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Defensa reiteró a las Fuerzas Armadas su obligación de dar acceso irrestricto a archivos del pasado reciente
La resolución, firmada por la ministra Sandra Lazo, establece el deber de entregar a la Institución de Derechos Humanos la información sobre lo ocurrido con los desaparecidos entre 1968 y 1985
Un militar custodia la entrada al Ministerio de Defensa Nacional, en la avenida 8 de Octubre.
El Ministerio de Defensa Nacional recordó a todas las unidades de las Fuerzas Armadas su deber de entregar a los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) toda la información que permita conocer el destino de personas detenidas desaparecidas antes y durante la última dictadura cívico-militar.
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Una resolución fechada el 4 de diciembre y firmada por la ministra Sandra Lazo encomienda al Comando General del Ejército Nacional, al Comando General de la Armada Nacional, al Comando General de la Fuerza Aérea Uruguaya, a la Dirección de Inteligencia Estratégica del Ejército y a las demás dependencias y reparticiones dependientes de Defensa Nacional “asegurar al personal designado por la Inddhh el acceso irrestricto a los archivos de los servicios de inteligencia y demás archivos y acervos documentales que obren en el ámbito del ministerio”.
La resolución detalla que se trata de datos que, a juicio de la Institución de Derechos Humanos, puedan ser relevantes para la búsqueda de lo sucedido con las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas “en el marco de la actuación ilegítima del Estado”, entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985. El 13 de junio de 1968, el presidente Jorge Pacheco Areco decretó Medidas Prontas de Seguridad, lo que implicó la suspensión de garantías constitucionales.
Sandra Lazo en marzo, durante el acto aniversario de la Fuerza Aérea Uruguaya.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
De acuerdo a Lazo, la documentación sobre el tema que pueda existir en las dependencias del Ministerio de Defensa Nacional es de “especial interés para la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas”. Su disposición a las Fuerzas Armadas se sostiene en la Ley N° 19.822 de 2019, que encomienda a la Inddhh la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas, a través de, entre otras tareas, la investigación sobre las circunstancias de las desapariciones y de la ubicación de los restos humanos.
Mediante miembros de la institución especialmente designados y cuyo listado tiene que ser remitido a Defensa Nacional, la Inddhh tiene la potestad legal de acceder a archivos y establecimientos sobre el período 1968-1985, tanto públicos como privados. La ley señala que estos integrantes de la Institución de Derechos Humanos deben mantener reserva absoluta respecto de la información recabada que no fuere relevante para el cumplimiento de su mandato y también respecto a aquella relacionada con las personas de las que ha recibido colaboración.
A mediados de diciembre, Lazo participó en la colocación de una placa en memoria de las víctimas del terrorismo de Estado en el predio conocido como 300 Carlos, un predio del Ejército Nacional que durante parte de la dictadura albergó un galpón que funcionó como centro de detención y tortura.
“Hay deberes morales, jurídicos, políticos e históricos. Deberes de distinto carácter y de distinta naturaleza, pero que de manera diversa nos obligan a todos, que nos comprometen a todos. Hay quienes, al día de hoy, siguen incumpliendo algunos de esos deberes; eso los convierte en enemigos de la unidad de la patria, negando el conocimiento de la verdad”, dijo.
Los archivos de la dictadura
En 2021, el entonces presidente Luis Lacalle Pou junto a su ministro de Defensa Nacional, Javier García, entregaron a las autoridades de la Fiscalía General de la Nación y de la Inddhh documentos encontrados en el Grupo de Artillería N° 5 del Ejército, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura entre 1972 y 1974. Además, el gobierno puso todos los archivos a disposición pública en el sitio web del Ministerio de Defensa.
El material contenía informes militares elaborados durante la última dictadura, entre los que se encuentran librillos del Movimiento de Liberación Nacional (MLN), partes especiales de información y sumarios de informaciones del Estado Mayor del Ejército y recibos de entregas de efectos a personas detenidas. La Institución de Derechos Humanos, de todas formas, comunicó al Ministerio de Defensa que los datos no ofrecían “información de relevancia” para encontrar a detenidos desaparecidos.
A partir del hallazgo de esos datos, sin embargo, el Poder Ejecutivo terminó por impulsar una ley, aprobada en mayo de 2024, que creó en el Archivo General de la Nación una sección destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y las violaciones de los derechos humanos. La discusión de esa iniciativa tuvo críticas del Frente Amplio que provocaron la reacción del entonces ministro García. “Quizás en esta historia que se ha querido construir de ángeles y demonios hay muchos que la usan como ángeles y terminaron siendo demonios. O jugaron un rato de ángeles y otro de demonios. Creo que la historia puede ser más compleja que muchos relatos que se han construido”, afirmó.
En Uruguay, los registros oficiales contabilizan 197 personas desaparecidas por acciones atribuidas al Estado entre 1968 y 1985. En 2005 se inició la búsqueda sistemática de desaparecidos en predios militares y desde entonces se han producido siete hallazgos con identificación confirmada. El último se inició en julio de 2024, cuando el equipo de antropólogos de la Institución de Derechos Humanos encontró restos humanos en el Batallón de Infantería Paracaidistas N° 14.
Semanas después se informó que pertenecían a Luis Eduardo Arigón Castel, quien militaba en el Partido Comunista y era dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios cuando fue secuestrado en 1977. Arigón Castel vivía en la zona de La Blanqueada y trabajaba en una librería en la Galería del Notariado.
