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    No hace falta un precog

    Cuando la exclusión se convierte en la respuesta frente a una posición que se considera inadmisible de manera unilateral (…) la democracia necesariamente va perdiendo calidad; sin discusión no hay forma de tasar la calidad de las ideas

    Columnista de Búsqueda

    Siguiendo con las citas a la ciencia ficción distópica, en la película Minority Report los precogs (precognitivos) son mutantes que pueden ver el futuro. En particular, ven los crímenes que se van a cometer. La policía, que los mantiene encerrados en unas piscinas muy tecnológicas, utiliza esa información para detener al criminal antes de que cometa el crimen. Es decir, antes de que sea de verdad un criminal. La película se pregunta, entre otras cosas, dónde queda el libre albedrío cuando el futuro está predeterminado y si tiene sentido castigar a alguien por un acto que todavía no cometió.

    Los precogs del presente funcionan de otra manera. Como son incapaces de ver el futuro, se han especializado en reescribir el pasado. Toman una declaración, una foto, un texto o incluso un silencio y reconstruyen, según los límites de su propia visión del mundo, qué fue lo que quiso decir esa persona, cuál es su verdadera posición y qué significado político debe asignarse a eso que dijo o dejó de decir. La cosa se pone más densa cuando esa lectura ad hoc pasa a ser el fundamento para excluir a alguien de un espacio, reclamar que se lo boicotee o exigir que responda públicamente por algo que objetivamente no dijo.

    Esto le acaba de pasar a la escritora argentina Ariana Harwicz, invitada al festival Cultur-Alh de Granada. Su participación fue cancelada después de las presiones de la Red Universitaria por Palestina de Granada y de otros participantes, a raíz de sus posiciones sobre Israel, Palestina y el boicot cultural. La Universidad de Granada, que participa en la organización del encuentro, se desmarcó posteriormente de la decisión y defendió el carácter plural del espacio universitario. Una declaración tan justa y solemne como vacía, ya que Harwicz siguió fuera del encuentro.

    A esto se sumó que los escritores Rita Segato, Lina Meruane, Sabina Urraca, Gabriela Wiener, María Fernanda Ampuero, Brenda Navarro y Ángelo Néstore, que participaban en el festival, defendieron públicamente la cancelación y acusaron a Harwicz de negar el genocidio en Gaza. También argumentaron que la libertad de expresión tiene límites y que el festival debió identificar previamente su posición como problemática y no haberla invitado desde el comienzo. Harwicz, por su parte, ha expresado públicamente su oposición al boicot cultural a Israel y ha defendido que los artistas no sean excluidos por su nacionalidad. La argentina sostuvo lo mismo años atrás, cuando se planteó el boicot a artistas rusos después de la invasión a Ucrania. Se trata, por tanto, de una convicción intelectual sobre el boicot cultural, no de una defensa de Israel.

    Lo interesante es que la exclusión no se produce a partir de las posiciones que Harwicz ha hecho públicas, que son explícitas y que pueden ser discutidas, sino a partir de la lectura política que hacen de ellas quienes reclamaron su exclusión. Es decir, sobre sus palabras se construye una posición más amplia que establece, sin discusión, qué quiso decir realmente, qué posición política revela eso que quiso decir y qué consecuencias sociales merece. Cuando una interpretación política, arbitraria e intencional de las palabras de alguien se convierte en el fundamento para que esa persona no pueda participar de un espacio público, estamos ante un gesto abiertamente antidemocrático.

    El caso del músico Ed Sheeran muestra un mecanismo aún más particular porque allí lo que se hizo fue atacar lo no dicho. El rapero Macklemore, telonero de algunos conciertos de la gira estadounidense de Sheeran, realizó declaraciones en favor de Palestina durante un concierto en Nueva Jersey. Ante esto, el promotor de la gira decidió retirarlo de las fechas restantes, en una decisión que Sheeran aclaró que no había tomado él. Posteriormente aparecieron llamados de activistas y organizaciones propalestinas a un boicot global a la gira de Sheeran por considerar insuficientes sus posiciones públicas sobre Gaza.

    Sheeran había explicado que no quería convertir sus conciertos en foros políticos y que el hecho de no hablar públicamente sobre una cuestión no significaba que no tuviera una opinión o que no le importara. Un músico puede tener una posición política y, al mismo tiempo, decidir que su actividad artística no sea el lugar donde esa posición se exponga, más aun tratándose de un conflicto tan complejo y candente como el de Gaza. Finalmente, bajo lo que justamente Harwicz ha llamado el “ruido de una época”, Sheeran terminó hablando del asunto y, en un concierto en Filadelfia, calificó la situación en Gaza de “catastrófica e injustificable”.

    Lo relativamente novedoso es que ya no alcanza con tener una posición: empieza a ser necesario demostrar públicamente que se tiene la posición correcta. Y si no, hacer un mea culpa al estilo del Caso Padilla, ocurrido en Cuba a comienzos de los setenta. Convertir esa exigencia en una condición para poder existir artísticamente es una lógica radicalmente totalitaria. ¿Quién establece cuál es la posición correcta? ¿Con qué autoridad? ¿Qué procedimiento democrático confiere a alguien la capacidad de determinar qué debe pensar o declarar una persona para conservar su lugar en un espacio cultural?

    Además, la frontera de lo que te puede excluir es siempre móvil. Cada episodio genera un precedente y eso puede ampliar el terreno de lo que se considera suficiente para exigir una exclusión. Una declaración, un gesto, una asociación o un silencio pueden incorporarse a la (re)construcción de una posición política. Cuando nadie conoce con precisión dónde termina lo permitido, la posibilidad de ser señalado empieza a funcionar como mecanismo de autocensura y alineamiento. Y esa es precisamente la idea: que todos sepan que el disenso tiene un costo alto.

    Tampoco hay que imaginar una oficina desde la que un burócrata maneja los premios y castigos, aunque ese burócrata también exista. El mecanismo puede ser descentralizado: redes sociales, activistas, organizaciones, medios, colegas y espectadores pueden ejercer presiones distintas que terminan produciendo el mismo resultado. Y esto tiene una consecuencia más grave: si una determinada posición se considera la única moralmente válida, quienes la sostienen quedan, por definición, fuera de aquello que se considera sancionable. La cancelación puede aplicarse a quienes se apartan de la posición “correcta”, pero nunca a quienes definen sus contornos.

    La democracia se sustenta en una incertidumbre: no existe un “repartidor de carnets de verdades absolutas” que determine quién tiene derecho a participar en la conversación pública y quién no. Las mayorías pueden elegir gobiernos y las instituciones tomar decisiones dentro de sus competencias, pero ninguna de esas facultades convierte automáticamente una interpretación política en una verdad moral obligatoria para los demás. Cuando la exclusión se convierte en la respuesta frente a una posición que se considera inadmisible de manera unilateral, la incertidumbre empieza a desaparecer y la democracia necesariamente va perdiendo calidad. Sin discusión no hay forma de tasar la calidad de las ideas. No hace falta un precog para ver los problemas que tiene un futuro de esa clase.