Lo que sigue es un resumen de la entrevista de Rico con Búsqueda.
—La fundación ha sido blanco de críticas por supuestamente beneficiarse con contratos gracias a su cercanía con el Partido Nacional. ¿Cómo responde a esos señalamientos?
—Estamos viendo con preocupación la campaña de acoso y ensañamiento que está viviendo Fundación A Ganar de parte de un actor político que ha entrado en una campaña casi obsesiva contra el trabajo de nuestra institución y un conjunto de medios que acompañan esa estrategia y que en los últimos tres años han publicado más de 100 artículos sobre el tema. No hay registro en la historia del país de que una organización de la sociedad civil se haya visto sometida a tamaña campaña de persecución. Sin considerar que detrás hay 2.000 familias trabajando en distintos programas, la mayoría de los cuales vienen ejecutándose desde hace 19 o 20 años.
—¿La mayoría de los contratos de A Ganar vienen ejecutándose desde hace 20 años?
—Casi todos, excepto los de las intendencias. Los que tenemos en la Secretaría del Deporte datan de 2008-2009.
—Pero los programas más grandes son los de las intendencias.
—El crecimiento de la institución ha sido quinquenio tras quinquenio. Cuando uno trabaja bien el derrotero normal es crecer. Si se analizan los balances de las otras grandes organizaciones sociales de este país, seguramente ocurra lo mismo.
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Trabajador de la Fundación A Ganar
Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Hoy trabajan a través de la fundación 2.000 personas?
—Sí, son cerca de 2.000 personas. Que se ven sometidas a la zozobra de estar pensando que como consecuencia de esta campaña de acoso pueden perder su trabajo. Hablamos de una institución que durante 20 años ha sido elegida por gobiernos de todos los partidos políticos y por organismos multinacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y recientemente Unicef. Algo bien debemos hacer para que tantas instituciones durante tantos años nos sigan eligiendo. Reducir eso a que el director de la institución es afín al Partido Nacional es como decir que las organizaciones sociales que me consta que son afines a la izquierda hoy están trabajando con el Estado por eso. No es así. Por suerte hay una actitud del gobierno de Yamandú Orsi que honra las mejores tradiciones del país en cuanto a tomar las decisiones siguiendo estrictos criterios técnicos y de competencia. Por eso estamos muy tranquilos de que vamos a poder seguir trabajando con esta administración.
—Más allá de la idoneidad de la fundación, los cuestionamientos políticos se han centrado en la magnitud del vínculo que estableció en el último quinquenio con algunas intendencias del Partido Nacional. Eso se ata a observaciones del Tribunal de Cuentas, que señalan períodos muy breves de publicidad de los llamados, falta de competidores, pliegos de distintas intendencias muy similares…
—No puedo hablar por el Estado y mucho menos analizar observaciones del Tribunal de Cuentas, que son al Estado y no a nosotros. De eso que hablen los jerarcas de las intendencias. No obstante, así como se habla de una licitación en Paysandú en 2020, que estuvo un período corto de tiempo (para gestionar recursos humanos en centros CAIF) porque había una necesidad de la intendencia de contratar al personal, el resto de las licitaciones han durado todas un mes o dos.
—También hubo llamados en la Intendencia de Rocha publicados pocos días o que no fueron difundidos en el Diario Oficial.
—La de Rocha del 2021 fue una licitación chica para limpieza de playas de un gobierno que acababa de asumir por la pandemia y no podía hacer una licitación pública porque el verano empieza en diciembre. Después hizo un llamado para el programa global, que hoy gestionamos nosotros, y estuvo un mes abierto, se detectó que había faltado una publicación y se volvió a abrir y estuvo otro mes. O sea que tiempo para presentarse hubo. De hecho, este martes cerró una nueva licitación de la Intendencia de Paysandú, esta vez sí pública, de un mes, y fuimos los únicos oferentes. Y este miércoles cierra una licitación de Rocha, que estuvo un mes abierta y hasta ahora nadie más había comprado el pliego. La de la Intendencia de Maldonado, del año 2021, estuvo un mes abierta y hubo competencia. Llama la atención que no se cuestione que en los 15 años del Frente Amplio fuimos únicos oferentes en un montón de licitaciones y no había problema.
