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El vicepresidente de El Salvador, Félix Augusto Ulloa Garay, participará de una reunión este jueves 8 al mediodía en el domicilio del líder histórico del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti. En el encuentro también estará presente el senador y secretario general de esa colectividad política, Andrés Ojeda.
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En recientes declaraciones a Búsqueda Ojeda aseguró que el mayor activo de la política de seguridad del salvadoreño “es que le ganó al no se puede”. Esto es un claro contraste, añade, con la postura del actual ministro del Interior, Carlos Negro. Pocos días antes de asumir su cargo, el exfiscal dijo a Informativo Sarandí en febrero de 2025 que la guerra contra el narcotráfico estaba “perdida” y que había que pensar en “controlar un mercado” cuya eliminación es “imposible”.
“Bukele es la prueba de que se puede ganarle al narco en condiciones de arranque más complicadas que Uruguay”, subrayó Ojeda. Según cifras del Banco Mundial, El Salvador tenía una tasa de 108 homicidios cada 100.000 habitantes en 2015, la más alta del mundo, alimentada por la extrema violencia de las maras (pandillas) Salvatrucha y Barrio 18, que bajó a 1,3 cada 100.000 en 2025.
El modelo Bukele ofrece una reducción drástica de las tasas de homicidio y criminalidad en un país que estaba entre los más violentos del mundo. Eso le ha generado un gran respaldo popular, incluso entre los votantes de izquierda. En diciembre pasado, el propio presidente Yamandú Orsi afirmó en el ciclo Desayunos Búsqueda que el de Bukele era “ejemplo de un proceso para analizar”, expresión que generó sorpresa en buena parte de la cúpula frenteamplista.
Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han condenado acciones violatorias de los derechos humanos cometidos por ese régimen al que califican como "autoritario", que ha llenado las cárceles de presos sin condena ni pruebas en su contra, además de haber eliminado la disidencia política y la prensa independiente.
A diferencia de Ojeda, quien ha precisado que apelaría solo a "algunas" de las políticas de seguridad impulsadas por Bukele, la gran mayoría del sistema político, no solo el Frente Amplio, considera inaplicable ese sistema ya que su puesta en marcha implica la imposición de un estado de excepción y la supresión de las garantías individuales.