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El gobierno acusa a Cardama de un “grave incumplimiento” con la segunda garantía, emitida por Redbridge
El astillero presentó un documento de “Términos y condiciones” y no la póliza, según Defensa, lo que puede haber sido “negligencia” o “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales”
Construcción de una de las patrulleras para Uruguay en el astillero Cardama.
El Poder Ejecutivo tiene en la mira al astillero Cardama desde el año pasado, porque sospecha que una de las dos garantías que presentó para cumplir con el contrato es falsa. Dudas similares recayeron esta semana también sobre el otro aval, al punto que el Ministerio de Defensa informó a la empresa española que incurrió en un “grave incumplimiento” vinculado con la garantía de reembolso.
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El martes 27 Defensa notificó a Cardama, contratado por la administración anterior para construir dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por 82 millones de euros, la detección de un nuevo problema serio, que se suma a otros observados antes, y que puede habilitar reclamos por parte del Estado, según reconstruyó Búsqueda.
El contrato establecía que Cardama debía constituir a favor del ministerio dos garantías: una de fiel cumplimiento por 4.113.500 euros y otra de reembolso, equivalente al 10% del precio de cada buque, es decir, 4.113.500 euros por buque. Si bien tenía 45 días desde la firma del acuerdo, ocurrida en diciembre de 2023, el titular del astillero demoró 11 meses en conseguir que el gobierno uruguayo aceptara los avales.
En octubre del año pasado, el presidente Yamandú Orsi anunció que preparaban una denuncia por presunto fraude al Estado tras constatar que la garantía de fiel cumplimiento, otorgada por EuroCommerce Bank, podía ser falsa. Los datos recabados por el gobierno y otros divulgados por Búsquedasugieren que la compañía, domiciliada en Londres, es una empresa “de papel”. EuroCommerce fue dado de baja del registro comercial británico en noviembre por diversos incumplimientos.
En un escrito enviado a Cardama esta semana, Defensa notificó a la empresa sobre un “grave incumplimiento adicional” de sus “obligaciones esenciales” establecidas en el contrato. Esta falla y las anteriores, según el gobierno, agravan “de manera significativa” la posición del astillero.
El ministerio recordó que el artículo 11 del contrato exigía a Cardama conseguir la garantía de reembolso, una obligación de “carácter esencial”, porque sin ella el acuerdo no entraba en vigencia. Ese aval debía estar vigente hasta la entrega de las dos OPV.
Defensa aceptó en noviembre de 2024 la garantía de reembolso presentada por el titular del astillero, Mario Cardama, emitida por Readbridge Insurance Company.
Pero ahora el gobierno sostuvo en su notificación que el documento de Readbridge que envió Cardama y está en poder del ministerio, fechado el 30 de octubre, “no constituye una garantía válida”.
Los representantes legales de Redbridge confirmaron a las actuales autoridades, según el escrito del ministerio, que el documento “no es una póliza de anticipo financiero”, sino un documento de “términos y condiciones”.
Fragmento del documento de Redbridge
Encabezado del documento de Redbridge entregado por Cardama al Ministerio de Defensa.
Esto implica, de acuerdo con el gobierno, que en los hechos hasta ahora la administración no recibió de parte de Cardama “la garantía de reembolso que exige el contrato”. Para el ministerio, se trata de un incumplimiento “grave y esencial” por no constituir la garantía, que lo deja “en una situación de desprotección absolutamente inaceptable”.
En su notificación, Defensa recordó que no se trata de un “hecho aislado”, sino que se suma a un “incumplimiento repetido y sistemático” por parte del astillero. Sostuvo, además, que la decisión de remitir un documento que no muestra los términos de la garantía que dijo haber obtenido es una “grave negligencia” y, quizás, “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales requeridas por el contrato cuando ese cumplimiento no existe en realidad”.
Defensa le advirtió a Cardama que, por el incumplimiento detectado en relación con la póliza de Redbridge, el gobierno se reservaba el derecho de “declarar cancelado el contrato”, recibir la “devolución” de todos los importes pagados (unos 28 millones de euros hasta la fecha de notificación) y de solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
Un documento de ocho carillas
El documento que presentó Cardama y que aceptó el gobierno anterior, a uno de cuyos borradores accedió Búsqueda, tiene ocho carillas, las dos primeras son los “Términos y condiciones”, firmados por Edmund Santiago, CEO de Redbridge. El resto son “condiciones generales de la cobertura de seguro de fianza”, que contiene términos genéricos.
El estudio Delpiazzo, que asesoraba al ministerio en la negociación con Cardama, analizó el primer borrador de ese documento en abril de 2024. En aquella oportunidad, dijo que el objeto garantizado, el valor y vigencia estaban de acuerdo con lo que establecía el contrato.
Cuando el astillero envió la versión final, el estudio advirtió que faltaban certificaciones que probaran que Santiago tenía poder para firmar ese documento. Cardama consiguió documentación que subsanaba esa y otras dudas planteadas por Delpiazzo y la garantía fue aceptada.