—Un cuestionamiento es el valor de los pliegos, que impide que algunas ONG puedan participar por ser muy costosos. Por ejemplo, el de la última licitación de Paysandú valía 100.000 pesos.
—Tiene una explicación. Hay un dicho que dice “no es para cualquiera la bota de potro”. No podés gestionar un programa donde vas a administrar cientos de trabajadores con una ONG pequeña. Porque necesitás una infraestructura física y técnica, y la institución que se presente tiene que garantizarle a la intendencia una suficiente espalda para poder gestionar un proyecto de esas dimensiones.
—La fundación consiguió contratos por 90 millones de dólares en el pasado quinquenio, lo que levanta suspicacias sobre un eventual favoritismo. ¿Qué responde?
—Acá lo que ha habido es lo que llamo “la danza de los millones”. Para generar un estado de opinión pública de alarma según la cual la fundación maneja cifras millonarias seguramente con un beneficio espurio. Y no se dice que esas cifras son las que determinan los organismos públicos. Y el 90 y pico por ciento de esos recursos ingresan a las cuentas de la Fundación A Ganar y en no más de tres horas están depositadas en los recibos de sueldo de sus trabajadores. La pregunta que me hago es: “¿Por qué que trabajen 600 personas en barrido inclusivo en Montevideo es una obra social fantástica y cuando esos mismos barrenderos barren Paysandú, Rocha o Maldonado está mal?”.
—¿Quién lo plantea en esos términos?
—Desde el ámbito político el único cuestionamiento que veo al trabajo de ONG con intendencias es en el interior y en Montevideo, según Adeom, había 7.000 personas a través de ONG. Hay una doble vara que está a la vista, por una política de cancelación, porque Fundación A Ganar, habiendo hecho un trabajo profesional y reconocido por distintos gobiernos, llegó a un desarrollo institucional que la posiciona entre las más grandes del Uruguay y no se perdona que una institución de esta dimensión sea dirigida por una persona que no es afín a la izquierda, y eso es lo que está ocasionando esta persecución. Por el único hecho de que su director y su subdirectora (Verónica Martínez) son afines al Partido Nacional. Pero la gestión no está teñida por la elección personal que tenemos, además de que no tenemos actividad política.
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Javier Calvelo / adhocFOTOS
—¿Ya no milita en el Partido Nacional?
—No, ninguno de los dos. Mi última actividad de militancia data de hace 15 años. No tengo por qué aceptar pacíficamente que se persiga a una institución a nivel mediático y político por el hecho de que sus principales autoridades no son de izquierda. Y que se use en la batalla política contra el Partido Nacional a una organización de sociedad civil como territorio de disputa.
—Durante los gobiernos del Frente Amplio también se cuestionaban, desde los partidos de la oposición, las contrataciones del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) de ONG y se denunciaban presuntos beneficios por afinidad ideológica. ¿No es lo mismo que sucede con A Ganar?
—Se hablaba genéricamente, pero no se nombraba ninguna en particular. Acá hay un ataque selectivo con un componente de ensañamiento. Sale de los carriles normales.
—¿No lo ve como parte del natural escrutinio y debate sobre el uso eficiente y transparente de los dineros públicos?
—Nosotros aceptamos que se discutan nuestras contrataciones porque las ONG no dejamos de ser un actor más en la vida social y por lo tanto estamos sujetas también al escrutinio y a la crítica. Ahora, cuando es sobre una sola y es permanente, creemos que ya la situación escala a un nivel preocupante.
—Dice que hay una “danza de los millones” que da una idea errada de los beneficios de la fundación. ¿Puede desglosar qué porcentajes ingresan a la ONG?
