El Tribunal de Cuentas, una “piedra en el zapato” del gobierno que da insumos a la oposición

La última renovación de los organismos de contralor ocurrió en 2017 y determinó que ni el Frente Amplio ni los partidos tradicionales tuvieran la mayoría, ya que las presidencias eran “neutrales”. Pero el fallecimiento del entonces presidente de la Corte Electoral, José Arocena, en noviembre 2023 y la renuncia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (TCR) Susana Díaz, cuatro meses antes, alteraron esos equilibrios.

Ahora el gobierno sufre su minoría en el Tribunal de Cuentas. Varias decisiones —muchas sobre casos claves— se resuelven con votaciones de cuatro votos contra tres. Así, por ejemplo, el organismo observó el 25 de junio, por cuatro votos contra tres, la compra de la estancia María Dolores en Florida anunciada por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en el cortejo fúnebre del expresidente José Mujica. La resolución se convirtió en un insumo para la interpelación al ministro de Ganadería Alfredo Fratti este miércoles 13 en la Cámara de Senadores.

En otros temas polémicos el tribunal también actuó de forma dividida. Por ejemplo, también con mayoría de cuatro a tres, el organismo avaló el pago de un subsidio al exintendente de Artigas Pablo Caram, quien fue declarado culpable el año pasado de la omisión de denunciar un delito en su rol de funcionario público y fue condenado a 14 meses de prisión con libertad a prueba. La mayoría blanca y colorada del TCR argumentó que, por más que la Ley 20.358 (votada justamente a raíz del caso Caram) suspende el derecho a percibir un subsidio cuando el jerarca es formalizado por “delitos contra la administración pública” —y establece que el pago “se extingue con la sentencia condenatoria definitiva firme”—, Caram no está comprendido por la norma, dado que su condena fue anterior a su aprobación.

Además, la mayoría argumentó que, mientras la norma suspendía el subsidio en aquellos delitos “contra la administración pública”, la sentencia de Caram pronunciaba que sus acciones eran un delito contra la administración de la Justicia y no contra la administración pública.

Ya desde antes de que asumiera la actual administración, la composición del tribunal también dividió las aguas en temas claves. Por ejemplo, validó la compra que hizo la Armada Nacional en 2023 de dos buques OPV al astillero gallego Cardama, operación que se encuentra en la mira de las actuales autoridades del Ministerio de Defensa.

Proyecciones y obstáculos

En el oficialismo dan por hecho que el TCR volverá observar la reiteración del gasto del Instituto Nacional de Colonización en la compra de la estancia María Dolores, pese a que, según dijeron fuentes del gobierno y del Poder Legislativo, entienden que el dictamen tenía “errores profundos” como haber confundido “compra directa” con “compra preferente”. Se trata, ilustró un legislador, de una “piedra en el zapato” que el gobierno tendrá que afrontar, al igual que sucedió en el primer gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), cuando no se logró la renovación de los organismos de contralor.

No obstante, tanto en el gobierno como en la bancada frenteamplista tienen matices sobre cómo actuará la oposición en el TCR ante la cancelación del proyecto Neptuno resuelta por el oficialismo y la modificación del objeto del contrato. Mientras algunos anticipan que la observación es inminente, otros consideran que el propio consorcio podría presionar a los ministros del organismo para que no pongan más “palos en la rueda”.

En cualquier caso, en el oficialismo consideran que Gallinal ha utilizado el tribunal “para hacer política”, mientras que la lectura en la oposición es otra. Un legislador del Partido Nacional admitió a Búsqueda que su partido se encuentra en una posición ventajosa tanto respecto al Tribunal de Cuentas como a otros posibles objetos de negociación política como la Fiscalía de Corte. No obstante, aseguró que su partido no está negado a negociar, pero tiene que “sentir que ganará algo” en esa transacción.

Por lo pronto, tanto en el gobierno como en la oposición hay interrogantes sobre cómo pueden darse los eventuales cambios en los organismos de contralor. Por ejemplo, dentro del oficialismo no está claro si la negociación la llevará adelante el Poder Ejecutivo o lo hará el Parlamento ni cómo se definirán los nombres de los propios delegados frenteamplistas. Parte de esa negociación ya fue encabezada por el gobierno, cuando definió en acuerdo con la oposición su participación en algunos organismos del Estado, lo que incluyó en el paquete a los organismos de contralor.

Además, resta definir quiénes ocuparán las presidencias de los organismos. El Ejecutivo busca que, al igual que se hizo en los acuerdos de 2010 y 2017, sean ocupadas por personas apartidarias, y eso necesariamente implica un consenso entre gobierno y oposición.

Mientras tanto, la propuesta de los senadores Pedro Bordaberry y Tabaré Viera de crear un ámbito de negociación para tratar temas como la renovación del Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, la Corte Electoral o la Fiscalía significó, en los hechos, retroceder un escalón en la discusión. Eso es porque en la oposición no hay acuerdo sobre la pertinencia de ese espacio, y ahora, en vez de conversar sobre posibles nombres, la discusión pasó a enfocarse en el ámbito adecuado para el diálogo.