La Secretaría Nacional del Deporte (SND) estudia cambios en el sistema de dopaje en Uruguay, con el fin de robustecer los controles y ajustarlos a los estándares del organismo mundial rector en la materia, que meses atrás alertó al país y reclamó mejoras.
“Nos hemos acercado a la WADA, y estamos trabajando con ellos en algunos acuerdos que nos permitan ir avanzando hacia las exigencias que hoy a nivel internacional tiene un organismo de estas características”, afirmó el secretario nacional del Deporte, Alejandro Pereda, en referencia a la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), encargada de supervisar el dopaje a escala global.
Entre otras cosas, la WADA requiere que las organizaciones nacionales antidopaje de cada país tengan autonomía de acción respecto a entes públicos. Su Código Mundial Antidopaje especifica que cada organización nacional debe “tomar decisiones técnicas y operativas sin interferencia política o deportiva indebida”, con total independencia en la planificación, implementación y ejecución de controles.
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Alejandro Pereda, secretario nacional del Deporte
Presidencia de la República
“Tenemos que ir avanzando hacia la autonomía operativa, y que no sea un organismo que esté vinculado ni con la Secretaría Nacional del Deporte ni con el Comité Olímpico Uruguayo, sino que tiene que ir generando su independencia para que a nivel internacional tenga el reconocimiento que requiere. De alguna manera, queremos iniciar un proceso de trabajo en ese sentido para poder asegurar esto”, explicó Pereda, quien habló del tema el 24 de julio, sobre el final de su comparecencia ante la Comisión Especial de Deporte y Juventud de la Cámara de Senadores.
La observación a Uruguay
La Organización Nacional Antidopaje de Uruguay (ONAU) es la responsable de la prevención y control del dopaje en el deporte en el país. Aunque no es directamente supervisada por otros organismos, sus representantes sí son nombrados por la SND y por el Comité Olímpico Uruguayo. Internacionalmente, la ONAU se rige bajo las disposiciones de la WADA, creada en 1999 como una iniciativa conjunta del Comité Olímpico Internacional y gobiernos de distintos países, preocupados ante los escándalos de dopaje del Tour de France, la carrera de ciclismo más conocida y díficil del mundo. En 2021, para adaptarse a los estándares de autonomía exigidos por la WADA, la ONAU trasladó su Tribunal de Apelaciones a la órbita del Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes.
La WADA establece sus principios en el Código Mundial Antidopaje, que se actualiza aproximadamente cada cuatro años. En setiembre de 2024 la WADA sumó a Uruguay, Namibia, Pakistán, Panamá, Samoa, Senegal y Uganda a su lista de vigilancia (watchlist, en inglés) que identifica a las agencias nacionales de dopaje que no acatan partes del Código Mundial Antidopaje. De acuerdo a lo informado por el organismo en un comunicado de prensa, la inclusión se debió a “problemas señalados en 2023 que no han sido resueltos”. Los problemas se relacionaban con definiciones, sanciones, procedimientos de apelación y potestades de la ONAU.
Uruguay tuvo un plazo de cuatro meses para corregir las observaciones; superado ese límite el 12 de enero, la WADA envío a la ONAU una acusación formal de incumplimiento. Semanas después, en febrero, la agencia uruguaya realizó los cambios exigidos y se quitó al país de la watchlist. “El año pasado estuvimos a punto de caer en incumplimiento con la WADA, que es el organismo internacional, y si eso ocurriera, nos dejaría fuera de todo circuito de competencia internacional”, admitió Pereda en el Parlamento.
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La advertencia de la WADA puso en riesgo la organización en Uruguay de competencias deportivas internacionales
Javier Calvelo/adhocFOTOS
Salir de la watchlist permitió a la ONAU mantener su competencia para administrar los controles antidopaje y aplicar sanciones en Uruguay sin intervención de la WADA. De no haber corregido las advertencias y haber incurrido oficialmente en incumplimiento, las federaciones locales podrían haber enfrentado restricciones que afectaran la participación de sus atletas en eventos internacionales (como Juegos Olímpicos o campeonatos mundiales) y la organización de competiciones deportivas internacionales en el país. Además, no estar en la lista de observación garantiza a la ONAU la posible asistencia financiera y técnica de la WADA.
La situación actual del dopaje
En 2018, la SND y el Comité Olímpico Uruguayo presentaron un informe sobre dopaje en Uruguay centrado especialmente en el ciclismo, que mostró que en 2016, 2017 y 2018 el 30% de las muestras tomadas a ciclistas, dentro y fuera de competencia, evidenciaron resultados adversos. Entre las principales sustancias detectadas, se encontraron la eritropoyetina (EPO), hormonas peptídicas y ciertos diuréticos, utilizados generalmente bajo supervisión profesional, además de diversos suplementos no declarados. “Todas las sustancias están prohibidas por el Código Mundial Antidopaje, que es la norma de referencia utilizada”, señaló el documento.
