuyen a agentes no residentes la DGI se basa en datos administrativos, no en supuestos. Si esto hubiera estado vigente en este momento, ¿cuánto hubiera recaudado? Y eso representa US$ 360 millones, el 80% de toda la mejora asociada a estos cambios tributarios. Es una proyección que creemos conservadora y absolutamente realizable, y el margen de incertidumbre allí es muy muy bajo. Claro, uno podría decir: “¿Cabe la posibilidad de que el mundo vaya en otra dirección y el Impuesto Mínimo Global quede sin efecto?”. Bueno, en ese caso, el compromiso del gobierno es que el Impuesto Mínimo Doméstico Complementario no se aplica. Ahí estamos en otro escenario.
En cuanto al crecimiento económico, entendemos que tenemos proyecciones muy serias, sólidas y consistentes. ¿Podemos equivocarnos? Y sí, porque el mundo, entre otras cosas, es incierto. Por otro lado, en estas proyecciones no estamos considerando algunos efectos positivos que la incertidumbre global nos genera. Hace un año, por ejemplo, pensamos que era muy poco probable que se pudiera llegar a la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur; hoy es algo que tiene una probabilidad bastante alta de concretarse.
—¿Qué pasa si no se vota el impuesto complementario?, ¿hay un plan B? Algunos sectores de la oposición ya están marcando resistencias fuertes…
—En este momento estamos trabajando con el objetivo de generar los acuerdos para que esto pueda avanzar. Me cuesta pensar que en el sistema político no podamos generar los acuerdos básicos para poder implementar medidas que no significan una carga adicional ni para las empresas ni para las personas, sino que simplemente localizan impuestos que hoy se pagan en el exterior.
Lo que uno puede discutir es cómo aseguramos que efectivamente este sea un impuesto neutro para las empresas y para las personas o cómo aseguramos que se trate efectivamente de una relocalización. Y eso es lo que estamos discutiendo, intercambiando, explicando. Estas medidas no van a afectar negativamente la inversión ni el empleo, porque para las empresas son impuestos que en cualquier caso se iban a pagar. Y, por lo tanto, atarnos las manos, no cobrarlos nosotros y que los cobre un país en el exterior parecería que no tiene mucho fundamento.
—La Cámara de Zonas Francas señala que sí puede haber perjuicios y advierte riesgos de litigios contra el Estado por cambios en las reglas. ¿No es así, según el gobierno?
—Creo que la cámara está haciendo una mala lectura de lo que está propuesto. Hemos tenido múltiples reuniones en las cuales se ha aclarado cuál es la orientación, cuál es el compromiso del gobierno, y así está dicho en las propias actas parlamentarias. Tenemos que ser muy claros: nosotros no les vamos a cobrar el Impuesto Mínimo Complementario Doméstico a empresas que están en las zonas francas y que no están alcanzadas por el Impuesto Mínimo Global. Porque, entre otras cosas, somos muy respetuosos de la seguridad jurídica y la estabilidad de las normas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Impuesto Mínimo Complementario Doméstico no le genera un perjuicio a las empresas que hoy ya están pagando impuestos pero lo pagan en otro país, ahí no hay ningún perjuicio, al contrario. Los tributaristas sostienen que, para las empresas que están obligadas a pagar el Impuesto Mínimo Global, pagarlo acá les ahorra muchísimos trámites y complicaciones vinculadas al cumplimiento tributario en el exterior. Pero lo que es claro es que para esas empresas no hay perjuicio y, por lo tanto, no hay un incumplimiento de lo que es el marco legal que rige hoy el funcionamiento de las zonas francas. Les queremos transmitir la mayor tranquilidad y certeza de que este impuesto no les va a causar un perjuicio.
El resto no van a estar alcanzados. ¿Cómo se va a implementar esto? Son las cosas en las cuales estamos trabajando directamente con la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y en la reglamentación, para asegurar que, efectivamente, eso sea así. Ese es el compromiso del gobierno.
Cuando uno quiere profundizar una agenda de promoción y defensa de la competencia en un mercado de una economía chica como es la uruguaya, claro, pisa callos. Por eso la necesidad de tener una definición y una voluntad política muy clara. Cuando uno quiere profundizar una agenda de promoción y defensa de la competencia en un mercado de una economía chica como es la uruguaya, claro, pisa callos. Por eso la necesidad de tener una definición y una voluntad política muy clara.
Por otro lado, que empresas que antes no estaban grabadas por ningún impuesto a la renta ahora tienen que empezar a pagar si facturan más de 750 millones de euros, es cierto. ¡Pero no es por una decisión del gobierno uruguayo! Si el gobierno uruguayo no hiciera nada, igual esas empresas van a estar alcanzadas por ese impuesto. Por lo tanto, nuestro mensaje es de absoluta certeza y tranquilidad respecto a que no se van a alterar las reglas de juego y que se van a respetar absolutamente todos los compromisos que tiene el país.
Respecto del régimen de tax holiday, no hay ninguna alteración de las reglas y, para adelante, se establecen nuevas condiciones; queremos que sigan viniendo personas, potencialmente inversores y talentos, y ahora, para adquirir esos beneficios, se les exige una contrapartida.
—La senadora frenteamplista Constanza Moreira festejó en una charla con militantes el sábado que el impuesto complementario doméstico empieza a “desandar una política de zonas francas” y lo interpreta como una “reconceptualización del rol de la inversión extranjera directa en el país”, según consignó la diaria. ¿Es correcta esa lectura?
