Falta de “compromiso”, de presupuesto específico y de sanciones ante incumplimientos limita resultados de políticas contra la violencia de género

El equipo evaluador detectó también “falta de compromiso institucional” en ciertos organismos y planteó como una debilidad que no existan “mecanismos sancionatorios ante la no ejecución o incumplimiento de las acciones comprometidas”.

En su evaluación, elaborada entre diciembre de 2024 y mayo de 2025 por los técnicos Paula Manera y Juan Manuel Lanza, la OPP buscó identificar los avances y las oportunidades de mejora del plan vigente, para contar con información útil para el diseño del próximo plan.

Tipos de violencia “invisibilizadas”

Uno de los hallazgos de la evaluación es que no todas las directrices de la Ley 19.580 de violencia basada en género se cumplen. Por ejemplo, el plan no incluye algunas responsabilidades específicas que la norma asigna a determinados organismos. En este sentido, la OPP recomendó revisar los aspectos centrales de la ley que aún no se tradujeron en acciones concretas, e incluir en el plan a instituciones clave cuya participación sigue siendo parcial o nula.

Además, el plan no contempla las 18 manifestaciones de violencia de género que reconoce la norma, lo cual “limita su capacidad de respuesta frente a la complejidad del fenómeno”. Los compromisos asumidos por los organismos “tienden a centrarse en acciones de sensibilización y en la atención de la violencia física o doméstica” y no se incluye información relativa a la magnitud que tienen en Uruguay violencias como la económica, la institucional, la laboral o la comunitaria.

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Los evaluadores subrayaron que “es necesario profundizar en tipos de violencia invisibilizadas tales como la institucional y laboral”, y añadieron que eso requiere no solo del diseño de medidas específicas, sino también del compromiso de los organismos con competencias en el ámbito del trabajo. En ese sentido, para la OPP “llama la atención” que el Ministerio de Trabajo no se haya comprometido con acciones en el plan vigente.

Sobre el Ministerio de Trabajo también objetó que el plan no formule ninguna acción vinculada a la regulación e inspección de los ámbitos laborales tendiente a garantizar entornos de trabajo libres de violencia, en línea con lo que prevé el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo sobre violencia de género en entornos laborales ratificado por Uruguay.

Ausencia de indicadores para medir resultados y necesidad de un mayor liderazgo de Inmujeres

La evaluación también observó que, si bien el diseño general y los objetivos del plan son adecuados, no hay un diagnóstico detallado que incluya un análisis de las causas y consecuencias del problema.

A su vez, la forma de registrar los resultados no permite distinguir entre resultados intermedios y finales, lo que limita la capacidad de monitoreo y evaluación del plan. Tampoco se incluyen resultados relevantes como la disminución de femicidios, del acoso en ámbitos laborales o el aumento de la autonomía económica de las mujeres; los evaluadores recomendaron incluirlo en la formulación del próximo plan.

La OPP observó que el plan tampoco establece plazos para la implementación de sus acciones ni identifica con claridad a las poblaciones destinatarias de las intervenciones, lo que “imposibilita hacer análisis de cobertura”. “Se recomienda definir cronogramas y referencias temporales que permitan hacer trazable la ejecución, así como identificar las poblaciones objetivo de cada intervención y cuantificarlas, de modo de afinar la planificación y el monitoreo”, indicó.

Por otra parte, los evaluadores detectaron “obstáculos institucionales” que “debilitan” la implementación del plan. En ese sentido, señalaron problemas con el liderazgo del organismo rector, Inmujeres, que no tiene la capacidad de dar “un respaldo efectivo” a los organismos responsables de las acciones más complejas. La OPP recomendó “fortalecer el rol de liderazgo” de Inmujeres para mejorar el nivel de cumplimiento del plan.

Este último punto coincide con un viejo reclamo de dirigentes y militantes feministas que incluso intentaron, sin éxito, que el programa de gobierno del Frente Amplio transformara Inmujeres en un ministerio. El actual gobierno sí asumió el compromiso de darle más jerarquía, pero, según admitió Mónica Xavier la semana pasada en entrevista con Búsqueda, hasta el momento “no hubo cambios”. “¡Teléfono, Orsi!”, respondió la exsenadora y expresidenta del Frente Amplio al ser consultada por la ausencia de avances.

