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Caso Cardama: el gobierno rescindió el contrato por “incumplimientos graves” del astillero
El presidente Orsi dijo que el Poder Ejecutivo decidió “iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado uruguayo” y “definir responsabilidades institucionales e individuales” ocurridas en el marco de la aceptación de las garantías que entregó Cardama
Yamandú Orsi conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
Tras una sesión del Consejo de Ministros, el Poder Ejecutivo anunció este viernes 13 la revisión del contrato con el astillero español Cardama, que había sido contratado por la administración anterior para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV, por sus siglas en inglés) por 82 millones de euros.
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La conferencia fue liderada por el presidente Yamandú Orsi, quien abrió su intervención diciendo que la decisión tomada respondía al “interés general de la nación”, a la “defensa nacional” y a la “necesidad permanente de transparencia en la gestión pública”.
El presidente recordó que el 22 de octubre de 2025 encabezó una conferencia de prensa en la que denunció que Uruguay podría haber sido víctima de un “fraude” en el marco de la contratación del astillero. El centro estaba entonces en presuntas irregularidades en la garantía de fiel cumplimiento emitida por EuroCommerce Bank. Este mediodía Orsi añadió que la otra garantía, emitida por Redbridge Insurance Company, también tiene problemas graves y no cumple con lo que establece el contrato.
Orsi dijo que decidieron iniciar cuatro acciones: rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves e iniciar acciones por daños y perjuicios; iniciar acciones para recuperar el patrimonio del Estado; definir responsabilidades institucionales e individuales y tomar las medidas que correspondan, y procurar la adquisición de nuevas patrulleras oceánicas, "tan necesarias para la seguridad nacional”.
A su turno, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, dijo que Cardama incurrió en “graves incumplimientos" en términos jurídicos y contractuales y en la construcción de los buques. Aclaró, no obstante, que la rescisión se basa en las falencias jurídicas y contractuales y anunció que, sobre los problemas detectados en la construcción de la primera OPV, el gobierno también tomará acciones.
Lazo-Orsi-Diaz
Sandra Lazo, Yamandú Orsi y Jorge Díaz durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
El primer anuncio
La decisión era esperada después de la conferencia del 22 de octubre. En aquel entonces, flanqueado por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y el prosecretario Díaz, Orsi informó que habían detectado presuntas irregularidades en una de las dos garantías millonarias que presentó Cardama. A partir de ese hallazgo, el gobierno resolvió iniciar las acciones “civiles, penales y administrativas pertinentes”, según la resolución presidencial.
Un día antes de esa decisión, el gobierno había recibido por correo un informe del embajador uruguayo en Reino Unido, Luis Bermúdez. El diplomático tenía la instrucción de ir a la sede EuroCommerce Bank, la institución que emitió el aval de fiel cumplimiento presentada por Cardama, y entregar una nota que activaba la ejecución de la garantía, que no había sido renovada.
Para su sorpresa, en la dirección plasmada en la garantía no había una oficina de EuroCommerce, sino una inmobiliaria. “Conversé con sus responsables, quienes comentaron que Eurocommerce LTD. (el nombre legal) no ha funcionado allí en el pasado, pero que se recibe correspondencia frecuentemente dirigida a esa entidad”, escribió Bermúdez en el correo, al que accedió Búsqueda.
Dirección-Eurocommerce
Vista de la primera dirección en la que EuroCommerce afirmaba que se encontraban sus oficinas.
Google Street View
El embajador se trasladó entonces hacia la dirección que figuraba en la web de EuroCommerce Bank, que era distinta de la que lucía en la garantía, a unos 500 metros de distancia, pero tampoco tuvo suerte.
“Como orientación adicional se realizó comunicación telefónica con el teléfono fijo que figura en (el) sitio web de Eurocommerce LTD., número que —nos informaron— pertenece a la insitución financiera Standard Chartered Bank”, relató el diplomático.
