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De la “profunda ilusión” a la “absoluta desazón” en un año. Ese fue el viraje emocional de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), según dijo a Búsqueda su secretaria general, Lucía Long. El proyecto de ley que transformaba a la Defensoría Pública en un servicio descentralizado lleva ese tiempo sin avanzar en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados.
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El 14 de octubre del año pasado el proyecto, que quita a ese organismo de la órbita del Poder Judicial, obtenía por 29 votos en 30 la media sanción del Senado. Había un centenar de defensores públicos en las barras que no ocultaron la emoción al ver que los tres principales partidos políticos respaldaban lo que ellos consideraban una reivindicación histórica.
La casi unanimidad no ocultaba dificultades. Días atrás, el 9 de octubre, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) había alertado por nota al Parlamento que de aprobarse ese proyecto se ocasionarían “graves perjuicios institucionales y económicos” al Poder Judicial, sobre todo en lo referido a bienes muebles e inmuebles y a sistemas tecnológicos que al momento comparten. También se recordaba que la Constitución establece que es la SCJ la que nombra a los defensores de oficio, lo que no quedaba claro con el nuevo articulado. La misiva advertía que se tomarían “acciones legales” en caso de aprobarse.
“La Suprema Corte no había manifestado ningún problema previo mientras el proyecto se estudiaba en el Senado. Esa nota cambió el tono y generó la reacción de todo el sistema político, que impactó en Diputados”, expresó Long.
En Diputados se asumió la tarea de mejorar el articulado. A los cuestionamientos de la SCJ se sumaron los de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que expresaron que 195 funcionarios administrativos y 98 procuradores no fueron “tenidos en cuenta” y están sumidos “en la incertidumbre” en caso de una eventual descentralización, así como también temen por la pérdida de derechos adquiridos “sobre todo en lo relativo a la carrera funcional”. Esto lo expresó el presidente de AFJU, Pablo Elizalde, en la comparecencia ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara Baja el 12 de noviembre pasado.
Ese día también asistió a la comisión —que es la que analiza el articulado— una delegación de Adepu (que representa aproximadamente al 90% de los 304 defensores públicos del país) y otra de la SCJ. Quien entonces presidía la corporación, John Pérez, reiteró que el proyecto los pretende “despojar” de cuatro inmuebles por un valor de “casi 4,2 millones de dólares”, así como otras propiedades compartidas, computadoras, escritorios, mobiliario y desarrollos informáticos.
También cuestionó como “una imposición inaceptable”, que “vulnera claramente la autonomía” del Poder Judicial, que tengan que elegir como defensores públicos a profesionales seleccionados “por un organismo bajo tutela del Poder Ejecutivo”. Esto porque la Constitución establece que los defensores son nombrados por la Corte, pero como dejarían de depender de ella, el proyecto de ley prevé que las designaciones se realicen a partir de un orden de prelación elaborado por la Defensa Pública.
Ese fue el último día que el organismo estudió el tema.
El diputado colorado Juan Martín Jorge, miembro de esa comisión, afirmó que si bien “todos los temas en carpeta pueden aparecer en el orden del día en cualquier momento”, ese no es de los que hoy está a estudio.
Sus pares frenteamplistas Joaquín Garlo y Alejandro Zavala afirmaron a Búsqueda que su intención es acordar un articulado que pueda ser votado en el pleno de la cámara antes de fin de año. Como tendrá modificaciones, deberá volver al Senado para su aprobación final, lo que ocurriría el próximo año.
“No hemos vuelto a tratar el asunto, no hemos debatido, no tenemos los votos ni lo hemos conversado con las otras bancadas. El optimismo lo basamos en que es algo que queremos hacer”, indicó Zavala.
“Hoy sentimos absoluta desazón y desilusión del sistema político. No obtuvimos nada hasta ahora. En la Rendición de Cuentas pedimos nueve cargos para tapar algún incendio y recibimos cero peso. Hemos tenido contacto muy fluido con diputados como Zavala y Garlo, pero hasta ahora no se tradujo en hechos. También con (el diputado nacionalista Mario) Colman, que preside la comisión, y con los colorados (Paula) De Armas y Jorge. Todos entienden la debilidad en la que estamos, pero reconocen que la comisión no se mueve y que esperan la postura de sus partidos”, señaló Long.
La reivindicación, basada en que “la defensa de las personas más vulnerables” no puede estar “en el mismo ámbito que el organismo que tiene la función jurisdiccional”, el Poder Judicial, tuvo en 2022 un respaldo en forma de recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en ese mismo sentido. “Tenemos todavía la esperanza, pero la señal que hoy recibimos es que no somos una prioridad”, concluyó.
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