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El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, rechazó las expresiones “profundamente agraviantes” que realizó sobre su actuación judicial el coronel retirado Eduardo Ferro, preso en la cárcel de Domingo Arena por crímenes de lesa humanidad.
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“La independencia y la imparcialidad han guiado mi actuar” y “mis decisiones siempre estuvieron guiadas por elementos objetivos y comprobables”, afirmó Pérez en la misiva. Recordó además que los jueces actúan con independencia y sin “injerencias indebidas” de la Suprema Corte.
El ministro subrayó en su carta que para un juez los cuestionamientos a su independencia e imparcialidad son “especialmente agraviantes” porque es en esos principios donde “radica la razón de ser de la función” y constituyen “la garantía última para la defensa de los derechos de los ciudadanos”.
Ferro: venganza y deficiencias jurídicas en los juzgamientos de crímenes de la dictadura
En un carta enviada a Pérez en diciembre, divulgada por Búsqueda en su edición pasada, Ferro lo acusó de actuar con “sentimiento de venganza” y señaló supuestas “deficiencias jurídicas” en su accionar y el de otros jueces que fallaron en causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura (1973-1985). También cuestionó al presidente del máximo tribunal por, supuestamente, contemplar de manera superficial “los temas delicados referentes al ‘pasado reciente’ temeroso de confrontar con el ‘relato’ impuesto”.
La misiva fue la segunda que Ferro envió al presidente de la Corte. El militar, condenado a una pena de 21 años por la desaparición forzada del militante comunista Óscar Tassino en 1977, ya le había escrito en octubre para cuestionar la base jurídica de su procesamiento y su posterior condena, tal como informó El Observador.
En la respuesta enviada a Búsqueda, Pérez calificó las expresiones de Ferro como agraviantes hacia su persona, la Suprema Corte y “el Poder Judicial en su conjunto”. Contó que con frecuencia recibe cartas de personas privadas de libertad, pero que “no es habitual el tenor de los agravios contenidos en la misiva del coronel retirado”.
Por eso, Pérez entendió que debe realizar precisiones para defender su honor y, “principalmente, para salvaguardar la imagen pública del Poder Judicial”.
A continuación, el ministro rechazó la acusación de que actúa con sesgo ideológico: “Desconozco cómo es que el militar condenado conoce mi posicionamiento ideológico, ya que no he tenido militancia política y dicha actividad me está vedada constitucionalmente”. Recordó que en la fecha que ocurrió el golpe de Estado, en junio de 1973, tenía 16 años, y afirmó que tampoco tiene vínculos familiares o personales con víctimas del accionar de Ferro ni de ningún otro militar. Por tanto, señaló, no sufrió un “daño” por el cual podría querer buscar “venganza” y cuestionó la “fragilidad argumental” de los planteos del coronel retirado.
“Los juicios se pierden o se ganan en los expedientes”
Por otra parte, el presidente de la SCJ sostuvo que los fundamentos jurídicos de sus decisiones “han sido desarrollados en extenso en las sentencias” y “recogen desarrollos de doctrina y jurisprudencia ampliamente reconocidos en el ámbito nacional e internacional”.
“El coronel retirado puede no compartir los fundamentos de mis fallos, pero ello no lo habilita a descalificar mi desempeño profesional y la ética de trabajo con la que me conduzco desde hace décadas”, escribió.
El magistrado le recordó a Ferro que “los juicios se pierden o se ganan en los expedientes” y que es en ese ámbito donde debió probar su inocencia. “Quien hoy se encuentra condenado ejerció su derecho de defensa, en los distintos juicios en su contra, en forma efectiva y con total libertad”, remarcó.
Ferro integró el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA), estructura del Ejército Nacional involucrada en tareas de inteligencia y represión contra organizaciones políticas y sindicales durante la dictadura. En 2017 se estableció en España sin comparecer ante la Justicia uruguaya, que lo había citado en el marco de causas vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Fue detenido en 2021 en Valencia y extraditado a Uruguay, donde lo condenaron a 21 años de prisión por su responsabilidad en la muerte de Tassino. En la actualidad se encuentra recluido en Domingo Arena, donde cumplen condena la mayoría de los militares sentenciados por delitos vinculados al terrorismo de Estado.
En 2024 también fue imputado como presunto autor responsable de cuatro delitos de privación de libertad y dos delitos de violencia privada en la causa por el secuestro, en 1978 en Brasil, de los militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, así como de dos de sus hijos, en el marco del Plan Cóndor, la coordinación del accionar represivo entre las dictaduras del Cono Sur.