En su correo, Bermúdez adjuntó fotos de la fachada donde funcionaba la inmobiliaria y no EuroCommerce Bank.
Además de esas gestiones del embajador, el Poder Ejecutivo recibió el mismo 21 de octubre un informe del estudio británico Arnold & Porter que advertía que EuroCommerce no parecía ser una entidad financiera autorizada en Reino Unido y que “parecería que no sigue en operaciones”.
Con todos esos insumos, el asistente letrado de la ministra Lazo, Alfredo Maeso, elaboró un informe en el que concluyó que los problemas con la garantía podrían “dar mérito a que la administración determine la resolución unilateral del contrato fundado en el incumplimiento del proveedor”.
Las sospechas sobre la garantía emitida por EuroCommerce Bank solo aumentarían con el paso de las semanas.
La obtención de las garantías establecidas en el contrato, una de reembolso (por 8,2 millones de euros) y otra de fiel cumplimiento (por 4,1 millones de euros), fue un dolor de cabeza para Cardama. Tardó 11 meses en conseguirlas, cuando el contrato establecía un plazo de 45 días.
El proceso estuvo plagado de pedidos de prórroga de Cardama, dado que las posibles garantías que decía estar por conseguir no cristalizaban. De hecho, la opción de EuroCommerce apareció al filo del vencimiento de una prórroga de tres días concedida en setiembre, después de que Abitab rechazara emitir un aval.
El borrador de la garantía de EuroCommerce que mandó a último momento Cardama era casi idéntico al que había enviado meses antes, pero con un banco camerunés como supuesto emisor, informó Búsqueda. El documento camerunés y los dos borradores de la garantía de EuroCommerce comparten tipografía, estilo y contenido y fueron convertidos a formato PDF en una computadora Mac.
A las dudas sobre la compañía británica, que podría ser una entidad “de papel”, se sumarían sospechas sobre los documentos notariales que fundamentaban su veracidad. En octubre, Búsqueda informó que un notario español creía que le habían falsificado la firma.
Defensa notificó al astillero de un “grave incumplimiento” con la segunda garantía. Aseguró que presentó un documento de “Términos y condiciones” y no la póliza, lo que puede haber sido “negligencia” o “una actuación deliberadamente orientada a crear la apariencia de cumplimiento de obligaciones esenciales”.
Defensa le advirtió a Cardama que, por el incumplimiento detectado en relación con la póliza de Redbridge, el gobierno se reservaba el derecho de “declarar cancelado el contrato”, recibir la “devolución” de todos los importes pagados (unos 28 millones de euros hasta la fecha de notificación) y de solicitar una indemnización por daños y perjuicios.
Orsi dijo este mediodía que la póliza que finalmente pudo ver el gobierno “no se condice” con el contrato.
Díaz aseguró que el Estado no tenía en su poder la verdadera póliza, sino Cardama, y que no se ajustaba a los términos del contrato. Añadió que la garantía establecía deducciones distintas a las que debía tener de acuerdo con el contrato. “La única explicación razonable” para que el astillero no enviara la póliza fue, según evaluó el gobierno, que no iba a ser aceptada.
Embed - Conferencia de Prensa
La auditoría de Bureau Veritas
El gobierno también cuestionó la capacidad del astillero de cumplir con la construcción de las dos patrullas oceánicas en tiempo y forma. Un informe de Bureau Veritas, una empresa certificadora, advierte que el astillero no cumplió todavía con el proceso de obtención de los certificados de bandera uruguaya, algo previsto en el contrato firmado el 15 de diciembre de 2023.
El informe sostiene que Cardama no cumplió con la instalación de la quilla de la segunda OPV, un hito que el astillero consideraba cumplido y motivo suficiente para que Uruguay le pagara una cuota del contrato. El análisis concluyó que, si bien había elementos de construcción satisfactorios, había cosas a corregir y que el astillero no tenía la capacidad de cumplir con los plazos establecidos en el contrato.
