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    Transición: “muy larga” y con “tensiones”, pero con ventajas y oportunidades para el gobierno entrante y el saliente

    El período de transición entre gobiernos puede llegar a durar cuatro meses en Uruguay, y, si bien analistas y dirigentes entienden que es un proceso “muy largo”, también destacan cuestiones positivas como la negociación de acuerdos y proyectos

    En medio del siempre frenético diciembre, con la agenda cargada de eventos de cierres de año, de balances y proyecciones después de un proceso electoral desgastante, un jerarca de la Torre Ejecutiva comentó a Búsqueda, con un tono entre la queja y la resignación: “Es demasiado larga la transición”.

    Si se compara con la región, el traspaso de un gobierno a otro demanda solamente un mes en Argentina y dos meses en Brasil. En Uruguay nunca es inferior a tres meses. Y, si no hay balotaje, puede ser hasta de cuatro. “Es una transición muy larga en términos comparados, pero también es larga en sí”, señaló a Búsqueda Eduardo Bottinelli, analista político y director de la consultora Factum.

    Para Bottinelli, sin embargo, el extenso proceso también tiene sus “ventajas”. “Sirve para ir decantando negociaciones. El tiempo ayuda en muchos casos a zurcir. Y, si bien acá son transiciones normales, donde no hay grandes problemas, conflictos o enfrentamientos duros entre gobierno entrante y saliente, el tiempo va ayudando. Por ejemplo, a hacer nombramientos de a poco. O a ir tejiendo la confianza entre las administraciones entrantes y salientes”, explicó.

    El politólogo Adolfo Garcé coincidió con su colega. “Una transición larga puede ser un problema (si el gobierno saliente no asume que perdió y que debe respetar la expresión de la ciudadanía) o puede ser una oportunidad para que ambos gobiernos tejan acuerdos”, argumentó. “Un buen ejemplo es la cuestión Arazatí. ¿Por qué no ver la diferencia que existe en cuanto a cómo resolver el asunto como una oportunidad para construir un acuerdo que respete el punto de vista de ambas partes?”, se preguntó.

    El proyecto Arazatí, que tuvo una autorización ambiental previa firmada en los primeros días de diciembre, sobre el final de este gobierno, es “uno de los temas de tensión” en esta transición, reconoció el designado secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, en una reciente rueda de prensa. “Nosotros somos críticos del proyecto, si hay posibilidades de levantar las observaciones que están arriba de la mesa, lo queremos estudiar, pero todavía esa información no la tenemos. Hemos recibido información, no toda la que queremos”, dijo.

    La iniciativa propuesta por el actual gobierno prevé la toma de agua en la zona de la playa Arazatí en el departamento de San José, la construcción de una planta potabilizadora para captar agua del Río de la Plata, con una estación de bombeo y una tubería aductora de 80 kilómetros de largo hasta Montevideo.

    En los últimos meses de gobierno se apuran algunas decisiones, se firman resoluciones que deberá implementar el próximo gobierno y, entonces, escalan las discusiones entre los elencos de la administración electa y la que está en retirada.

    Un caso similar al de Arazatí es el del proyecto de hidrógeno verde que Ancap firmó con la empresa HIF Global para desarrollar combustible sintético a partir de energías renovables en una planta en Paysandú. Sánchez también tuvo reparos con este acuerdo. Dijo que la idea del gobierno electo es la de revisar herramientas jurídicas para “dejar la puerta abierta” a una eventual participación estatal, algo que no fue contemplado por el oficialismo.

    Otro asunto polémico en la transición es la reglamentación de la llamada "ley de medios", que en su discusión parlamentaria no tuvo el voto del Frente Amplio. Según informó El Observador, en los últimos días de diciembre el gobierno resolvió reglamentar la ley, lo que molestó al gobierno entrante, que entendió innecesario el "trámite express".

    "Me parece que no tiene sentido este apuro, porque sacar una reglamentación hoy, apurado, sin informe, cuando el 2 de marzo puede caer, por supuesto que es un tema de la transición, porque no se puede pensar que se va a reglamentar de esa manera tan desordenada y desprolija una ley tan importante donde hemos tenido tantas diferencias”, dijo Sánchez a El Observador.

    Ruidos en el traspaso de la información

    A mediados de diciembre en la cúpula del futuro gobierno había inquietud por lo que consideraban que era una demora excesiva en recibir información de cada ministerio. El asunto, explicaron en ese entonces fuentes del gobierno electo a Búsqueda, retrasaba los encuentros bilaterales entre ministros entrantes y salientes, ya que querían contar con la información previo a concretar las primeras reuniones. En el gobierno en ejercicio, sin embargo, dijeron a Búsqueda que todo fluía a “buen ritmo”. Pocos días después, el asunto se agilizó y la Torre Ejecutiva envió a las futuras autoridades la información compilada de los distintos ministerios.

    Sin embargo, en algunos casos la información se consideró demasiado escueta. Por ejemplo, la ministra designada para Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, dijo a Búsqueda que la información que recibió de la actual cartera es “extremadamente sintética, como un índice de temas en las áreas principales del ministerio”.

    La futura jerarca explicó que, sobre la base de esa información, “muy somera”, su equipo formuló un conjunto de preguntas sobre cada una de las áreas para que Sánchez se las haga llegar al ministro José Luis Falero.

    El viernes 27 en rueda de prensa, el presidente electo Yamandú Orsi declaró que la transición viene “bien”, pero admitió que se “enfrió un poco” por “las fiestas y la gente que está saliendo de licencias”. Orsi dijo que ya llegaron todos los informes y ahora su equipo está abocado a “hacer las preguntas para las respuestas que faltan”. “Hay que ver la exhaustividad con la que se abordan los temas y cuánta información nos llega”, agregó. Y señaló que se deberá tender a “cubrir los agujeros”, porque es “lógico que al principio falta información”.

    “Lo más Importante de la transición es que el nuevo gobierno se prepare para cumplir con sus promesas electorales”, dijo a Búsqueda el exministro de Defensa Javier García, quien renunció en marzo para hacer campaña. “El compromiso de Orsi días antes de la elección fue aumentar 2.000 policías antes del presupuesto e incrementar 50% las trasferencias de las tarjetas sociales. El resto son procesos administrativos. Estaremos atentos y los vamos ayudar a que cumplan rápido. Así se comprometieron”, afirmó.

    ¿Quién es el que manda?

    El dirigente blanco Santiago Gutiérrez Silva reflexionó sobre las cuestiones que ocurren durante la transición. “Es muy larga. Y el propio ejercicio de la autoridad empieza a perder precio, valor, desde el día del balotaje en adelante. Y normalmente se confunde tener una transición en buenos modales con espíritu republicano con quién es el que manda; el que está gobernando gobierna hasta el último día de febrero y el otro empieza el 1º de marzo. Y sus responsabilidades son en esas fechas. No es cogobernar. Y a veces se incurre en confusiones”, dijo.

    Gutiérrez Silva destacó que se debe “entregar toda la información, lo más prolija posible, colaborar”, pero que “no es tomar decisiones entre todos”. “Por eso a veces la transición se hace larga y se pueden generar situaciones incómodas. Y, si perdés, se hace interminable”, dijo.

    En lo que todos los consultados coincidieron es que, a pesar de ser una transición larga, tiene su lógica por la fecha en la que cae, cercana al período de pausa por el verano. “Si el gobierno arrancara en enero, los equipos políticos llegarían desgastados, sin vacaciones tras el ciclo electoral y la larga campaña”, resumió Bottinelli.