—Se manejan las cifras descontextualizadamente y se hace la suma por quinquenio para que dé un número apabullante y genere alarma pública. La fundación ejecuta, por ejemplo, cuatro programas del Mides que suman 7 millones de dólares por año. Y percibimos por eso 370.000 pesos por mes de honorarios por administración. En los convenios con las intendencias percibimos aproximadamente 4% del monto total que se gestiona y después se cobra aparte un costo por supervisión y talleres de capacitación. Cuando se habla de que manejamos 90 millones de dólares, sí, muy bien manejados, porque no hay una sola observación sobre la transparencia en la ejecución de esos fondos.
—¿De ese total, entonces, qué porcentaje queda aproximadamente en la fundación?
—Más o menos el 5,5%. Los 90 millones divididos por cinco años, por 12 meses y, ponele, 5,5% y te va a dar 3 millones y pico para una institución con 35 empleados, cinco locales, 10 autos, tres tractores y más de 100 computadoras.
—¿Se han presentado a llamados de otras intendencias, como las gobernadas por el Frente Amplio?
—No, pero tiene una explicación. Nosotros detectamos hace años, y en eso ayudó que soy de Maldonado, que en Montevideo hay un apiñamiento de organizaciones que compiten por los programas y en el interior no hay prácticamente organizaciones con densidad institucional potente. Y había ahí un espacio que nos permitía desarrollarnos institucionalmente fuera de Montevideo y no ir a tratar de disputar espacios de gente que está trabajando bien.
—¿Aumentaron los contratos y montos que obtuvo la fundación en el período 2020-2025, en comparación con el período anterior?
—El número creció, pero también hubo un crecimiento exponencial en el período 2005 a 2010 y en el de 2010 al 2015, cuando recibimos contratos muy grandes en la Secretaría del Deporte.
—¿Pero no hay un salto en el período pasado con los contratos de algunas intendencias?
—No hicimos esa cuenta quinquenio a quinquenio. Que hay un salto no hay duda, porque desde el momento que incorporamos Maldonado, Paysandú y Rocha obviamente hay un crecimiento. Toda organización busca desarrollarse desde el punto de vista territorial y cuantitativo.
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Eduardo Brenta en la Cámara de Senadores del Palacio Legislativo
Mauricio Zina / adhocFOTOS
—¿Qué responde ante el planteo de Brenta de que la DGI y el BPS deberían investigar eventuales evasiones impositivas porque la fundación se aparta de sus cometidos?
—Eso confirma el nivel de persecución del senador, que, utilizando su poder como senador del gobierno, está azuzando a que organismos fiscales salgan a la caza de una ONG. Lo cual es bastante grave. Además, es un disparate. Las entidades de educación no formal y formales estamos exoneradas de todo tipo de impuestos por el artículo 69 de la Constitución. Esa exoneración la dictamina el Ministerio de Educación y Cultura a través de un trámite bastante complejo y exigente. El reconocimiento como entidad de enseñanza no formal está dado porque los programas que brindamos son socioeducativos y laborales.
—¿Cómo explica la contratación de arquitectos para el Ministerio de Transporte cuando presuntamente la fundación tiene el fin de la inclusión social?
—Estamos hablando de un programa microscópico. Tuvimos una arquitecta, una sola. El resto era personal administrativo que trabajaba en seguimiento de obras, y que también tuvieron su componente educativo. Se podrá discutir… ¿No era población vulnerable? En este caso, no. Pero ahí hay un error. El artículo 69 de la Constitución no habla de que la población debe ser vulnerable. Las universidades más caras de Montevideo también están exoneradas de aportes patronales.
—Claro, pero ahí es con otros fines. En la promoción de empleo como política de inclusión social, un arquitecto estaría por fuera.
—Está bien, estamos hablando de un arquitecto en 2.000 empleados. No me parece que eso de por sí justifique un cuestionamiento. También tenemos enfermeras trabajando y personal vinculado a salud. Es parte de los programas de inclusión laboral que hay en los llamados de los distintos organismos.
—¿La fundación no termina cumpliendo un rol de empresa proveedora de personal?
—No, porque son parte de programas sociales. No tenemos una enfermera en una clínica estética para hacerse bótox. Todas las organizaciones sociales que ejecutan programas del Mides tienen enfermeras y están exoneradas. Está lleno de enfermeras que no pagan aportes patronales a través de ONG.