—Nosotros no lo vemos como una reconfiguración de la política de atracción de inversiones. Esto no es consecuencia de una decisión del gobierno uruguayo; no somos una isla y tenemos que adaptarnos a los cambios globales. El desafío es cómo reconfigurar nuestros mecanismos de promoción para seguir siendo atractivos y seguir logrando que la inversión extranjera se instale en el país, que genere empleos de calidad, que genere riquezas y aumento de la actividad económica.
—En perspectiva histórica, ¿qué dimensión tienen estas reformas impositivas, que se suman a cambios anunciados por el MEF para desempapelar el comercio exterior, en el régimen de Comap (Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones) y para liberalizar las importaciones en la zona de frontera?
—Cuando uno mira la agenda de transformaciones, las que están incluidas en este Presupuesto son realmente muy importantes y generaron inquietudes, que se han ido disipando; nuestra preocupación central es que quede claro que todas estas medidas no van en la dirección de afectar el clima de negocios.
Respecto a lo que fueron los tres anteriores del Frente Amplio, la agenda de transformaciones económicas de este gobierno se compara con lo que fue el primero, que tuvo una agenda tal vez mucho más potente y transformadora porque el país venía con un atraso muy grande en muchísimas áreas; hizo reformas en la salud, en el sistema tributario, en la ley de defensa de la competencia y un relanzamiento de los esquemas de promoción de inversiones, entre otras. Después de aquel envión de reformas, sin duda este gobierno es el que tiene una agenda más activa. Y mucho más activa y profunda de la que tuvo el gobierno anterior; los resultados en términos de transformaciones estructurales del período pasado fueron muy escasos.
La transformación macro es un proceso que se inicia a la salida de la crisis del 2002 y hoy es un elemento consolidado en términos de la trayectoria inflacionaria y, aunque con desafíos, hay una conciencia muy extendida respecto a la importancia de la estabilidad fiscal y de deuda. Hay cosas para hacer y, de hecho, estamos introduciendo mejoras en la regla fiscal. Pero donde el país tiene un rezago más importante es en un conjunto de reformas microeconómicas que son fundamentales para impulsar la inversión y, por lo tanto, para potenciar el crecimiento. En ese sentido, tenemos una agenda y un rumbo de transformaciones de naturaleza microeconómica que es muy importante y estamos muy confiados en que vamos a poder empezar a implementar en estos cinco años. Es una agenda compleja, que tiene que ver con trámites, con incentivos, con costos asociados al comercio exterior, y son un conjunto de pequeñas transformaciones que requieren mucho trabajo y voluntad política.
—¿De dónde espera más resistencias a las reformas?, ¿de la interna del Frente Amplio o del sector privado y sus lobbies?
—Vienen fundamentalmente del sector privado, porque en general siempre de la mano de un trámite o una regulación que genere una barrera a la competencia, por ejemplo, hay una empresa o un conjunto de empresas que se benefician. Lo que pasa es que eso va en detrimento del bien común, porque el que se perjudica es el consumidor. Entonces, cuando uno quiere profundizar una agenda de promoción y defensa de la competencia en un mercado de una economía chica como es la uruguaya, claro, pisa callos. Por eso la necesidad de tener una definición y una voluntad política muy clara, y un respaldo muy importante de parte del presidente, porque las presiones uno las ve en el Parlamento cuando hay disposiciones que requieren una modificación legal. En el Presupuesto tenemos varios ejemplos, y vamos a ver cuál es el resultado de muchas de esas disposiciones que simplifican trámites, que eliminan costos, y si efectivamente existe la voluntad política mayoritaria en el Parlamento de avanzar en esa dirección, a pesar del lobby que puede existir de parte de algunos sectores que se vean perjudicados. Y lo mismo en cuestiones que no requieren una ley, y que sí, siempre tenemos quien se beneficia de estos temas.
Pero, bueno, los uruguayos tenemos mucha experiencia en avanzar gradualmente.
—¿Qué señala frente a estimaciones del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social según las cuales el presupuesto en educación en relación con el PIB bajaría al final del período y las críticas en igual sentido desde la Universidad de la República?
—Hay que hacer una adecuada ingeniería respecto a las cifras presupuestales cuando uno analiza eso. Nosotros hicimos el ejercicio para cuatro organismos —ANEP, Udelar, Universidad Tecnológica y Ceibal—, porque esto después, en realidad, se mide en base a la ejecución. El crédito vigente en el 2025, considerando todos los créditos, es del 4,2% del PIB, y lo que estamos previendo para el 2026 y 2027 es del 4,2% también. ¿Por qué miramos solo esos años? Porque, por ejemplo, a nivel salarial lo que está previsto es solo un acuerdo de dos años. Entonces, cuando uno incorpora —porque el componente central del gasto en educación es el salario—, si nosotros no consideramos qué va a pasar con los salarios, ya que todavía no tenemos un acuerdo firmado para 2028 y 2029, lo que vemos es que el gasto se mantiene en un porcentaje del PIB. No aumenta, pero no cae.
—¿El compromiso de aproximarse al 6% del Producto se va a cumplir?
—El objetivo es tender al 6% y con esa lógica vamos a trabajar. Lo que sucede es que lo que uno no puede dejar de lado es cuáles son las condiciones presupuestales que enfrenta el país. Un déficit fiscal del 4,1% o 4,2%, como está previsto para este año, no es sostenible en el tiempo. Si no corregimos esa situación, lo único que va a suceder es que el endeudamiento va a crecer y, si eso pasa, los problemas terminan afectando precisamente a quienes nosotros queremos proteger. Entonces, nuestra principal obligación es ser muy responsables.
Hoy por hoy este es el máximo esfuerzo que podemos hacer, porque tenemos que atender a la educación y tenemos que atender los problemas en las infancias y las adolescencias, en la seguridad pública, en salud y la salud mental.
