La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene la intención de votar en el corto plazo el proyecto de ley de descentralización de la Defensoría Pública, que actualmente funciona bajo la órbita del Poder Judicial, tras varios meses de analizarlo. Busca darles autonomía a los que defienden en la Justicia a las personas de menores recursos económicos, que no tienen la posibilidad de contratar un defensor particular.
En el último encuentro de la comisión, el martes 27 de mayo, los integrantes resolvieron dejar de recibir delegaciones y solicitar un comparativo con las sugerencias de modificaciones para avanzar en la discusión, según consta en la versión taquigráfica.
“Me parece que tenemos que ir conversando sobre las posiciones que tenemos con respecto a ese tema”, planteó la senadora del Frente Amplio Constanza Moreira. Agregó que “hay una parte del articulado que prácticamente no ha sido objeto de mucho análisis ni debate, pero hay otra que sí lo ha tenido”, y el análisis comparativo permitirá “ver negro sobre blanco la parte más compleja”.
Uno de los asuntos que requerirá modificaciones al proyecto inicial surge de la comparecencia de dos constitucionalistas en la comisión: Martín Risso, de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, y Jaime Sapolinski, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.
“Este proyecto no implica una afectación del principio de separación de poderes”, pero “hay claras inconstitucionalidades”, aseguró Risso el pasado 13 de mayo. El constitucionalista hizo referencia al artículo 239 de la Constitución de la República, que establece que le corresponde a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) “nombrar a los defensores de oficio permanentes”, incluyendo a los directores de defensoría y al director nacional, y “nombrar, promover y destituir por sí, mediante el voto conforme de cuatro de sus componentes, los empleados del Poder Judicial”.
“Esta inconstitucionalidad no se puede saltar”, reafirmó.
Para el especialista, “hay una contradicción” entre el artículo 6 —que plantea que el director nacional de la defensa pública será designado por el Poder Ejecutivo con previa venia del Senado— y lo que establece la Constitución. Además, también encuentra “algunos problemas” sobre la designación de los abogados de oficio. En ese caso, el proyecto de ley propone en el artículo 10 que entre las competencias del director nacional esté presentar a la Corte una “nómina de defensores públicos” que surjan de un concurso, para que esta los designe.
“De vuelta, se está limitando una competencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia”, dijo Risso.
Sapolinski coincidió en que se está “afectando” la competencia del Poder Judicial y “está en juego la competencia constitucional”, por lo que entiende que hay que atender que las designaciones las realice la SCJ para respetar la Constitución.
A partir de las puntualizaciones de los constitucionalistas, la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay prepara un texto para resolver los artículos que podrían derivar en una inconstitucionalidad y lo presentarán en los próximos días a la comisión, según confirmó a Búsqueda la presidenta del gremio, Lucía Long.
Inversión del Poder Judicial
El pasado 20 de mayo asistió a la comisión una delegación de la Suprema Corte de Justicia, y fue la última en comparecer para dar su posición del proyecto de ley que está a estudio.
El presidente de la Corte, John Pérez Brignani, señaló que si bien la principal función del máximo órgano del Poder Judicial es la interpretación de la Constitución, no correspondía expedirse sobre la constitucionalidad de la propuesta, porque no tiene un rol preventivo, sino que se pronuncia cuando las leyes están aprobadas.
Sobre el proyecto específico, el presidente de la SCJ expresó la “preocupación” de la Corte por el artículo 11 de la iniciativa, que dispone que, de concretarse la independencia, todos los bienes que haya adquirido el Poder Judicial para el funcionamiento de la defensa pública pasarán a formar parte del nuevo servicio.
“El Poder Judicial cuenta con un presupuesto muy acotado” y la transferencia de los bienes “terminaría privando al Poder Judicial de un patrimonio considerable”, dijo, y aportó cifras a los legisladores. Según los datos de la División de Planeamiento y Ejecución Presupuestal, se invirtieron US$ 2.600.564 en la compra de inmuebles de la defensoría, en materia informática se invirtieron US$ 1.295.348 y en obras US$ 464.355, lo que da un total de US$ 4.371.167, que corresponde al presupuesto asignado por año para inversión del Poder Judicial. “El Poder Judicial no puede darse el lujo de perder un año de inversión de su presupuesto”, afirmó el presidente de la Corte.
Por su parte, la directora general de los Servicios Administrativos, Adriana Berezán, adelantó que la próxima presentación de presupuesto tendrá un capítulo exclusivo dedicado a las necesidades de la defensa pública que hoy releva el Poder Judicial para evitar confusiones. También habló de una demanda “cada vez mayor” de la defensoría, no solo en lo penal, razón por la cual en el presupuesto del Poder Judicial van a pedir cargos de defensores suplentes, también para cubrir frente a licencias por maternidad y licencias médicas.
Reclamo postergado
Los defensores de oficio aseguran que necesitan 85 cargos de defensores públicos en el interior y 62 en la capital para cumplir con un servicio de calidad. Son quienes asisten a las víctimas y a los imputados en la mitad de los casos de familia, a más de nueve de cada 10 víctimas de violencia doméstica y casi en la totalidad de los casos penales: homicidios, rapiñas, hurtos, receptación, narcotráfico.
En ese sentido, la descentralización del Poder Judicial es un pedido que realizan desde la primera presidencia de Tabaré Vázquez, porque les permitiría reclamar un presupuesto de forma directa y fortalecer el servicio.
Su reclamo fue respaldado en la comisión también por la presidenta del Colegio de Abogados del Uruguay, Laura Capalbo, y por el representante de la Comisión de Derecho Penal del Colegio de Abogados, Florencio Macedo. El abogado coincidió en que “resulta necesaria” la separación del Poder Judicial y “la equiparación institucional, orgánica, jerárquica y presupuestal entre la Defensoría Pública y la Fiscalía” porque “debería haber igualdades de armas e igualdades procesales en todo juicio” en las cuestiones penales. “Es una parte la que acusa, con todas las herramientas del Estado, y otra parte, en este caso del Estado, que defiende”, dijo.
Apoyo político
El Frente Amplio incluyó en las Bases Programáticas 2025-2030 como uno de los puntos “la eventual creación de una Defensoría General de la Nación”, en el marco de un fortalecimiento de la Defensoría Pública. En agosto de 2022, el Frente Amplio ya había propuesto que se transforme en un servicio descentralizado. En el caso del Partido Colorado, la descentralización también fue incluida como una de las propuestas en su programa.
En la última sesión de la comisión, tanto Moreira como el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda hicieron explícito su apoyo al proyecto de ley. En tanto, el senador Carlos Camy señaló a Búsqueda que el Partido Nacional —que está representado por él y por Graciela Bianchi— no ha tomado definición sobre el proyecto de ley que propone crear la defensa pública como servicio descentralizado, pero “se está tratando” y “está en primer orden en la comisión”.
“Los aspectos constitucionales y presupuestales son claves a la hora de analizar este proyecto”, agregó.