—¿Cuántas licitaciones perdieron en el pasado quinquenio?
—En el gobierno de Lacalle Pous nos presentamos a 19 licitaciones y perdimos ocho (en el gobierno nacional). Y en los 15 años de gobierno del FA no perdimos ninguna. Y en la mayoría fuimos los únicos oferentes.
—¿Y a cuántas se presentaron en los gobiernos del FA?
—Participamos de 10 licitaciones, ganamos todas. También obtuvimos otros convenios por adjudicación directa del Mides. Este y todos los gobiernos necesitan adjudicar directamente convenios a organizaciones sociales en el Mides porque no es posible gestionar programas de contingencia que son dinámicos por cuestiones climáticas o situaciones sociales críticas, haciendo procesos competitivos que duran meses.
—El Mides ya comunicó que renovó un convenio con la fundación hasta diciembre. ¿Tienen otros contratos con el actual gobierno?
—Con la Secretaría del Deporte ya tuvimos prórrogas de este gobierno. Y con Primaria tenemos vigente el contrato del período pasado. Y este miércoles nos notificaron de una adjudicación directa del Mides para continuar la gestión de un refugio 24 horas que gestionamos hace dos años.
Fundacion-A-Ganar-Maldonado
Fundación A Ganar en Maldonado
Facebook de la fundación
—Una de las sospechas que se plantearon en el período pasado era que mediante la Fundación A Ganar las intendencias daban trabajo a militantes del Partido Nacional. ¿Niega que eso haya sucedido?
—Voy a hacer dos razonamientos. Primero, la gente que ingresa en los programas técnicos entra prácticamente toda por llamados públicos. Me consta que la mayoría no vota al Partido Nacional. El personal que no es técnico lo hace por tres vías: llamados abiertos específicos, el sistema de postulación permanente de la fundación y una tercera vía, que son las derivaciones de los servicios de las propias intendencias, que es la minoritaria. Sobre lo que nos deriva la intendencia, no puedo dar fe ni de una cosa ni de la otra.
—A esos ustedes los incorporan, no los evalúan.
—Los evaluamos igual, pero vienen derivados de áreas específicas. Por ejemplo, tenemos muchas personas con discapacidad derivadas por los programas de políticas inclusivas de las intendencias, o programas de adicciones, o de las áreas sociales. Sobre eso la fundación no tiene mayor incidencia; si cumple básicamente los requisitos para la posición, se lo ingresa. Entonces, yo hoy blindar que haya alguna motivación que no sea la técnica no tengo ningún elemento para decir que es así, porque yo no lo percibí.
—Y a los que se postulan a sus llamados, ¿cómo los seleccionan?
—Tenemos discrecionalidad para contratarlos. No se sortea. Como cualquier organización.
—¿Cuáles son los criterios?
—Contexto familiar, de vivienda, situación de salud… Distintos elementos que vamos tomando dentro de nuestra área social. A nosotros se nos pide poco más que tenemos que abrir nuestros balances, nuestros números, nuestro sistema de postulación y está lleno de organizaciones sociales que tienen miles de personas trabajando y nadie les pregunta nada.
—La contratación de Sergio Escobar en Paysandú, una persona condenada por delitos de proxenetismo, trata de personas y explotación sexual de menores, causó mucha polémica. ¿Cómo ocurrió?
—Fue una derivación de la intendencia que fue un error, claramente, y se subsanó rápidamente. El trabajador estuvo unos meses y fue cesado. Era un programa de la intendencia para trabajar con liberados. Y, bueno, se entendió que ese era un candidato que podía ser parte. Escobar había cumplido su pena y los procesos de rehabilitación y de reinserción laboral del patronato del liberado tienden a buscar soluciones de empleo a las personas que estuvieron en conflicto con la ley. Por lo tanto, pena cumplida, podía perfectamente haber seguido. Era capataz en una cuadrilla. Cuando se fue los trabajadores lo despidieron como un amigo. Lo valoraron como un buen capataz.
