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Militares y policías insisten en crear un comando unificado para enfrentar el crimen organizado en la frontera
“Nosotros podemos seguir a un delincuente y bajarnos con él a un boliche a tomar algo, pero no lo podemos apresar”, ironizó el jefe del Estado Mayor de la Defensa sobre las limitaciones actuales al accionar militar
Los militares tienen un radio de acción delimitado en las fronteras y menos potestades de actuación que la Policía.
Las diferencias entre los llamados “azules” y “verdes” tienen raíces profundas en Uruguay. La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas cumplen funciones diferenciadas por la ley: la primera se encarga del orden interno y la seguridad pública, mientras que las segundas de la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Esa separación de roles ha despertado tensiones. En el ámbito policial se siente que, al enfrentar cotidianamente la delincuencia, asumen un esfuerzo mucho más importante y riesgoso que el trabajo militar. Del otro lado, persiste la idea de una preparación más capacitada y disciplinada, con una visión estratégica del Estado a la que se suma la convocatoria urgente a los militares ante distintas emergencias, como inundaciones e incendios.
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No obstante, en los últimos años los gobiernos han impulsado mayor cooperación, especialmente en zonas fronterizas. Ahora, desde las propias instituciones se reclama que esa relación se profundice ante el avance del crimen organizado en el país.
“El tema del comando conjunto y único es un deseo y una necesidad que tenemos desde hace años”, afirmó el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Rodolfo Pereyra. El Esmade es el órgano militar encargado de confluir los intereses del Ejército Nacional, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea Uruguaya. Pereyra, quien ocupa el cargo desde 2022, representó a las tres fuerzas en un seminario sobre seguridad y defensa nacional realizado en el Parlamento el jueves 9.
Habló sobre “Frontera, narcotráfico y terrorismo en las fronteras” y apuntó a las debilidades de la Ley 19.677, que regula la vigilancia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Creada en 2018, desde marzo de 2020 esa ley habilita a los militares al patrullaje, la identificación de personas, el control de vehículos y la detención en caso de flagrante delito en una franja de hasta 20 kilómetros desde las fronteras internacionales de Uruguay. La norma prohíbe a los militares actuar en centros poblados.
“Muchas de estas medidas son preventivas, tal vez pensando como que los militares siempre nos estamos abusando, y no es así, nos ajustamos a la ley, como corresponde. Al final terminan siendo negativas para el proceder y para los objetivos que tenemos en frontera. Poner tantas trabas a lo que nos lleva es a disminuir nuestras capacidades y los resultados”, planteó Pereyra.
Se refirió, por ejemplo, a que las Fuerzas Armadas solo pueden perseguir y detener a personas en caso de flagrancia, y dentro de su rango de acción de las zonas fronterizas; si las personas escapan fuera de la jurisdicción militar, los procedimientos pasan a estar en manos de la Policía Nacional. “Muchas veces no están las unidades policiales disponibles o cerca del lugar del hecho. O sea que nosotros podemos seguir a un delincuente y bajarnos con él en el primer boliche que encuentre a tomar algo, pero no lo podemos apresar. Y eso que la persecución se inició dentro de la zona de frontera”, cuestionó. A su lado asentía otros de los expositores, el subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo. También estaban presentes entre el público la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, y el secretario de la Presidencia de la República, Alejandro Sánchez, que habían abierto el seminario.
Felipe Carballo, Sandra Lazo y Alejandro Sánchez, durante el evento sobre seguridad y defensa.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Pereyra mencionó algunos de los cambios que se pretenden desde las Fuerzas Armadas, como la posibilidad de eliminar los límites jurisdiccionales para permitir a los militares las detenciones fuera de la zona fronteriza en los casos en que la persecución sea originada dentro de la misma. También poder actuar según algunos de los parámetros de la Ley 18.315 sobre procedimiento policial. En concreto, pidió que al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea se los habilite a proceder en frontera de forma idéntica al artículo 43, que establece que “toda persona tiene el deber de identificarse cuando la Policía lo requiera, mediante la exhibición de su cédula de identidad, credencial cívica, libreta de conducir o cualquier otro documento idóneo para tal fin”.
“Hoy, si detenemos a un vehículo con cuatro personas, solo el chofer se debe identificar, sobre los otros tres ocupantes no tenemos la potestad de pedirlo. O sea que pueden venir personas tal vez ilegales, pueden venir narcotraficantes, puede ser gente que está requerida y, sin embargo, van a seguir su camino sin ningún problema. Es la forma de que todos estos delitos que puedan estar pasando delante de nuestras narices no los podamos detectar”, criticó.
La advertencia del subdirector de la Policía
En el actual proyecto de Ley de Presupuesto que se discute en el Parlamento, el Ministerio de Defensa intentó incluir la creación de un centro coordinador unificado de seguridad en las fronteras con el objetivo principal de mejorar el trabajo entre los militares y los policías. Según informó El Observador el 7 de setiembre, el Ministerio de Economía y Finanzas rechazó la posibilidad al entender que, en el período actual, Defensa tiene otras prioridades presupuestarias, como la compra de las patrullas oceánicas a la empresa española Cardama y de aviones de combate a la empresa brasileña Embraer.
En el seminario organizado en el Palacio Legislativo, el director de Formación Militar del Ministerio de Defensa, Diego D'Elía Parente, explicó las razones para que esa secretaría de Estado haya promovido el centro unificado de seguridad y aseguró que continuarán impulsándolo, ya que “falta coordinación y falta trabajo” entre los organismos públicos que operan en la frontera: Policía, Ejército, Armada y Fuerza Aérea, pero también Cancillería y el Ministerio de Ganadería, entre otros. “Es clave el intercambio de información e inteligencia y hoy, hay que ser sinceros, es bastante bajo”, admitió.
“Lo que estamos planteando es una nueva etapa del trabajo en conjunto. Se trata de que las agencias que se encargan de seguridad y defensa trabajen de forma eficiente y efectiva. Hay que buscar ese mando conjunto operacional que permita bajar unas órdenes claras de trabajo coordinado y en conjunto”, afirmó.
Alfredo Clavijo, subdirector de la Policía Nacional.
Presidencia de la República.
En la misma sintonía que D'Elía Parente y Pereyra se pronunció Clavijo, quien le dijo directamente a la ministra Lazo que traía del ministro del Interior, Carlos Negro, y del director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, “el mensaje para aportar desde donde sea”: “Creemos, señora ministra, que hay que crear una gobernanza en el control de las fronteras. Todas las instituciones tienen que ser parte de un sistema que trabaje mucho más unido y en línea las 24 horas, los 365 días del año. Necesitamos estar más juntos porque la amenaza es real, es enorme y ellos sí están unidos, están cerca, y dejan de lado cualquier diferencia que tengan para penetrarnos, para amedrentarnos y volvernos la vida más difícil”.
Clavijo afirmó que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas actúan en frontera “con todas las capacidades” pero “con una interinstitucionalidad operativa aún débil”, debido a las normativas que delimitan los procedimientos de cada institución y también por “disensos históricos” a nivel policial, militar y político. “Debemos pensarnos más juntos. Enfrente hay organizaciones criminales que nos están queriendo infiltrar con todo lo que puedan para poder vulnerarnos y mantenernos en un estado de tensión permanente”, concluyó.
