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El fiscal especializado en Delitos de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, archivó la investigación por presuntas irregularidades en la construcción del complejo Antel Arena. La decisión fue celebrada por la vicepresidenta electa, Carolina Cosse, una de las denunciadas en la causa.
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Rodríguez concluyó que no hubo “ilicitud” en las conductas desplegadas por Cosse y otros jerarcas de Antel involucrados en la construcción del complejo, que tuvo un costo muy superior al proyectado inicialmente.
El caso había sido investigado por la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de Primer Turno, a cargo del fiscal Alejandro Machado, quien había dispuesto el archivo. A pedido de las autoridades de Antel, con el aval del presidente Luis Lacalle Pou, la Fiscalía revisó la decisión de Machado.
En un dictamen difundido este jueves 13, el fiscal Rodríguez sostuvo que la decisión del Directorio de Antel de construir el Antel Arena no implicó una “desviación de los fines primarios” de la empresa estatal, previstos en la Constitución y la ley. Tampoco encontró conductas delictivas en la decisión de realizar compras directas para desarrollar buena parte del proceso de construcción del complejo.
“Se podrá discrepar también en cuanto a si se valoraron en justa medida por los administradores de los fondos públicos, los principios de oportunidad y conveniencia para la realización de una obra de ese costo”, dice el dictamen. “Pero esos cuestionamientos quedan reservados, en un caso, al ámbito de los operadores políticos. Si el dinero invertido debió ser utilizado para construir decenas de escuelas, liceos, hospitales, viviendas para erradicar asentamientos, u otros fines sociales, forma parte de las decisiones y prioridades que resuelve el gobierno de turno y está dentro del ámbito de sus potestades, se discrepe o no, guste o no”, añade.
En sus conclusiones, Rodríguez señala que no se verificó “desviación o irregularidad en la conducta de los investigados, pasible de ser sancionada penalmente y que permita" afirmar que se está ante "actos de corrupción”. Tampoco “resulta evidencia de que se hubiera beneficiado fraudulentamente a los particulares, ni que los funcionarios involucrados hubieran obtenido un provecho para sí o para otro en perjuicio del Estado”.
Rodríguez dice que las “desprolijidades administrativas” mencionadas por el fiscal Machado en su dictamen “no se vieron respaldadas por suficiente evidencia que diera mérito a que sean alcanzadas además del derecho administrativo, por la esfera penal”.
Una vez que la Fiscalía General difundió el dictamen, Cosse recurrió a su cuenta de X para compartir la novedad en un posteo que solo decía: “Confianza”.
La denuncia había sido presentada en 2021 por el entonces titular de Antel, Gabriel Gurméndez, contra el proyecto que había sido ideado por la ahora vicepresidenta electa y que tuvo un costo de US$ 120 millones, muy superior a la proyección inicial de US$ 40 millones.
