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Diputados decidió enviar a Fiscalía las actuaciones de la investigadora por María Dolores
Ninguno de los tres informes iba a tener los apoyos necesarios, por lo que todas las bancadas, menos la de Identidad Soberana, acordaron un sustitutivo
El Instituto Nacional de Colonización plantea generar “alternativas viables” para las “instalaciones principales del casco” y la “superficie ocupada por olivos”, que abarca 160 hectáreas.
Desde mayo de 2025, cuando su compra fue anunciada durante el sepelio del expresidente José Mujica, la estancia María Dolores dividió fuertemente al oficialismo y a la oposición. La actuación de una comisión investigadora entre marzo y junio de este año solo consolidó esa grieta. El humo blanco recién apareció en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles 11.
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Un acuerdo entre las bancadas del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y Cabildo Abierto emergió como sustitutivo de los tres informes en minoría surgidos de esa comisión. En su único artículo, el proyecto de resolución indica remitir a la Fiscalía General de la Nación “todas las actuaciones” ahí realizadas “a fin de analizar presuntas irregularidades ocurridas en el Instituto Nacional de Colonización” en oportunidad de la compra de ese predio de 4.400 hectáreas en Florida por US$ 32,5 millones.
Esa resolución fue aprobada por 96 votos en 98. Solo los dos diputados de Identidad Soberana se manifestaron en contra.
“En realidad, tratamos de llegar a la mejor solución. La composición de la cámara hoy no habilitaba que ningún proyecto tuviera mayorías, pero entendíamos que este tema tenía que tener una finalización, permitiendo a Fiscalía tener todos los informes de la investigadora”, dijo a Búsqueda la diputada Susana Camarán, coordinadora de la bancada del Frente Amplio.
El colorado Conrado Rodríguez, que fue el negociador por su partido, afirmó en la misma línea que se llegó a un acuerdo en el entendido de “que ningún otro proyecto iba a salir”.
De esa comisión habían surgido tres informes, ninguno de los cuales contaba con los votos para su aprobación. El del Frente Amplio destacaba que no se habían detectado violaciones a la ley en el proceso de compra. El que firmaban los partidos Nacional, Colorado, Independiente e Identidad Soberana sí decía que se había constatado de “forma fehaciente configuración de irregularidades que no son propias de la buena gestión pública” y pedía el envío de las actuaciones a Fiscalía.
El tercero, de Cabildo Abierto, indicaba que no se habían hallado “elementos de corrupción”, pero rechazaba la compra “por la oportunidad de la inversión” y pedía al gobierno “priorizar” adquisiciones “en temas sensibles”.