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El informe de la OPP recordó que la evaluación del plan anterior, para el período 2016-2019, recomendó “reforzar” el “estatus y mandato” del organismo y su “capacidad de liderazgo”. Tras eso, en el siguiente período de gobierno, Inmujeres pasó a ser una Unidad Ejecutora dentro del Mides. Los evaluadores reconocieron esa transformación como un avance, pero plantearon la necesidad de “continuar jerarquizando su rol”.

Más rendición de cuentas y mejor diagnóstico del problema y sus causas

En cuanto a la ejecución del plan, de acuerdo a los datos de 2024 analizados por la OPP, se cumplieron el 51% de las acciones previstas para el año. El resto fueron realizadas parcialmente, están en proceso o no fueron llevadas a cabo. El cumplimiento fue menor en las líneas de acción más numerosas o complejas. Los evaluadores recomendaron “planificar las acciones en consonancia con las asignaciones presupuestales”, de modo de asegurar su viabilidad operativa. También sugirieron una “revisión periódica” de la ejecución de las metas a través de mecanismos como las rendiciones de cuentas y “generar incentivos” para un mayor compromiso institucional en los organismos donde las autoridades “no jerarquizaron debidamente” el tema.

Por otra parte, la evaluación subrayó como “imprescindible avanzar en acciones que materialicen la prevención y mejoren la capacidad de respuesta institucional”. La OPP también consideró que, si bien el plan hace una correcta descripción y contextualización del problema de la violencia de género en Uruguay, “no incluye un diagnóstico preciso del problema que integre el análisis de causas y consecuencias”. Esta “omisión” es para los evaluadores “muy relevante”. Como consecuencia, no es posible evaluar, por ejemplo, si el diseño del plan “aborda adecuadamente todas las causas del problema”.

“Visión fragmentada” y falta de un presupuesto específico

El Plan Nacional por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres 2022-2024 está estructurado en cinco líneas de acción. La principal reúne las acciones vinculadas al “Sistema Interinstitucional de Respuesta a la VBG”; otras líneas de acción refieren a la “Formación, Capacitación y Sensibilización a Operadores”, al “Fortalecimiento Intra e Interinstitucional”; al “Sistema de Información” y al “Seguimiento y evaluación del Plan”.

De acuerdo a la OPP, es una “omisión importante” que el plan “no explicite el vínculo entre líneas de acción y objetivos específicos y resultados”, lo que dificulta el análisis del logro de los objetivos. Además, los resultados que reporta el plan son productos y servicios, sin incluir “resultados finales de efectos sobre los usuarios”.

Para los evaluadores es fundamental que el plan defina indicadores de resultados, tales como cantidad de femicidios, de casos de violencia doméstica, de situaciones de acoso laboral o sexual en ámbitos laborales, de autonomía económica de las mujeres, de restitución de derechos, entre otros.

La no inclusión de indicadores de cumplimiento de objetivos y de resultados en el sistema de seguimiento del plan “supone una limitación en términos analíticos y evaluativos”. Los evaluadores subrayaron que es “muy relevante que el Plan incluya en su monitoreo y evaluación la medición de logros a nivel de objetivos y resultados”.

Otros cuestionamientos al plan se enfocaron en la falta de articulación entre los organismos al momento de formular las acciones. Cada organismo presentó sus acciones aisladas sin evaluar posibles complementariedades o solapamientos con otros. “Esto generó una visión fragmentada por institución”, advirtió el informe.

Los evaluadores también destacaron como un problema que el plan “no cuenta con un presupuesto asignado específicamente”; es decir, “no se incluyó una estimación de costos ni se identifican explícitamente fuentes de financiamiento”. Esto, indicaron, “imposibilita cualquier tipo de análisis presupuestal, tales como costo por intervención, por producto o por beneficiario”.