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El Frente Amplio retiró un proyecto que propuso en la legislatura pasada para ampliar acceso a la información; la oposición criticó cambio de postura
El Frente Amplio lo elevó en 2021 en pos de “más transparencia” y ahora asegura que “no tiene más sentido”; blancos y colorados evalúan votarlo como “gesto político”
Un proyecto de ley para ampliar el acceso a la información pública recorre un periplo poco habitual en el Parlamento. Fue presentado originalmente en 2021 por el Frente Amplio (FA), entonces oposición. Reflotado en esta actual legislatura, ahora la izquierda, en el gobierno, lo quiere archivar. Y son los partidos Nacional y Colorado los que ahora barajan la posibilidad de hacerlo propio.
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El proyecto ampliatorio de la actual Ley 18.381 fue presentado el 15 de junio de 2021 con la firma de 30 diputados frenteamplistas. Entre sus cometidos, buscaba ampliar la cantidad de organismos “obligados de entregar la información pública requerida”, incluyendo “instituciones privadas que manejen fondos públicos o administren bienes del Estado”. También proponía “acotar el tiempo de respuesta ante una solicitud” y darle más garantías al ciudadano con un informe “preceptivo” de la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) antes de que la información solicitada sea declarada reservada o confidencial.
El entonces diputado Daniel Caggiani declaró a la diaria al día siguiente que “el oficialismo (por el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou), cuando era oposición, reclamaba mayores niveles de transparencia: uno cuando es gobierno debería ser mucho más exigente, porque si no sería entrar en la pulpería y callar en la comisaría”.
En este período, el proyecto fue desarchivado por el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, junto con otras iniciativas que habían quedado de la legislatura anterior. Pero en la sesión del pasado jueves 1 de la Comisión Especial contra el Lavado de Activos de Diputados, la frenteamplista Cecilia Cairo informó que su bancada pretendía “archivar el proyecto”. Esto se debió, dijo, a que la comparecencia en ese mismo organismo el 3 de setiembre del especialista en derecho administrativo Gabriel Delpiazzo les “abrió bastante los ojos” sobre “qué cosas podían comprometer y qué cosas no” ese articulado. Asimismo, señaló que “el acceso a la información de Presidencia, que era uno de los problemas (de acceso a la información)”, terminó siendo votado con el último Presupuesto.
En esa sesión, Delpiazzo hizo algunos cuestionamientos al proyecto: la “manera de caracterizar a las instituciones privadas es vaga y amplia” y “justifica hacer alguna distinción”, ya que pone en la misma bolsa a sociedades anónimas con participación estatal y a proveedores del Estado. Sobre el informe preceptivo de la UAIP entendió que “no parece conveniente por razones prácticas”, como un entorpecimiento de los trámites, “y por razones jurídicas”.
“Hay un problema que no está más luego del Presupuesto y luego otros puntos complicaban el cumplimiento de la ley. En los hechos, este proyecto ya no tiene más sentido”, dijo Cairo a Búsqueda cuando fue consultada al respecto.
El planteamiento de Cairo causó sorpresa en la oposición, sobre todo en el colorado Conrado Rodríguez —presidente de la comisión— y en el nacionalista Pablo Abdala. “Llama poderosamente la atención que un proyecto impulsado con mucha fuerza por el Frente en la anterior legislatura, desarchivado en esta, sean ellos mismos los que lo quieran archivar”, señaló a Búsqueda el diputado de Vamos Uruguay. “Por un lado proclaman la transparencia, pero cuando tienen la oportunidad de hacer algo al respecto ellos mismos deciden sepultar la iniciativa”, añadió.
A criterio de los legisladores opositores, Delpiazzo apenas dio algunos direccionamientos para mejorar el proyecto. Ninguno de los diputados oficialistas presentes en esa sesión de setiembre —Víctor Aldaya, Florencia Astori, Natalia Díaz, Luis Gallo y la propia Cairo— le formularon preguntas.
Abdala, quien en la comisión pidió una postergación del tema hasta la siguiente sesión, el jueves 15, para consultar a las respectivas bancadas, se refirió al “trasfondo” del asunto: “El Frente presentó este proyecto estando en la oposición, siendo un texto que en algún sentido iba ‘en perjuicio’ de la administración”. Estando en el gobierno, deslizó, se desentiende del tema. “Esa es una evaluación política que tenemos que hacer”, agregó en diálogo con Búsqueda, sobre un episodio “nada habitual”.
Hasta el momento, esto no significa que alguno de los legisladores de la coalición republicana haga suyo el proyecto sin modificaciones. Según expresaron ambos diputados, sí están dispuestos a evaluarlo. Llegado el caso, agregó Abdala, “se podría forzar una votación en la comisión y, aun perdiendo, promover que llegara al plenario con un informe en minoría”. Eso significaría, indicó, “un gesto político”.
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