Más allá del ciclismo, otras disciplinas (como el fútbol) también presentaron y presentan debilidades, como la menor cantidad de análisis. A nivel nacional y tomando en cuenta todas las competencias y federaciones, en 2024 la ONAU detectó cuatro casos positivos de dopaje: tres en ciclismo y uno en atletismo. Estuvieron relacionados con esteroides anabólicos androgénicos y estimulantes del sistema nervioso central, con sustancias como metandriol, mesterolona, modafinilo, anfepramona, drostanolona, metasterona, metilhexanamina, betametasona y eritropoyetina.
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El ciclismo es considerado por la Secretaría Nacional del Deporte como la disciplina con más riesgos de casos de dopaje
Javier Calvelo/adhocFOTOS
A partir de algunas de las fallas registradas en 2018, en 2019 el gobierno aprobó la Ley 19.828, una norma general sobre el sistema deportivo en Uruguay que incluyó artículos relacionados al dopaje para dar más potestad a la SND. Entre otras cosas, se habilitó a la secretaría a “imponer sanciones a confederaciones, federaciones deportivas o clubes que incumplan con disposiciones relativas al régimen de prevención y control del dopaje, que le fueran informados por la ONAU” y a controlar “el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales reconocidas por el país con relación al dopaje, defendiendo el juego limpio, la salud de los deportistas y la transparencia de los resultados deportivos”.
Los impulsos de la SND contra el dopaje continuaron con el nuevo gobierno de coalición en 2022, cuando el organismo inauguró un nuevo laboratorio analítico de muestras en la sede del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), tras una inversión de US$ 400.000. “El laboratorio depende del Departamento de Control del Dopaje de la Secretaría Nacional del Deporte y promete un salto de calidad en materia de prevención y de control antidopaje en el deporte de alto rendimiento mediante la incorporación de nuevas tecnologías”, informó entonces la Presidencia de la República.
Uno de los objetivos de la nueva instalación es que sirviera de base para activar en Uruguay el pasaporte biológico, una herramienta de control antidopaje que monitorea a lo largo del tiempo muestras periódicas de atletas, como sangre y orina, para detectar cambios anómalos que puedan indicar dopaje. Utilizado a escala mundial como un sistema más moderno y confiable que los controles tradicionales, registra parámetros hematológicos —como hemoglobina, hematocrito y reticulocitos— y parámetros esteroideos, como niveles de testosterona y sus metabolitos, que se incorporan a un software que estudia posibles variaciones fuera de lo esperado. El pasaporte biológico, sin embargo, aún no fue aprobado por la WADA, ya que el laboratorio del Latu requiere de tecnología adicional para ciertos test. Tampoco el laboratorio está avalado por la WADA.
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En 2022, la Secretaría Nacional del Deporte abrió un centro de análisis de dopaje en el Latu
Laboratorio Tecnológico del Uruguay
Según señalaron a Búsqueda fuentes del oficialismo, la SND evalúa reubicar el centro del Latu debido al costo de su alquiler. En la Cámara de Senadores, Pereda sostuvo que, por el momento, los traslados que se contemplan están enfocados en mejorar las condiciones de trabajo del personal de la ONAU.
En la comparecencia, la senadora del Frente Amplio Liliam Kechichian reclamó que la Agencia Mundial Antidopaje “tiene exigencias que los países pequeños”, como Uruguay, no pueden cumplir. “No tenemos los laboratorios autorizados por la WADA. Creo que la WADA debería hacer algún tipo de diferencia en el trato, porque nos piden prácticamente las mismas cosas que a Alemania o a Estados Unidos y eso es casi imposible. Me parece que la labor y el trabajo de antidopaje en el mundo es muy importante, pero creo que la forma en que tratan a los países más pequeños es bastante injusta”, afirmó.
La incertidumbre sobre el estado del control de dopaje en Uruguay se da pese a la buena relación entre el país y la WADA. En 2003 Uruguay fue uno de los primeros países en firmar el Código Mundial Antidopaje, y en 2005 la agencia abrió en Montevideo su oficina regional. En 2022 inauguró su nueva oficina en la antigua casa del presidente Julio Herrera y Obes, en la calle Canelones. En julio de 2024, apenas semanas antes de la entrada de Uruguay a la watchlist, una de las máximas autoriades de la WADA destacó el trabajo de la ONAU y su programa de controles con miras a los Juegos Olímpicos de París. “Tienen que ajustar algunas cosas para asegurarse de tener un programa robusto y eso ya lo están haciendo”, dijo entonces Francisco León Cannock, director de la agencia para América Latina y el Caribe.
